La misión enviada por José Borrell, comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a Venezuela para explorar la posibilidad de que el régimen chavista se comprometiera a realizar algunos cambios que le dieran credibilidad, competitividad, apego a la legalidad vigente al proceso electoral convocado por la dictadura para el 6 de diciembre, empezando por su aplazamiento, se regresó con las manos vacías.
Lo que está ocurriendo en realidad es la repetición de los conocidos actos de ventajismo y corrupción política propios del chavismo en relación con los procesos electorales. A esto hay que agregarle un manejo discrecional, ilegal y en ocasiones opacos que comprometen aún más la calidad y fiabilidad de los preparativos del proceso electoral de marras. Ante esto, los supuestos representantes opositores en el CNE guardan un silencio ruidoso.
Era previsible que la intransigencia del régimen se mantuviera. Hay varias razones para que ello fuese así: un aplazamiento podría generar un barajo del juego en una situación que el oficialismo rojo cree controlar, el peso político y la representatividad de quienes – Capriles, Stalin y otros– movieron esa operación es insuficiente para lograrlo. El chavismo se sintió gratificado con la confusión y desconcierto generado en el seno de las fuerzas democráticas, en la mayoría social partidaria del cambio y en sectores aliados de la comunidad internacional democrática.
He coincidido con quienes han señalado el error cometido por Henrique Capriles en la rimbombante operación política anunciada públicamente a comienzos del mes en curso. Fue un acto de voluntarismo y sobrestimación de sus posibilidades de éxito, fomentó la división de su partido y de las fuerzas democráticas en un momento en el cual se estaba iniciando un proceso de reagrupamiento opositor, le dio oxígeno a las pretensiones del régimen de legitimar la emboscada del 6D, contribuyó a la labor de zapa en contra del gobierno interino diseñada y en progreso del lobby chavista en la UE, en el cual concurren los poscomunistas, parte de los verdes y vivianes que hacen negocios con el chavismo, quienes aun siendo minoritarios son muy activos y manejan recursos económicos de respetable cuantía (fundamentalmente provenientes de estos lares).
Siendo que las garantías solicitadas unilateralmente por Capriles no fueron satisfechas, se espera de él un pronunciamiento al respecto. Le toca mover ficha: mantener la inscripción de candidatos de Fuerza de Cambio –su partido, ¿cómo es que siendo dirigente de Primero Justicia tiene una franquicia política aparte?– o retirarse del proceso. No tiene más que esas dos opciones; por ser quien es no puede hacerse el loco y pasar agachado.
Lo mejor para las fuerzas democráticas y para él como líder es desandar los pasos y adoptar la segunda de las opciones. Tiene a la mano discurso y oportunidad de hacerlo.
El presidente Guaidó, en primer término, tiene mucho que hacer en el sentido de estimular y facilitar constructivamente a Capriles la opción de retirarse del proceso electoral, unirse al boicot e integrarse a la dirección de las fuerzas democráticas agrupadas en torno al gobierno interino.
Si Capriles opta por avalar el proceso se convertirá en cómplice de una estafa en contra del pueblo venezolano y de sus esperanzas de cambio, de su derecho a una vida digna en libertad y progreso. E ingresará en la lista de quienes cooperaron con la brutal y sangrienta dictadura rechazada por los venezolanos y los demócratas de todo el mundo.