“Está de más recordarle a Acnur que su mandato se circunscribe a refugiados. Tratar de obtener recursos utilizando la migración económica y confundiendo a la opinión pública no solo escapa de su mandato, sino que devela una clara estrategia política intervencionista”.
El anterior es el texto que puso Jorge Arreaza, “el canciller”, en su cuenta de Twitter el pasado 10 de junio de 2019, y como veremos, y ustedes mismos podrán comprobar, amigos lectores, refleja fielmente la profundidad de ciertas carencias cognitivas del personaje.
La xenofobia es el temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia los extranjeros o inmigrantes, temor que desbarata el concepto de solidaridad humana. Tales manifestaciones van desde el simple rechazo hasta el asesinato con agravantes. El caso es que, en algunos países que están recibiendo la masiva migración venezolana, la xenofobia ha pasado de ser una posibilidad a una realidad.
Tan persistente ha sido la xenofobia desde tiempos inmemoriales en el mundo, que las Naciones Unidas crearon una unidad especial que aborda el problema: la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en español, y Unhcr, por sus siglas en inglés). El estatuto de la oficina de la Acnur fue adoptado en la resolución 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. Empezó sus funciones el primero de enero de 1951 y tuvo como primer decreto ayudar a reasentar a más de 1 millón de refugiados europeos que aún se encontraban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si bien y en el contexto de su origen la oficina adopta la asociación con refugiados, modernamente su campo de acción va más allá para incluir migraciones masivas como la venezolana.
En el marco anterior, el pasado 18 de enero de 2019 escribí un artículo para El Nacional, que fue titulado «¿Se fueron bien?», en el que cité las estadísticas de la oficina de Acnur: para el 31 de octubre de 2018 había 2.369.400 migrantes venezolanos distribuidos en 17 países latinoamericanos y del Caribe.
Ahora bien, siete meses después y para lo corrido del mes de junio de 2019, la cifra ha aumentado a 3.238.200 migrantes en Latinoamérica y el Caribe (https://r4v.info/es/documents/download/69838). Lo anterior quiere decir que en apenas siete meses los migrantes han aumentado en número de 868.800, a razón de unos 124.114 por mes: tal es el volumen de la migración venezolana y tal es también el boquete en la legitimidad social del gobierno de Nicolás Maduro y su militarada.
Hilando fino entre las cifras más recientes, cinco países han sido el destino del 99,86% de estos 868.800 refugiados. Entre paréntesis se indican las cifras: Colombia (300.000), Perú (262.100), Chile (180.200), Brasil (83.300) y Ecuador (42.000). Las reacciones en tales países han sido diversas: mientras en Colombia buscan, efectivamente, atender a los migrantes venezolanos; en Perú y, por ejemplo, su presidente Martín Vizcarra, explota el hecho de forma mediática e impone restricciones al ingreso de más venezolanos (un visado a partir del 15 de junio).
La falacia de Jorge Arreaza hace que sea necesario precisar que los bien diversos problemas que plantea esta masiva migración de venezolanos en los países receptores (entre las dificultades se encuentra la xenofobia) requieren ser abordados de manera urgente y responsable. La respuesta de la Acnur es el denominado Plan de respuesta regional a refugiados y migrantes enero-diciembre 2019.
En el link suministrado, por favor, note el lector que no se trata de un plan para refugiados solamente, sino un plan para refugiados y migrantes. Con frecuencia, las razones por las que un migrante sale de su país son apremiantes, y es importante encontrar maneras de satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos humanos. Los migrantes están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta protección se deriva de su dignidad fundamental como seres humanos, dignidad que es irrespetada de plano en el país de procedencia: un país en donde hay crimen, corrupción, depresión económica, hiperinflación, escasez y el colapso total de los servicios públicos. Tal es la descripción con la que la historia conoce ahora a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Así, el plan de respuesta proyectó un número de refugiados y de migrantes venezolanos de 3.314.195 para diciembre de 2018 y de 5.384.876 para diciembre de 2019. Tan masiva cantidad de refugiados, actual y esperada, significa un plan de atención con un costo de 738 millones de dólares y cuya mayor participación en términos porcentuales va a Colombia (43%), Ecuador (16%), Perú (14%) y Brasil (8%), como se ve, cuatro de los 5 países que han recibido más migración en lo reciente. En términos de actividades, la participación porcentual mayoritaria va hacia la emergencia directa (45%), la integración socioeconómica y cultural (30%), la protección (14%) y el fortalecimiento de la capacidad receptora del gobierno anfitrión (9%).
En consecuencia, el plan de rescate está pública y transparentemente definido, así como el destino de los fondos. También está claramente definido ante el mundo que la masa de migrantes venezolanos busca trato digno y ciudadanía, elementos fundamentales que este gobierno de incompetentes no puede ni podrá ofrecerles nunca.