Hace algún tiempo tomé la decisión de dejar de escribir artículos de opinión, tal vez una manera de autoflagelarme ante la grave situación del país y la impotencia que sentía al no poder hacer nada para solucionarlo. Ahora decidí volver y desde esta tribuna contribuir a dar ideas sobre lo que debemos hacer, desde mi modesta opinión, para levantar las ruinas del país que recibiremos y cooperar en la construcción de una nueva Venezuela en democracia.
Mi área de trabajo siempre ha sido la defensa de los derechos humanos de los hombres y mujeres privadas de libertad, independientemente de las razones por las que se encuentran en prisión y desde esa óptica trataré de escribir, evitando, en la medida de lo posible, opinar sobre temas que desconozco, aunque no dudo que en algún momento me desvíe del tema.
Hoy quiero hablar sobre los calabozos policiales o centros de detención preventiva, como técnicamente se les conoce, que son espacios transitorios que existen en las sedes policiales del país, donde los presuntos delincuentes detenidos por estos cuerpos policiales, deben permanecer por un lapso que no debería pasar de 48 horas, mientras es presentado ante un juez, para que en caso de ordenar su privación de libertad, les asigne un lugar de reclusión, que debería ser una cárcel dependiente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, según establece la legislación nacional vigente.
Esto, por el uso indiscriminado del poder y negligencia de las autoridades penitenciarias de turno ha cambiado en los últimos años y los calabozos policiales o centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas, verdaderos depósitos de seres humanos, hacinados, en condiciones de insalubridad extrema, con enfermedades infectocontagiosas no tratadas, viviendo en un ambiente realmente deplorable, pero el régimen asegura que es el mejor sistema penitenciario del mundo y que infinidad de países les piden consejos para su aplicación. Me atrevo a decir que los presos en los calabozos policiales viven en peores condiciones de las que se vivían en los campos de concentración nazi.
La responsabilidad de todo este horror penitenciario la tiene el Ministerio para el Servicio Penitenciario, creado mediante decreto N° 8266 el 26 de julio de 2011, en el que se establece “Artículo 2°. Son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: 1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad”.
Esto evidentemente no se cumple, al extremo que, en una circular del 3 de agosto de 2011, dirigida a todos los directores de cárceles del país, la titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, prohibió el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese despacho, si no era previamente autorizados por ellos.
Ahí comenzó el más grande desastre de la historia penitenciaria venezolana convirtiendo a los centros de detención preventiva en pequeñas cárceles que hoy en día suman cerca de 500 en todo el país y donde están un aproximado de 65.000 presos venezolanos de los más de 110.000 que existen en el país. Sin contar que convirtió a los policías en cuidadores de presos en vez de los ciudadanos, que es su verdadera función. En la actualidad, 30% de nuestros policías se dedica a cuidar presos en vez de a la ciudadanía.
La situación de los centros de detención preventiva es tan grave que el pasado 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas de protección a los hombres y mujeres privados de su libertad en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas (Retén de Cabimas), así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes, por las graves violaciones de los derechos humanos, además de las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que este lugar se encuentra. Son estas las primeras medidas de protección que se dictan a un centro de detención preventiva o calabozos policiales en Venezuela, por esta instancia internacional de protección a los derechos humanos.
En mi próximo articulo estaré contándoles la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela en el año 2019, según los datos recopilados por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, de la cual soy su coordinador general, recopilado por el equipo de investigación en 15 estados del país y cuyos resultados son realmente alarmantes.
@cnietopalma