Foto: Cortesía.

A propósito de las recientes intervenciones en el Parque Nacional Sierra Nevada

El ejercicio de nuestros derechos, nunca debemos olvidarlo, implica también el cumplimiento de aquellos deberes que regulan o norman esos derechos. Esto quiere decir que disfrutar de un derecho significa cumplir con obligaciones. Este principio jurídico es fundamental a propósito de estas líneas, pues obliga a quienes ejercemos nuestro derecho a la recreación en ambientes como los parques nacionales, a cumplir con deberes inherentes al uso de esos espacios; así, quienes somos usuarios de un parque nacional, estamos entonces obligados a ejercer las acciones necesarias para conservarlo y protegerlo.

Por ello, como montañistas y ambientalistas, los miembros de los grupos de montaña tenemos, en tanto que usuarios frecuentes de nuestro Parque Nacional Sierra Nevada, el deber de alzar la voz para expresar nuestra enorme preocupación ante la situación que se viene presentando en sus espacios naturales protegidos. Esto a propósito de la denuncia que un grupo de Guardaparques, así como la propia Jefatura civil, la superintendencia de ese parque y las autoridades de Inparques en el estado Mérida han realizado sobre los trabajos que los responsables del Sistema Teleférico Mukumbari vienen desarrollando en los terrenos circundantes a la estación Loma Redonda de ese sistema.

En tal sentido, quienes hacemos vida en los grupos y colectivos de montaña, no solo como usuarios y deportistas, sino también como ciudadanos preocupados y comprometidos en la defensa del ambiente, debemos expresar nuestro rotundo rechazo a esas intervenciones no autorizadas en el Parque Nacional Sierra Nevada que amenazan su conservación: esos espacios, como es sabido, contienen una biodiversidad única que llevó a su declaratoria como área protegida y que amerita un cuidado y tratamiento que garantice su preservación y protección, siendo este norte un deber de la ciudadanía, montañistas incluidos, pero también y especialmente, de las instituciones estatales y, en este caso, de la compañía que administra el sistema teleférico de Mérida, que no respetó los protocolos y leyes ambientales al momento de diseñar y ejecutar el proyecto, lo que sugiere que cualquier persona o institución puedan hacer lo mismo, haciendo caso omiso a las leyes. Si ante este tipo de agravio no se toman las medidas pertinentes, se abre una brecha para nuevas y anárquicas intervenciones públicas o privadas.

Desde los grupos y el colectivo de montañismo que suscribimos este documento queremos, además, expresar nuestra solidaridad con el personal de Inparques, en especial con los integrantes del cuerpo de Guardaparques que se han visto afectados y maltratados en el cumplimiento de su deber: sabemos, pues hemos compartido junto a ellos en múltiples ocasiones, de su compromiso y profesionalismo, por lo que les expresamos públicamente nuestra palabra de reconocimiento y apoyo, la cual se extiende a las autoridades de esta institución en nuestro estado que, en este caso y de manera diligente, han realizado las actuaciones pertinentes sin que esto haya implicado el cese de esas intervenciones en los espacios de nuestro bello y majestuoso Parque Nacional Sierra Nevada, sede de las cimas más altas de nuestra geografía nacional y hogar de miles de especies de flora y fauna que merecen su cuidado y respeto.

En ese orden, dada la prohibición a los Guardaparques de acceder al Sistema Teleférico Mukumbari, se crea un estado de indefensión del Parque Nacional Sierra Nevada, que también afecta a los que hacemos vida en la montaña, dado que la permisología y el control es potestad de Inparques.

Finalmente, deseamos llamar a la reflexión sobre el uso y abuso de los espacios de este sagrado territorio incluido en la poligonal del parque nacional; sin negar la importancia de impulsar la actividad turística como una manera de mejorar la economía de nuestra región, debemos no obstante recordar que, antes que el afán de lucro implícito en el aprovechamiento comercial de sus espacios, debe privar como deber ser la preservación de sus recursos: cada frailejón afectado, cada centímetro de cobertura vegetal que se daña para lucrarse, es un atentado a la biodiversidad y, de paso, una violación del derecho de las futuras generaciones al disfrute responsable de estos espacios únicos en nuestro país.

En la Ciudad de Mérida, Venezuela,  5 de diciembre del año 2022.

Club de Montañismo para la Salud

Colectivo de Montañismo y Ecología Tatuy

Grupo de Montañismo Kisnacuy

Firmas en resguardo.


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