Hace unos lustros, la obtención de un título universitario en Venezuela constituía un logro de gran proyección personal, profesional y económica; alcanzaba, incluso, para ascender de estatus social.
En este contexto, un administrador, un ingeniero, un odontólogo y otros profesionales tenían un futuro más o menos satisfactorio en términos económicos. Y lo más importante: su rol era valorado por la sociedad.
Hoy, sin embargo, el panorama es otro. Pasar por la universidad ya no es garantía de prosperidad económica, mucho menos de reconocimiento y estatus social. Tampoco es sinónimo de alta valoración. De hecho, algunas estadísticas sugieren que cerca del 40% de los jóvenes en edad de escolaridad universitaria prefiere no asistir al alma mater. En la percepción de estes seres, empeñar cinco o cuatro años de estudio, esfuerzo, costos e intensas emociones terminan siendo una carrera muy dura pero poco útil para abordar las dificultades económicas del día a día.
Para las universidades, el mercado al cual va dirigida su oferta de cursos sigue siendo principalmente la «masa de jóvenes» que aspiran cursar una u otra especialidad, independientemente de que esta aspiración tenga una vinculación real con el sector productivo, los servicios y otras áreas de la economía. Esto significa que puede haber 2.000 jóvenes que desean cursar odontología, pero el mercado solo podrá absorber a 400 de ellos en los próximos años.
El problema de fondo es que se sigue pensando que la “masa estudiantil” es el principal elemento a tomar en cuenta en los análisis de mercado, cuando solo es una de las tantas referencias dignas de consideración.
Por otra parte, las nuevas demandas de la sociedad respecto a las profesiones van a un ritmo más rápido que la capacidad de respuesta de las universidades. Esto significa que la obsolescencia de un pensum de estudio es más veloz que hace un par de lustros. Así ocurre particularmente en campos que demandan un creciente uso de tecnología.
A todo lo anterior, hay que añadir otro factor: las universidades deben lidiar con una serie de procesos administrativos y legales que ralentizan la adopción de planes de carreras adaptados al mundo real en ciernes. En Venezuela, la aprobación de un curso de posgrado puede tardar 5 años o más, pese a que vivimos en un mundo de frecuentes cambios.
Hace unos lustros más de 25.000 jóvenes estudiaban Comunicación Social. No obstante, nunca se analizó si este boom era sostenible en el tiempo. Una posición honesta y oportuna habría detenido a tiempo lo que se convirtió en una especie de «moda» cuyo futuro, sin embargo, no era tan prometedor como se dijo.
@humbertojaimesq