Una Ventana a la Libertad, organización de la cual soy su fundador y coordinador general, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela, durante el primer semestre del año 2020.
Este es el decimotercer informe que se presenta, en los últimos 4 años, de los 23 que tiene de fundada UVL, sobre la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela, que se han convertido en las nuevas cárceles del país.
Este informe fue elaborado por nuestro equipo de investigación, coordinado por la Dra. Magaly Huggins y formado por 21 profesionales de la comunicación social que monitorean 19 estados del país. Todo esto bajo una rigurosa metodología, en la búsqueda de dar cifras reales, tomando en cuenta la opacidad informativa del Estado venezolano, que no da cifras oficiales de nada de lo que aquí ocurre.
Este es un informe atípico a los que normalmente presentamos, por la situación de covid-19 que vivimos actualmente, por lo que el semestre lo podemos dividir en 2 partes, la primera de enero a marzo y la segunda de marzo a junio, ya en plena pandemia. Sin duda, la investigación en la segunda parte fue más complicada por la cuarentena; sin embargo, hay que reconocer el gran trabajo realizado por nuestro equipo de investigación para la recolección de la información necesaria.
La investigación se realizó en 273 centros de detención preventiva o calabozos policiales, de los aproximadamente 500 que existen en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 7.191 reclusos, pero al momento de realizar la investigación habían 22.664. Lo que representa un hacinamiento de 248%. De este grupo, 1.757 son mujeres, es decir 7,75% de la población, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.
Como dato importante de esta investigación está la muerte de 118 reclusos, 65 de ellos por enfermedades, siendo la tuberculosis la causa principal con 38 muertes. Otros 11 reclusos fallecieron por problemas respiratorios, 7 por desnutrición y 41 fueron ajusticiados en intentos de fuga o supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales en su recaptura.
Es importante destacar que se mantiene la tendencia de 2019, según la cual la causa principal de fallecimiento de los reclusos en estos centros es por enfermedades y desnutrición; a diferencia de años anteriores en los que las riñas y enfrentamientos entre reclusos ocupaban el primer lugar.
Es realmente alarmante la crisis de salud que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es importante aclarar que no guardan relación con el covid-19. El caos ya existía antes. Una Ventana a la Libertad, tiene varios años denunciando la crisis de salud que se vive en estos sitios, ante la indiferencia absoluta del Estado venezolano.
Igualmente, el informe de UVL determinó que existen en los centros de detención preventiva monitoreados: 185 reclusos con enfermedades infectocontagiosas, 397 con tuberculosis, 1.177 con enfermedades de la piel y respiratorias y 517 con desnutrición.
Las cifras realmente alarmantes del informe nos demuestran las violaciones masivas que se cometen contra los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela.
No hay duda de que Venezuela es un Estado forajido en todo lo referente al respeto de los derechos humanos de su población, aquí nadie se salva.
@cnietopalma