La 79ª asamblea anual del organismo empresarial venezolano Fedecámaras, celebrada a finales de julio de 2023 en Maracaibo, nos trajo algunas sorpresas que hace necesario detallarlas, destacando de inicio la posición del nuevo presidente Adán Celis, quien afirmó que las sanciones contra Venezuela «son absurdas y perjudican» a los venezolanos. También se refirió al daño para los empresarios. Dijo que las que existen sobre el Banco Central de Venezuela «hacen muchísimo más engorroso el proceso de intercambio» necesario para pagar o recibir pagos de aquellos que importan o exportan. «Al final, ¿quién está pagando eso?, ¿el gobierno? No».
Días después, en otro evento, Celis aseguró que las sanciones no afectan al gobierno en nada. «Aquí hay sanciones absurdas. Una sanción es que usted no pueda viajar directamente de Venezuela a Estados Unidos, tiene que hacer una escala en otro lado». Finalmente, sostuvo que las sanciones impuestas a Venezuela no lograron los objetivos. Por ello considera que deben ser eliminadas, ya que desmejoran la calidad de vida de los venezolanos.
De entrada, las mencionadas declaraciones representan una ruptura con la posición que han sostenido varios presidentes del gremio empresarial frente a la gestión gubernamental a lo largo del siglo XXI, caracterizada por expropiaciones ilegales, apropiación criminal de bienes sin pago de indemnizaciones, atentados, detenciones arbitrarias de directivos empresariales y ataques a sedes del gremio
Cabría preguntarse: ¿en verdad son las sanciones las culpables de la pobreza en Venezuela? ¿Cuál es el origen de la precariedad de la condición de vida de la población? ¿Qué ha provocado la estampida de casi 9 millones de venezolanos durante el siglo XXI? ¿Por qué se registra un índice de 70% de capacidad ociosa en la actividad industrial y por consiguiente la pérdida de millones de puestos de trabajo en los diferentes sectores de la economía?
Algunas de estas interrogantes se analizaron en las XXIX jornadas de auditoria RRII de la Universidad de Carabobo (UC) realizadas el 8-9 de agosto pasado, al indicar el Prof. Héctor Lucena “…la peor relación entre capital y trabajo y la distribución del ingreso a nivel continental la registra nuestro país, con un 10% para el factor Trabajo y un 90% para el factor Capital, le sigue Cuba con 30% para el trabajo y 70% el capital, entre tanto en otros países latinoamericanos la relación es inversa se ubica en 40% para el capital y 60% para el trabajo, como es el caso de Chile…”.
Esa diferencia abismal en Venezuela se refleja en los salarios y en las pensiones más bajas del continente, cuando observamos que el sueldo más alto de un profesor universitario titular es de 18 dólares. Y si vemos el sector de los jubilados y pensionados, donde se agrupan 5 millones de personas, nos encontramos pensiones miserables de 4 dólares, ingresos insuficientes para la subsistencia; de allí se derivan dos grandes grupos: los que subsisten con ingresos de indigencia y los que sobreviven con las remesas del exterior.
La situación actual es de tal gravedad que propicia a oleadas de venezolanos partiendo a países del cono sur, Centroamérica con problemas económicos notorios, conocimos recientemente algunos casos donde 30 jóvenes de Carrasquero, Estado Zulia y otros 40 de la población del Venado en el municipio Baralt, decidieron irse en cambote desesperados por la lucha de la subsistencia, despidiéndose en acto público con el apoyo de sus familiares esperanzados en futuras remesas.
En definitiva, los jóvenes se van de Venezuela porque no se les ofrece futuro alguno. Los que logran un título universitario piensan que es una visa para un sueño y buscando cualquier país que no pertenezca a la comunidad de los piratas del Caribe (Cuba, Nicaragua o Venezuela).
Por tanto, ignorar que primero Chávez y luego Maduro en grado mayor se convirtieron en un Atila del trabajo digno, que arrasaron con los contratos colectivos, las cajas de ahorro, las prestaciones sociales, en fin, que los beneficios conquistados en un siglo de lucha laboral están hoy reducidos a cenizas, todo eso contradice el argumento de la exigencia empresarial de eliminación definitiva de las sanciones.
Fedecámaras ha mantenido una relación bipartita con las centrales sindicales en este valle de lágrimas a lo largo del siglo XXI, si se le puede colocar un nombre a la tragedia nacional. Ambos sectores juntaron fuerzas venciendo el cliché de los enemigos de clase, al sumarse el movimiento sindical a la petición de comisión de encuesta promovida por el gremio empresarial ante la OIT desde 2015, la cual se concretó en 2019 y finalmente vino a Venezuela en 2022 y 2023, logrando sentar al gobierno en el Foro Social cuya agenda fue el reconocimiento de derechos laborales, a lo que hasta ahora no ha dado respuesta.
Esta posición de Fedecámaras es un giro y para el mundo sindical es un retroceso en la relación bipartita. Creer que la solución de la pobreza es solo en el terreno económico es una vana ilusión: es un problema político. Un país sin democracia, sin elecciones libres, sin instituciones, esa es la raíz de la barbarie que padecemos.
Entendemos que Fedecámaras es un organismo empresarial de gestión presidencialista, pero ello no impide reconocer que hay sectores empresariales que mantienen una posición muy diferente a la manifestada por el actual presidente del gremio empresarial.
En resumen, Venezuela se encuentra en la mira permanente de la comunidad internacional, la cual no ha dudado en calificarla como un Estado fallido al ser ratificada la investigación de la Corte Penal Internacional, el seguimiento permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la observancia de la OIT, hoy alarmada ante la decisión estatal de condenar a 16 años de prisión a 6 sindicalistas cuyo único delito fue protestar por la permanente violación de los convenios laborales internacionales.