Señor
Gianluca Rampolla del Tindaro
Coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela.-
Me complace dirigir a usted la presente, en la oportunidad de hacer referencia a un tema que interesa a Naciones Unidas y que en estos momentos debe ser sometido a consideración de la ONU y de la CIJ.
Es muy placentero leer el informe de la ONU sobre Venezuela que dice: «Las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas trabajan en todo el territorio nacional, junto con entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, donantes y comunidades para avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2022 se alcanzó a 2,8 millones de personas que han mejorado, entre otros, su acceso a la salud, a una alimentación diversificada y a la educación, y se han beneficiado de servicios especializados de protección, talleres para desarrollar habilidades de emprendimiento y formación en gestión ambiental».
Un artículo sobre la Guayana Esequiba (El Nacional, 21/12/23) dice que hay otra población distinta que «sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi», pero, independientemente de que vivan en la selva con o sin ayuda oficial, van a sentir consecuencias que pueden derivarse del diferendo entre Guyana y Venezuela, que está siendo considerado por la CIJ. Es de suponer que la ONU también da alguna atención a dichas etnias.
Hay una cantidad apreciable de países que tienen muy pocos habitantes, en cifras redondas:
Andorra 81.000; Antigua y Barbuda 93.000; Liechtenstein 40.000; Islas Marshall 42.000; Liechtenstein 40.000; Mónaco 36.000; Nauru 12.000; Palau 18.000; Saint Kitts/Nevis 47.000; Santa Lucía 180.000; San Vicente y las Granadinas 100.000; San Marino 33.000; Seychelles 99.000 y Tuvalu 11.200.
Otros países con cifras de habitantes cercanas a 300.000 y menos de 1 millón:
Bahamas 400.000; Barbados 280.000; Belice 400.000; Bhutan 700.000; Brunei 445.000; Cabo Verde 580.000; Comoros 820.000; Fiji 900.000; Grenada 230.000; Guyana 800.000; Islandia 370.000; Luxemburgo 640.000; Maldivas 520.000; Malta 518.000; Micronesia 113.000; Montenegro 620.000; Samoa 218.000; Sao Tome/Príncipe 220.000; Islas Salomón 707.000; Suriname 612.000 y Tonga 106.000.
Dichas cifras dan aliento a quienes pensamos que los 300.000 habitantes mencionados en el articulo de El Nacional justifican que la ONU promueva la conformación de un país con estos habitantes, aunque no es descartable que ellos puedan responder, como decimos en criollo, «no me defiendas compadre» prefiriendo la vida sin país, libre, estupenda, en el agro sin el descalabro citadino.
En todo caso, lo que resulte como solución del diferendo va a tener consecuencias que directa o indirectamente van a afectar a esos 300.000 habitantes. Asumiendo que a ellos se les reconozca lo que debe reconocérseles humana y jurídicamente -su posesión de las tierras en que viven- cabe deducir que la ONU podrá promover la formación de un país con esas tierras, en provecho de esos habitantes. Por esto, quizás cabe abrir un cauce de información desde la ONU que la CIJ pueda darle cabida de recto antecedente y entonces pueda suponerse que, como también decimos en criollo, la ONU y la CIJ pueden «tener vela» en la creación de este conveniente nuevo país vecino de Guyana y Venezuela, que será mas regocijante de lo que la CIJ está escarbando para ambos países.
Y que así sea, me permito decirlo a usted con optimismo venezolano y mi mayor consideración.