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Señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos:

Una vez más, como en oportunidades anteriores, la prolongación de la crisis venezolana ha impulsado a gobiernos de varios países a promover un nuevo diálogo entre la dictadura de Nicolás Maduro y representantes de la oposición democrática.

Con su permiso recordaré aquí que estos escenarios de negociación vienen produciéndose desde 2001, año en que comenzó a ser inocultable que el propósito de Hugo Chávez no era otro que demoler el modelo democrático, tomar el control de todas las instituciones, militarizar el territorio nacional y prolongar su permanencia en el poder de forma indefinida.

Tras la muerte de Chávez, con la profundización de la debacle creada por sus políticas intervencionistas ―controles desquiciados y estatización de innumerables empresas―, Maduro ha terminado la tarea que le fue encomendada: ha establecido un poder fundado en la violación de los derechos humanos; ha cometido fraudes electorales y de otra índole para mantenerse en el poder; ha entregado el control del territorio y del país a bandas de delincuentes, entre ellos, las narcoguerrillas de Colombia; y ha reprimido a los ciudadanos en las calles, lo que incluye más de un centenar de asesinatos; y ha torturado a decenas de civiles y militares; ha empujado al exilio o a la migración forzada a más de 7 millones de compatriotas, y ha eliminado todo lo que tenga que ver con prensa libre. Este estado de cosas no ha cesado ni se ha atenuado: sigue vigente ahora mismo.

Desde aquellas reuniones ocurridas en agosto de 2001 entre representantes de Fedecámaras y la camarilla de Chávez se han sucedido una cadena de iniciativas como las promovidas por la OEA, el Grupo de Boston, diálogos facilitados por distintos países y organismos multilaterales en República Dominicana, Noruega, Barbados y otras más. Con esto quiero decir que las actuales sesiones de diálogo que tienen lugar en México son parte de una corriente de hechos cuyo expediente tiene más de veinte años. El diálogo en México está inscrito, se lo reconozca o no, en una habitada estela de fracasos.

Por supuesto, se entiende que para todos los factores internacionales, ajenos a la destrucción de la democracia en mi país, promover estos diálogos, organizarlos, lograr unos mínimos acuerdos con las partes para sentarlos en una mesa, constituye un esfuerzo que implica la inversión de recursos de distintos tipos, políticos, profesionales, económicos. Los venezolanos, confiemos o no en la vía del diálogo, tenemos un deber de gratitud con quienes los han promovido de buena fe. Porque de eso trata, a fin de cuentas, la realidad de sentarse en una mesa con una dictadura: un acto de fe. Mientras los representantes de la dictadura sonríen a las cámaras, en cárceles y centros de detención, oficiales o clandestinos, se mantienen a personas secuestradas, se tortura, se hostiga y extorsiona a los familiares de los presos políticos.

Me dirijo a usted, presidente Biden, porque en buena medida las principales exigencias de la dictadura de Nicolás Maduro y sus cuerpos militares dependen, del todo o de forma determinante, de sus decisiones o del gobierno bajo su responsabilidad o de los poderes públicos de la nación estadounidense.

La dictadura quiere que le levanten las sanciones, no solo las que limitan su capacidad de hacer negocios, también las de carácter penal -personal-, que provienen de delitos vinculados al narcotráfico, el blanqueo de capitales y lavado de dinero; pretende que se libere a un delincuente de nombre Alex Saab y que la señora Saab, a su vez, adquiera inmunidad diplomática, para evadir sus deudas con la justicia; en resumen, quieren gozar de inmunidad e impunidad para continuar delinquiendo contra las personas, contra las libertades, contra los bienes de la nación venezolana, contra las instituciones democráticas.

Mientras todo esto ocurre, los presos políticos siguen sometidos a vejaciones, denegación del derecho a la defensa, paralización de los juicios y constante acoso físico, psicológico y sexual; cientos de emisoras y medios de comunicación siguen cerrados o bloqueados por el régimen; la red de espías controlada por rusos y cubanos sigue violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos; la penetración de iraníes continúa expandiéndose por distintas regiones; las narcoguerrillas y las bandas de mineros ilegales se hacen cada vez más fuertes en las fronteras sur de Venezuela; las fuerzas militares se mantienen incorregibles en su actitud de proteger a la dictadura, mientras participan sin control alguno en el asalto final sobre el cuerpo extenuado de la república.

Dicho todo esto, ¿será acaso posible que de tales negociaciones en México se produzca, en lo inmediato, la liberación de todos los presos políticos, la posibilidad de regreso al país de todos los exiliados, el cese de la persecución de todos aquellos censurados, silenciados, amenazados y enjuiciados?


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