El escándalo colombiano entre el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás por el financiamiento de la campaña electoral que lleva a aquel a la Presidencia de la República de Colombia, pudiera representar una concha de ajo frente a lo que fue la campaña electoral de 1998 que pone a Hugo Chávez en la Presidencia de la República de Venezuela. No es así realmente; pero hay un largo paralelismo donde la capitanía general le abrió la puerta de manera abierta y luego oficialmente a la financiación de una campaña electoral con dineros del narcotráfico. A la hora de comparaciones, el virreinato se ha quedado un poco rezagado, pero no ha dejado de avanzar de la mano de Cuba, del socialismo del siglo XXI y de la revolución bolivariana.

Desde los tiempos de Pablo Escobar, el narcotráfico ha tocado las puertas de la política en nuestro hermano país. El mismo capo fue en algún momento de lo más encumbrado de su imperio del delito en el Cartel de Medellín, representante a la cámara en el Congreso Nacional en 1982. Si lo hubiesen dejado avanzar, y los poderes del estado no se hubiesen confrontado con la verraquera en todas las intensidades, probablemente hubiera puesto un pie de titular en el palacio Nariño. Lo impidió la denuncia pública, el combate político y la actuación proporcional, pertinente, oportuna, y necesaria de aquel entonces en las cabezas de Guillermo Cano, director de El Espectador y Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, quienes pagaron con su vida posteriormente. Al final funcionaron las instituciones colombianas y El Patrón fue abatido en 1993 por un equipo mixto de la policía y las fuerzas militares con apoyo de la DEA, después de año y medio de seguimiento. En el tejado de una casa de la capital del departamento de Antioquia quedó expuesto el cuerpo exánime de Escobar, pero las secuelas de la fuerza de la penetración morbosa del imperio de la cocaína en las instituciones colombianas emergió. En el tiempo, se empezaron a ventilar denuncias al más alto nivel político. El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) que en su momento fue acusado de financiarse para la campaña con dineros blanqueados procedentes del Cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, lo desmintió en caliente inicialmente y más tarde «admitió públicamente… que su campaña electoral en 1994 fue financiada en parte por el narcotráfico». Solo hay que remitirse a las interioridades del llamado Proceso 8.000 que en sus profundidades salpicaba a otro ex –César Gaviria– y que fue contenido en el sinsabor de una condena para Samper de “ni culpable ni inocente”. Hasta allí, lo que ocurría en Colombia todavía podía representar una concha de ajo frente a lo que fue la campaña que pone a Hugo Chávez en la Presidencia de la República de Venezuela el 6 de diciembre de 1998. Y es así… aún.

Si se sigue la línea del tiempo entre el auge y la caída del poder del Cartel de Medellín y la del Cartel de Cali con la detención, extradición y muerte de sus jefes, el monopolio de la producción, transporte y comercialización de la cocaína colombiana donde está ilustrada en toda la cadena de valor del narcotráfico: la siembra de la hoja de coca, su transformación en pasta de coca y en clorhidrato de cocaína, y la distribución a clientes nacionales e internacionales, esa transición donde es asumido todo el engranaje por las organizaciones guerrilleras (entre las que estuvo el M-19 del cual Gustavo Petro fue un factor) y paramilitares, que pasaron de cohabitar con los capos de la droga a ejercer como el más importante Cartel de Colombia. Especialmente, la organización más antigua y la que mantenía negocios de financiación sin mucho ruido con Escobar y con los Rodríguez Orejuela; las FARC-EP. Lo que se empezó a valorar desde la época del periodo especial en Cuba (1989) en el uso de las fuentes financieras del narcotráfico como un arma política encontró en las FARC-EP el ariete más importante para socavar las sociedades y su democracia, y beneficiar a la revolución. Especialmente en Colombia y en Venezuela.

En 1989 Estados Unidos invade a Panamá y se lleva a una cárcel federal al jefe de ese país, el general Manuel Antonio Noriega, con graves sindicaciones por narcotráfico y lavado de dinero, donde es condenado a 40 años de prisión, que son rebajados luego a 30. Paralelamente, Francia y Panamá lo solicitan judicialmente. Tres años después, el golpe del 4F le abre las oportunidades de una diversificación política y una ampliación geográfica al régimen cubano en el continente. La aparición pública del teniente coronel Hugo Chávez en el panorama político venezolano enciende señales de oportunidad en La Habana y en las montañas colombianas, donde está desplegado el secretariado guerrillero. Desde la prisión de Yare en 1992 hasta la libertad por u sobreseimiento concedido por el presidente Rafael Caldera el 26 de marzo de 1994, las intensas actividades de coordinación para establecer los enlaces Chávez-Tirofijo-Fidel solo dieron frutos cuando se le abrieron las puertas de la celda al comandante golpista. El primer viaje fuera del país del Chávez de ese entonces fue a Colombia. A propósito, con una misteriosa desaparición al seguimiento de los cuerpos de seguridad, que se sospechaba para una reunión en las montañas con Manuel Marulanda Vélez (a) Tirofijo que fue denunciada en su momento por el mismo presidente Ernesto Samper. En diciembre de 1994 se consuma la sorpresiva reunión del comandante del 4F con Fidel Castro, que se inicia al pie de la escalerilla del avión –recepción de jefe de Estado– canalizada por uno de los integrantes del todopoderoso Grupo de los 5 que era encabezado por Luis Miquelena, en el entorno más cerrado del hombre de Sabaneta de Barinas. Alí Rodríguez Araque (a) Fausto, el hombre de La Habana, se encargó de hacer todos los finiquitos. Y a partir de allí, todo cambió.

La campaña electoral venezolana en 1998 se inicia para Hugo Chávez, con algunas carencias en la organización de la campaña y con bajos números en las encuestas. El principal combustible –el dinero– no había sido engranado aún por completo. Los resultados en ese momento no pronosticaban muy bien el desenlace de la campaña, sin embargo, el apoyo a Chávez creció de 5% en septiembre de 1997 hasta más del 10% a fines de febrero de 1998. En mayo, superaba el 30%, y en agosto, las encuestas lo colocaron por primera vez al frente con 39% contra el 38% de Salas Römer. En un año se pasó de giras en un Volkswagen y camionetas prestadas con pagos en bolívares, a la disposición de una plataforma con aviones lujosos cancelados en dólares. Probablemente, si se escudriñan esos números con toda la minuciosidad y escrúpulos que se imponen en los orígenes, se encontraran con guarismos muy blancos y con saldos enyesados en el debe y en el haber desde las montañas del Caguán con las FARC-EP y el Palacio de la Revolución en La Habana. La historia fue otra con la turbina blanca que se le agrega a la campaña.

A lo largo de 25 años de revolución, esta ha confirmado sus alianzas políticas fácticas. En el año 2008 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un texto bien explícito a solicitud del presidente Hugo Chávez, después de un polémico y no tan sorpresivo discurso en el parlamento: “Respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su propuesta, al solicitar al gobierno colombiano reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y Ejército de Liberación Nacional –ELN –, como señal de voluntad en darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones, en el camino a la paz en Colombia”. Esto le genera algunos conflictos con el presidente colombiano Álvaro Uribe y muchas tensiones militares en la frontera. Se habían empezado a abrir las puertas y las alcabalas en Venezuela a lo que ya era un hecho desde 1999: rueda libre por tierra, mar y aire venezolanos para facilitar las operaciones de comercialización de la cocaína a nivel global para financiar la revolución bolivariana a lo interno y globalmente. Se estaba expidiendo la partida de nacimiento a lo que se conoce en todos los mentideros políticos, policiales, periodísticos y militares de todo el mundo, como el Cartel de Los Soles. Una prueba irrefutable de ello lo es la cantidad y la calidad de los factores de la nomenclatura roja rojita sindicados y solicitados por delitos de narcotráfico y lavado de dinero en la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) que se inician con el mismo presidente usurpador, Nicolás Maduro; el segundo del PSUV, Diosdado Cabello; el ahora desaparecido jefe de Pdvsa Tareck el Aissami; Tarek William Saab, fiscal general de la República; y una larga lista de militares con soles sobre los hombros. En las cárceles norteamericanas están en proceso el antiguo jefe de la DGCIM el mayor general Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá Cordones, pupilo estrecho del comandante Chávez; el espaldero presidencial Adrián Velázquez y su enfermera Claudia Díaz Guillén, y el extesorero de la República el teniente Alejandro Andrade. La lista es más larga.  De manera que sin necesidad de hacer conclusiones al modo del marrano (rabo de cochino, pata de cochino, trompa de cochino, etc.) determinen ustedes por qué Venezuela es calificada como narcoestado y cómo llegó adonde llegó y aún sigue su camino.

Como decíamos de entrada, el escándalo colombiano entre el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás por el financiamiento de la campaña electoral de aquel en Colombia, con dineros del narcotráfico, el blanqueamiento y la corrupción derivada, es una concha de ajo en lo que fue la venezolana para llevar a Hugo Chávez a la presidencia y peor, con la permanencia a lo largo de 10 años de su hijo Nicolás. Quien aún sigue en la línea de la nota blanca.


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