Excelentísimo Señor Joseph R. Biden,

Presidente de los Estados Unidos de América

Washington, DC 20500

Su Despacho

Estimado presidente Biden:

Ante todo reciba un fraterno saludo, deseo expresarle en nombre de los venezolanos nuestro respeto, admiración y agradecimiento por el apoyo que su gabinete le ha dispensado a la comunidad venezolana en Estados Unidos, particularmente por otorgarnos el estatus de protección temporal, conocido en inglés como el TPS, lo cual ha permitido que más de 200.000 venezolanos reciban protección humanitaria para nuestro alivio contra la amenaza de deportación.

Presidente Biden, el tiempo ha transcurrido muy rápido y nos estamos acercando al cumplimiento de los 18 meses de protección, es por ese motivo que le escribo esta misiva a modo de compartirle la preocupación de la comunidad venezolana refugiada en Estados Unidos en la ocasión de pedirle sea considerada una medida de extensión de la protección.

Señor presidente Joe Biden, la condiciones bajo las cuales los venezolanos salimos de Venezuela huyendo de Maduro siguen siendo iguales, e incluso en mi opinión, han empeorado.

La situación es que el régimen de Maduro está actualmente siendo investigado por la Corte Penal Internacional, por una gran cantidad de denuncias de crímenes de lesa humanidad, muchas de ellas debidamente documentadas y de conocimiento público.

Lo cierto es que el régimen de Maduro le debe una explicación al mundo acerca de su comportamiento institucional, el cual está presuntamente involucrado en crímenes de Estado que han sido reportados en relevantes informes presentados ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, del mismo tenor han sido presentados sendos informes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Estas oficinas tienen un mandato para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 hasta el presente.

Señor presidente Biden, estos reportes hacen alusión a eventos ampliamente conocidos y también a otros pocos conocidos. Entre los casos conocidos están las investigaciones que abordan los sucesos acontecidos durante las manifestaciones estudiantiles en 2017, en las cuales, según los informes oficiales, señalan la muerte de 129 manifestantes asesinados por funcionarios y colectivos del régimen.

Todos estos crímenes de Estado han sido ampliamente reseñados en los medios de comunicación, del mismo modo los familiares de las víctimas han denunciado ante los organismos internacionales.

Me quiero referir a la oficina de la Misión Internacional, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, que ha investigado 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad y han sido presentados en un informe de 443 páginas.

Estos crímenes, perpetrados en el contexto de las protestas públicas, represión política y operaciones de seguridad, “lejos de ser aislados, se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, señala el informe.

“Tenemos motivos razonables para creer que altos funcionarios de estas entidades, al igual que las autoridades políticas que ejercían el poder y la supervisión sobre ellos, incluyendo al presidente y los ministros de Interior y Defensa, tenían conocimiento de los crímenes y o bien los ordenaron o contribuyeron a ellos”, dijo Marta Valiñas, la presidenta de la comisión.

El régimen de Maduro también es responsable de crímenes menos conocidos pero que han sido reseñados en los reportes de las agencias internacionales. Uno de estos casos es el ajusticiamiento extrajudicial de doce jóvenes que según las investigaciones ocurrieron en el marco de una operación militar ocurrido en octubre de 2016.

Los doce jóvenes aparecieron enterrados en fosas comunes, y sus nombres corresponden a Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.

También la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que entre enero y febrero de 2019 su oficina documentó “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos armados progubernamentales’, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.

De la misma manera, indicó que se investigan 242 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, que habrían ocurrido hasta enero de 2019 siguiendo, al parecer, un patrón: “Ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.

Señor presidente Biden, se trata de cuerpos de seguridad al servicio del régimen de Maduro que actúan abiertamente e impunemente contra ciudadanos con la protección del sistema judicial.

La ONU dijo en 2020 que más de 2.000 personas murieron ese año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades. “Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020″, añadió Bachelet. De este total, que alcanza 2.039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.

El régimen de Maduro mantiene un férreo control sobre el derecho de opinión y reunión, en Venezuela es prácticamente un delito participar en una manifestación pública o protestar y se corre el riesgo de terminar siendo encarcelado y procesado por tribunales. En este sentido, de acuerdo con reportes de las agencias de derechos humanos durante el período del régimen de Maduro ha habido altos y bajos en el número de presos políticos, en el 2019 fueron detenidas 2.014 personas la mayoría en el marco de protestas antigubernamentales, en la actualidad el número ha disminuido hasta 240, de los cuales 110 son civiles y 130 militares. Se entiende que el régimen de Maduro ha tenido menos presos considerando que el número de protestas antigubernamentales han disminuido debido al desplazamiento masivo de venezolanos que ha llevado a migrar a más de 6 millones de ciudadanos, la mayoría opositores.

Señor presidente Biden, el régimen de Maduro se trata de un modelo político donde la vida no tiene valor, ellos son violadores sistemáticos de derechos humanos. Ahora la estrategia de Maduro es presentar una imagen de víctima, de ese modo ha construido una narrativa donde el problema migratorio venezolano se debe al colapso económico que según ellos es provocado por las sanciones internacionales, lo cierto es que mucho antes que sucedieran las sanciones ya Venezuela estaba padeciendo de una crisis económica generada por políticas erradas del gabinete económico de Maduro y por el endeudamiento que había dejado su predecesor Hugo Chávez.

Lo cierto es que Venezuela ha sufrido un saqueo de sus arcas públicas por el orden de más de 300.000 millones de dólares, se trata que funcionarios y empresarios ligados al régimen de Maduro se han robado este dinero y enriquecido, son los responsables de la quiebra de los presupuestos del Estado, en particular del dinero destinado para la salud pública, motivo por el cual miles de venezolanos mueren en los hospitales sin poder ser atendidos por médicos ni medicinas.

También Maduro es responsable del fracaso de la economía, en principio su gobierno expropio miles de empresas y dejo a miles de trabajadores sin empleo, igualmente impuso un sistema cambiario que ha generado una terrible devaluación de la moneda que a su vez condujo a la perdida de los ahorros, todos estos factores fueron los detonantes de las protestas del 2014, 2017 y 2019 y que el reprimió violando todas las convenciones internacionales de derechos humanos y que generaron cientos de muertes y que al final degeneró en un sistema de terror que ha llevado a millones de venezolanos al exilio.

El de Maduro es un régimen criminal que solo está interesado en mantener el control del país a toda costa para para seguir robando a Venezuela. Ahora ellos quieren presentar una imagen falsa al mundo, están vendiendo la idea que todo esta mejor, que la economía está mejorando, y que los venezolanos están volviendo a Venezuela, todo es falso, lo cierto es que en Venezuela sigue presente el Estado criminal de Maduro, siguen en el poder los mismos funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos, siguen estando en las cadenas de mando los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, siguen los mismos jueces y fiscales que les garantizan impunidad. Así que Venezuela no se ha arreglado, no tenemos un problema económico, el problema que tenemos es la dictadura de Maduro que mientras siga en el poder es una amenaza para todos en particular para la vida de quienes buscamos refugio en el exilio.

El Estado criminal de Maduro es parte de una red internacional de estados totalitarios cuyo objetivo es la dominación de sus ciudadanos a través del terror, a tal punto que incluso en conocimiento del genocidio que comete Rusia contra Ucrania, el régimen de Maduro ha demostrado su lealtad al gobierno de Putin, apoyándolo públicamente al punto que Venezuela rechazó la suspensión de la participación rusa en el Consejo de los Derechos Humanos, por parte de la ONU.

Tras conocerse la decisión de la ONU, Maduro se alineó junto a Vladímir Putin: «Como miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela reitera su compromiso con los principios y el mandato de su Carta Fundacional y rechaza la decisión de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».

Maduro ha obligado al pueblo venezolano a asociarse con Rusia, y se vale del control que tiene sobre los poderes del estado, nadie objeta sus decisiones debido que mantiene bajo su dominio el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el ejército.

Además, hay que añadir que el ejército venezolano bajo la directriz de Maduro está ampliamente armado por los rusos con sofisticado equipo militares que incluyen aviones de ataque cazas SU 30 – MKH, Sistemas de misiles S300, sistemas Pechora, cientos de tanques T72 y de baterías de lanza misiles y de obuses, también Maduro ha suscrito un acuerdo de cooperación con Rusia para la exploración del espacio. La influencia de las empresas rusas sobre la economía incluye el control de yacimientos petroleros, oro y diamantes.

No conforme con la alianza con Rusia, el régimen criminal de Maduro mantiene estrechos acuerdos tecnológicos con empresas chinas para el control biométrico de los venezolanos, de ese modo pueden rastrear los movimientos de todos en particular de los opositores y todo sujeto que sea de su interés, esto incluye espionaje.

En Venezuela no existe derecho a la privacidad, el Estado venezolano controla todos los nodos de Internet, y ellos proveen los modem y software de conexión que en mi parecer son troyanos instalados en los hogares que son instalados por la empresa del Estado Cantv, operada por inteligencia militar y por cubanos, son ellos quienes escuchar y ven las conversaciones de los venezolanos.

Así que Maduro miente cuando dice que Venezuela está mejorando y que los exiliados están regresando, todo es falso. Lo cierto es que Maduro ha creado una oposición falsa para dar la impresión de que es una democracia, lo que ha hecho es remover a las autoridades legítimas, les ha quitado las siglas y las sedes de sus partidos políticos y se las ha entregado a falsos opositores colaboradores con el régimen, del mismo modo Maduro ha estado negociando con algunos empresarios con el fin de hacer viable un modelo económico dentro de su modelo autoritario, pero lo cierto es que el régimen sigue siendo el mismo estado criminal acusado de terribles crímenes de lesa humanidad.

Lo que hace Maduro es crear falsa oposición, falsos empresarios y falsas noticias, prácticamente el régimen de Maduro ha creado una cortina de hierro de la información, cerrando la mayoría de los medios de comunicación críticos, el último ataque contra la prensa fue la expropiación del diario El Nacional, a cuyos dueños le han robado su sede y equipos para entregarlos a Diosdado Cabello, un funcionario chavista señalado de instigación al odio y la violencia y de corrupción.

El régimen de Maduro ha confiscado los equipos de VPI Televisión; ha bloqueado los portales digitales El Nacional, Efecto Cocuyo, Caraota Digital, Tal Cual y la radio católica Fe y Alegría, entre otros. Desde 2014 hasta hoy el chavismo ha cerrado 84 medios impresos, televisiones y radios, utilizando diferentes procedimientos administrativos e institucionales. «Han destruido a 85% de la prensa escrita, y lo que queda es una prensa complaciente con Maduro», dice Marcos Ruiz presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Señor presidente Biden, lo que he mencionado son algunas razones de peso que pueden ayudar a entender la necesidad de extender el estatus de protección para los venezolanos. Se hace necesario la extensión de TPS para que garantice la no deportación a la Venezuela de Maduro, ya que esto significaría ponerlos en peligro.

El régimen de Maduro es particularmente vengativo, y los más afectados son los venezolanos menos conocidos, fundamentalmente porque los funcionarios que están en las cadenas de mando están a la espera de pasar facturas a los deportados, ellos aplican diversas formas de castigos, que incluyen desde la intimidación, acoso, persecución, encarcelamiento, torturas y desapariciones.

Señor Biden, sin duda Maduro y su régimen es una amenaza la seguridad del mundo y una amenaza directa para todos los exiliados venezolanos, nada ha cambiado en la naturaleza política de su gobierno.

Los venezolanos apreciamos esta generosidad del TPS en la seguridad que hacemos uso de este derecho como una oportunidad para demostrar nuestra valía aportando lo mejor de nosotros, nuestra disposición al trabajo constructivo, la colaboración, el fomento de la educación, cultura, arte, el desarrollo de emprendimientos.

Presidente Biden, sepa que los venezolanos le apoyamos, le comento que durante muchos años nuestra Venezuela fue una nación libre y democrática; un país amigo que siempre se caracterizó por ser receptivo con la inmigración, ahora nos ha tocado ser inmigrantes, en este momento ahora somos nosotros los que estamos en el mundo pidiendo refugio, comprensión y apoyo en la seguridad que pronto nuestra amada Venezuela volverá a ser libre y retornaremos a nuestra amada tierra para vivir en paz, libertad y democracia.

Finalmente, los venezolanos que estamos en Estados Unidos somos conscientes del esfuerzo que conlleva la otorgación del TPS, así que estamos muy agradecidos por este apoyo del pueblo estadounidense hacia nosotros y corresponderemos dejando en alto a nuestro país representando los más altos estándares y valores con el objetivo de coadyuvar con el desarrollo, crecimiento, apoyo y armonía a este maravilloso país que es Estados Unidos de América.

Muy agradecido, quedo a sus órdenes

Esp. Esteban Oria

presidente Federación Venezolana de Politólogos

@estebanoria

Posdata: Señor Presidente Biden, a continuación le presento una lista de jóvenes que murieron victimas de la represión del régimen de Maduro durante las protestas estudiantiles de 2017. Sus casos forman parte de los expedientes que fueron  presentados y son investigados por organismos de derechos humanos. Esperamos que pronto se haga justicia en la Corte Penal Internacional.

Génesis Carmona murió después de recibir un balazo en la cabeza en una manifestación, de 22 años de edad, se unió en solidaridad con las demandas de sus compañeros universitarios contra las políticas sociales del gobierno de Nicolás Maduro.  En medio de las manifestaciones pacíficas, un grupo de motociclistas armados abrieron fuego contra los protestantes e impactaron a la modelo en el cráneo.

María Estefanía Rodríguez Asesinada a los 46 años de edad en el estado Lara cuando salió a protestar a la altura de la Escuela La Granja, el jueves 1 de junio de 2017.

Xiomara Soledad Scott (-Caracas, Venezuela, 16 de julio de 2017) fue una enfermera venezolana asesinada durante las protestas en Venezuela de 2017.

Geraldine Moreno no sobrevivió a las heridas recibidas durante una protesta el miércoles en la noche, en el sector Tazajal del municipio.

Johan Medina: el joven de 23 años murió la madrugada del martes como consecuencia de un disparo que recibió en el rostro, en la avenida Fraternidad de El Tocuyo, estado Lara. Era hijo de una trabajadora de la alcaldía de Morán. La noche del lunes, vecinos del sector reportaron represión por protestas en que realizaban cierre de vías, así como heridos por perdigones. Fuente Runrunes

Christian Humberto Ochoa Soriano: El joven de 22 años fue herido por perdigones disparados a quemarropa por parte de un funcionario de PoliCarabobo durante una manifestación que era reprimida en Valencia, estado Carabobo, el martes 25 de abril. Fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, sitio en el que falleció al día siguiente.

Paola Andreina Ramírez Gómez: Tenía 23 años de edad, falleció luego de recibir un impacto de proyectil en el costado izquierdo en una plaza de San Cristóbal, estado Táchira, donde se encontraban grupos paramilitares armados, quienes son señalados como responsables del hecho. Fuente Runrunes

Carlos José Moreno: El estudiante de economía de la UCV de 17 años de edad falleció por un disparo en la cabeza que recibió durante una protesta en la plaza La Estrella de San Bernardino del Distrito Capital. Responsabilizan a presuntos colectivos.

Gruseny Antonio Calderón: el hombre de 32 años murió dos días después de recibir disparos de perdigón a quemarropa por Guardias Nacionales durante una manifestación en Cabudare, estado Lara. El Ministerio Público aprehendió a 15 efectivos de la GNB por su muerte.

Daniel Alejandro Queliz Araca : El estudiante universitario de 19 años fue asesinado de un tiro en el cuello por funcionarios de PoliCarabobo en medio de una protesta en la urbanización Los Parques de Valencia, estado Carabobo. Dos funcionarios del cuerpo policial fueron imputados por el asesinato.

Miguel Fernando Castillo Bracho: el periodista de 27 años fue asesinado durante la marcha del miércoles 10 de mayo al ser impactado en el torso con un plomo, cuando efectivos de la GNB reprimían la manifestación en Las Mercedes, Distrito Capital. Fuente Runrunes.

Yeison Mora Castillo: el adolescente de 17 años de edad murió producto de un impacto de proyectil en el rostro cuando manifestaba en el municipio Pedraza de Barinas. Un funcionario de la GNB disparó el proyectil a quemarropa, aseguran testigos.

Diego Fernando Arellano Figueredo: el biólogo de 31 años manifestaba en la Av. Perimetral de San Antonio de los Altos, donde se registró fuerte represión por parte de la GNB. Según testigos, un Guarida Nacional persiguió a Arellano y le disparó en el tórax con un arma de fuego. Fue llevado a la Policlínica El Retiro, donde murió mientras era atendido. Fuente Runrunes

Paúl Moreno: el estudiante de medicina de 25 años, miembro de la Cruz Verde, se encontraba auxiliando a manifestantes en la avenida Fuerzas Armadas de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, cuando una camioneta blindada arrolló al joven y se dio a la fuga.

Daniel Rodríguez: el estudiante de derecho de 18 años fue asesinado por paramilitares en Córdoba, estado Táchira. La noche del jueves el joven recibió un impacto de proyectil a nivel frontal en el cráneo. Murió horas después, confirmó la alcaldesa del municipio. Fuente Runrunes.

Yorman Ali Bervecia Cabeza: el joven de 19 años de edad murió cuando participaba en una protesta en el estado Barinas cuando recibió un disparo en el pecho. Fuente Runrunes

Miguel Ángel Bravo Ramírez: el hombre de 24 años protestaba en Socopó cuando falleció producto de un disparo de dos proyectiles en el pecho presuntamente disparado por un PoliBarinas. La noche del lunes, los efectivos policiales reprimieron con balas en el sector, lo que causó 17 heridos entre los que estaba Bravo, señaló el parlamentario.

Augusto Sergio Pugas Velásquez: el estudiante de 22 años murió tras resultar herido durante una manifestación en el decanato de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. Según testigos, efectivos de la Policía del Estado Bolívar (PEB) arremetieron disparando con armas de fuego en contra de la manifestación universitaria.

Neomar Lander Armas: El joven de 17 años formaba parte de la marcha hacia el CNE convocada por la MUD. Se encontraba al frente de la movilización de la avenida Libertador, que era reprimida por funcionarios de la PNB. Lander tomó la parte baja de la Libertador para lanzar un cohetón a los funcionarios policiales que se encontraban en la parte de arriba. Acto seguido, disparan una bomba lacrimógena que impactó el pecho del joven y explotó, ocasionándole la muerte.

Luis Enrique Vera Sulbarán: el estudiante de administración de 20 años manifestaba frente a la Universidad Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) de Maracaibo, estado Zulia, cuando fue atropellado por un camión. Según versiones de personas en el lugar, el conductor del vehículo que lo embistió se puso nervioso y aceleró porque presumía que los estudiantes iban a saquear la mercancía que transportaba. Posterior al arrollamiento del joven, una turba de personas procedió a quemar el camión.

Nelson Daniel Arevalo Avendaño: el joven de 21 años manifestaba junto con un grupo de personas en el Club Hípico Las Trinitarias en Barquisimeto, estado Lara, cuando recibió un impacto de bala en el rostro. Fue trasladado a la clínica privada Razetti, donde ingresó sin signos vitales. El portal web El Impulso indicó que la herida que le causó la muerte al manifestante la sufrió durante enfrentamientos contra los organismos de seguridad que reprimían la protesta.

David José Vallenilla Luis: el joven de 22 años se encontraba manifestando en La Carlota cuando un efectivo de la Policía Aérea que resguardaba la base militar le disparó a quemarropa. Era TSU en enfermería. El joven quién vivía en Ocumare del Tuy, llegó a la Clínica El Ávila con signos vitales, pero falleció durante una intervención quirúrgica a la que estaba siendo sometido.

Son más de 230 casos en repositorio.

 

 


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