Por Observatorio Venezolano de Ecología Política
Con motivo de que el pasado 24 de septiembre se celebró la Huelga Climática Mundial, la organización que firma esta carta y varias organizaciones de la sociedad civil venezolana hicieron un llamado a la sociedad venezolana y sus organizaciones, una exigencia al gobierno nacional y los liderazgos políticos para que se tomen medidas urgentes y efectivas ante la emergencia climática global
El consenso científico que existe hoy sobre los peligros que el cambio climático representa para la vida en el planeta es muy grande. Mismo consenso que señala de manera categórica sus causas de origen, fundamentalmente humanas; y sobre todo, la necesidad de actuar con urgencia para enfrentarlo.
El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), presentado en agosto pasado, ha acentuado aún más el viejo llamado de alerta y dejado en claro la imperiosa necesidad de reducir las emisiones “de manera inmediata, rápida y a gran escala”, para así evitar el aumento de la temperatura a 1,5 o 2 grados centígrados, umbral de un cambio climático catastrófico.
Los varios eventos climáticos de este año 2021 han estremecido al mundo no solo por sus impactos socio-ambientales y económicos, sino porque evidencian el incremento de la frecuencia y la intensidad de los mismos, algo señalado por los informes previos del IPCC. Venezuela no ha sido la excepción en este año, siendo los casos más dramáticos las inundaciones ocurridas en los estados Mérida, Anzoátegui y Bolívar, pero también en La Guaira, Falcón, Yaracuy, Táchira, Carabobo y Lara.
Las potenciales consecuencias del cambio climático para el país han sido señaladas en diversos estudios científicos (por ejemplo Martelo, 2004; 2012; Gabaldón, 2008; Sánchez,
2008; Flores y Navarro, 2016; Acfiman, 2018), destacándose un aumento de los tiempos de las sequías –que afectarán con mucha más fuerza a las regiones semiáridas–, con impactos en el régimen hídrico, el acceso al agua potable, la soberanía alimentaria y la salud; un aumento de inundaciones repentinas y deslaves, principalmente graves en zonas montañosas altamente urbanizadas –donde viven millones de venezolanos–; además de serias afectaciones a poblaciones costeras o regresiones de los glaciares, por mencionar algunas de las cuestiones más sensibles.
Es importante resaltar que el cambio climático no es solo una cuestión de aumento de las emisiones de CO2 o de las temperaturas del planeta: se trata de un profundo cambio de las relaciones ecosistémicas en la Tierra que impacta a todo el conjunto de la vida en ella. Esto, insistimos, tiene que ver no solo con eventos climáticos particulares, sino con el contexto y la cotidianidad de millones de personas, la posibilidad permanente de reproducir su vida.
Nos encontramos ante una emergencia climática que ya no se puede soslayar. Los complejos problemas generados por esta crisis hacen parte de nuestro presente. Hacemos un llamado a la sociedad venezolana en general, sus organizaciones y movimientos, y exigimos al gobierno nacional, instituciones estatales y liderazgos políticos, a tomar un conjunto urgente de medidas de corto, mediano y largo plazo, que permitan afrontar estos nuevos contextos, en pro del cuidado de la vida y las condiciones socio-ambientales básicas, así como de la defensa y consolidación de los derechos humanos y de la naturaleza.
Toda política que se proponga y ejecute para el país, debe colocar este factor en el centro.
Tomar medidas urgentes y efectivas: políticas de adaptación y transformación del modo de vida
El cambio climático tiene responsabilidades socio-históricas diferenciadas. Los principales responsables se encuentran en los países del Norte Global y otros como China, la India, Rusia.
Sin embargo, el Estado, y en particular el gobierno venezolano, lidera también en la responsabilidad de las acciones comunes y conjuntas necesarias para abordar globalmente el problema, y sobre todo, tiene el deber de aplicar medidas y políticas en el país para cuidar la vida y los derechos de los venezolanos.
Vemos con suma preocupación que el asunto no está siendo tomado con la seriedad y la relevancia que amerita, más allá de una retórica vaga y declaraciones oficiales puntuales.
Notamos un alarmante vacío político y de enfoque sobre el tema a nivel gubernamental, algo que también ocurre en el grueso de los partidos y liderazgos políticos de oposición, así como en algunos sectores organizados de la sociedad. Las negociaciones que se han venido desarrollando en México no están abordando estas delicadas problemáticas, lo que nos hace temer sobre una especie de extravío o profunda incomprensión del asunto por parte de quienes, en una gran medida, toman decisiones que comprometen el futuro del país para los próximos años.
Observamos que el gobierno nacional propone una “recuperación económica” a toda costa, basada en la promoción de la minería a cielo abierto, junto a otros enfoques extractivistas, con el impulso y promulgación de leyes y decretos que están desregulando la gestión de la naturaleza y los territorios (como por ejemplo la Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas
Económicas Especiales). Esta orientación gubernamental está teniendo impactos socio- ambientales verdaderamente devastadores para el país, lo que se une a los efectos perniciosos de las sanciones internacionales, y a graves falencias en materia de protección y justicia ambiental a nivel nacional, con extraordinarias dificultades para establecer algún tipo de diálogo entre la sociedad y las instituciones estatales, y con preocupantes manifestaciones de criminalización de la protesta, que incluye a la ambiental. Todo esto va a contrapelo de los cambios requeridos ante la delicada situación climática global.
Más allá de una simple reivindicación de conservar la belleza de los ecosistemas, se trata de denunciar y dar un alto a los graves impactos ambientales que se están desarrollando en
Venezuela, tales como altos niveles de deforestación, destrucción de cuencas hidrográficas o derrames petroleros, que socavan precisamente nuestras propias capacidades socio-ecológicas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, la deforestación también contribuye al incremento de inundaciones, al suprimir filtros naturales de las lluvias; o bien, la contaminación minera y petrolera socava la fertilidad y productividad de los agro-ecosistemas, afectando la seguridad
y soberanía alimentaria. Estamos hoy viviendo las consecuencias de políticas históricas y recientes de corte extractivista. Necesitamos detener esta maquinaria de devastación de la vida.
Planteamos que, en este contexto de emergencia ambiental y climática, no tiene ningún sentido hablar sólo de una “recuperación económica”. No habrá sistema económico y sociedad que puedan subsistir ante el socavamiento de los medios ecológicos de vida, y sin tomar las medidas respectivas para enfrentar el cambio climático. No tomarlas constituye más bien un crimen contra la humanidad y un ecocidio de grandes proporciones.
Requerimos políticas que nos permitan no sólo mitigar el cambio climático, sino también adaptarnos a las nuevas realidades climáticas, junto a un urgente cambio de modo de vida, de existencia en los territorios, acorde a las transiciones socio-ecológicas y energéticas que requiere el planeta. Esto pasa por un drástico cambio de la orientación impuesta por instancias gubernamentales a la dinámica nacional, el fin de las sanciones internacionales y un enfoque humanitario y ecológico de las ayudas foráneas (financieras y de insumos), así como un mayor involucramiento del conjunto de la sociedad venezolana en las soluciones.
En este sentido, proponemos se tomen acciones urgentes tales como:
- Iniciar campañas permanentes nacionales y locales sobre las consecuencias y alternativas ante el cambio climático en el país, en el marco de un debate público, ampliamente difundido e informado; es urgente reducir las brechas en la formación y el conocimiento que existen entre sectores gubernamentales y científicos, por un lado, y sociedad organizada y la población en general, por el otro;
- Aplicación de los Art.6 y Art.17 de la Ley Orgánica de Educación que establecen que
la educación tendrá como principio impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y contempla la obligatoriedad de la educación ambiental y la agroecología, así como la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
- Poner a la soberanía alimentaria como uno de los principales factores de reorganización y recuperación nacional, con miras a la conformación de sistemas alimentarios regionales y locales con criterios de sostenibilidad, y hacia una transición que nos permita superar el modelo agroindustrial depredador, uno de los responsables del cambio climático y el surgimiento de pandemias.
- Impulsar un programa nacional, estadal y municipal de monitoreo, reforestación, revegetación y restauración de cuencas hidrográficas y ecosistemas que involucre a todos los actores de la sociedad.
- Impulsar un proceso de descentralización y diversificación energética que incorpore fuentes renovables, a través de formatos de generación regional y municipal.
- Impulsar una evaluación de la situación de riesgo en los asentamientos poblacionales; orientar la construcción de infraestructura y de soluciones habitacionales adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y de sostenibilidad.
- Plantear una urgente política de transición urbana (sobre todo en ciudades grandes como Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Valencia, Barquisimeto, etc.), que involucre el impulso de economías barriales y redes económicas municipales, agricultura urbana y periurbana, democratización de la movilidad sostenible, campañas
- Reconocer, demarcar y titular el conjunto de las tierras indígenas del país, no solo de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, sino también en consonancia con la moción recientemente aprobada por unanimidad en el 129 Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para lograr la protección del 80% de la Amazonía para el 2025; para cambios en los estilos de vida urbanos, entre otras iniciativas.
- Suspender todo nuevo proyecto de explotación de carbón, e iniciar una transición para ir cerrando progresivamente las minas carboníferas existentes, en consonancia con las recomendaciones provenientes de los acuerdos de cambio climático, de grupos científicos y de las principales agencias internacionales de energía.
- Derogar el decreto que legaliza el proyecto Arco Minero del Orinoco, establecer un plan posextractivista para la minería de oro, que fomente las economías locales en la Amazonía, involucre de manera significativa a los pueblos y comunidades indígenas, y fortalezca propuestas de autogestión de las contribuciones de la naturaleza.
- Abrir una amplia discusión nacional sobre el rol de la industria petrolera en el país, descartando nuevos incrementos en la producción del recurso, y previendo las formas económicas que sustituirán a este sector de la economía, en consonancia con las recomendaciones provenientes de los acuerdos de cambio climático, de grupos científicos y de las principales agencias internacionales de energía.
- Estas propuestas y otras más deben componer un plan nacional, estadal y municipal de mitigación y adaptación que además ponga prioridad en poblaciones vulnerables (como las comunidades indígenas) y que tenga perspectiva de género.
Para el país y el planeta, no hay otra alternativa, si queremos preservar la vida tal como la conocemos. Los desafíos son enormes y requieren de grandes esfuerzos conjuntos. Invitamos a la sociedad venezolana a asumir un papel protagónico en el abordaje de la preocupante situación climática; y a las autoridades gubernamentales y liderazgos políticos a que reaccionen con urgencia ante la situación.
No somos territorios de sacrificio. ¡Exigimos justicia climática ya!