En diciembre pasado se le cayó estruendosamente al régimen su proyecto de articular e impulsar una ola patriotera que le ayudara, entre otros objetivos, a recuperar el apoyo popular, cohesionar a las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, desatar una ola represiva que desmoralizara y silenciara a la oposición en vísperas de un año electoral. En vista de ello, sacó adelante su Plan B -sí, en la mejor lógica de los laboratorios situacionales de raigambre cubiche, el régimen tiene sus planes B- que era acudir a ese expediente tan manido como son la conspiración y los intentos de magnicidio, con la única novedad de que en esta ocasión se victimizaron, junto a Maduro, a otros altos funcionarios.
Es posible que la operación Brazalete Blanco sea un capítulo más de una trama de persecución preparada -con la meticulosidad y alevosía características- desde finales del año pasado, pero que se precipitó por la escasa audiencia que tuvo la tentativa patriotera de Guyana. Ambos eventos, de cualquier forma, convergen en los mismos propósitos en medio de un escenario electoral que luce tan desfavorable para el régimen: inhabilitar a la oposición no solo desde el punto de vista de la efectiva escogencia de su candidata sino también desde el punto de vista político en general.
Al régimen no le basta, ciertamente, inhabilitar a María Corina Machado como abanderada, sino que necesita y procura inhabilitar a la oposición y al país descontento como un todo, menoscabando el derecho a informar, opinar y protestar, y sometiendo a amenazas y persecuciones a las organizaciones gremiales, la sociedad civil, los medios de comunicación y en general todas las fuerzas vivas que hacen demandas de cambio y luchan por mejores condiciones de vida.
El 24 de enero de este año el régimen ya había dado una señal clara de lo que venía al aprobar en primera discusión una Ley para controlar y prohibir las ONG. Rocío San Miguel, conviene puntualizar, es la cara más visible y destacada de Control Ciudadano, la única ONG del país -a saber- que se ocupa de examinar con ojo crítico y responsable los sensibles asuntos militares. Es difícil saber por qué no esperaron aprobar la mencionada ley antes de realizar la razzia contra ella y sus familiares. Lo más seguro es que haya sido la “urgencia” del momento, aunque también es probable que concluyesen que ese nuevo mamotreto legal generaría mucho ruido en el plano internacional y terminaran desechándolo o posponiéndolo. De cualquier modo, Tarek William Saab ha sido ejecutor de una aberrante violación del debido proceso como es la desaparición forzada, reiterando la institución que preside un conjunto de procedimientos que menoscaban los derechos ciudadanos y avalan el terrorismo de estado.
Es particularmente grave la detención de sus familiares, que conforma una práctica perversa, propia de los regímenes totalitarios, la cual se ha venido repitiendo en los últimos años; así como la tendencia que se ve a utilizar el oprobioso mecanismo de la autoinculpación, en la mejor estirpe de los juicios de la NKDV stalinista y también de la justicia cubana, en el caso de Arnaldo Ochoa y los hermanos de la Guardia. Esto ya se ha visto en los procesos por la muerte de Carlos Lanz, y más recientemente en el caso Canserbero, con los hermanos Amésquita. La opinión pública debe estar atenta de que San Miguel pueda ser otra víctima de estos procedimientos.
Cuando se observa que la detención de la activista de Control Ciudadano fue precedida por los autos de detención contra Tamara Sujú y Sebastiana Barráez, quienes también se ocupan del tema militar, uno no puede dejar de pensar que el régimen está acudiendo al mecanismo evasivo de matar al mensajero. La expulsión y degradación de más de 30 oficiales -al parecer de manera humillante y deshonrosa- en el mes de enero (evento del cual informaron las citadas activistas y profesionales, y que no sería de extrañar haya precipitado esta persecución) es una señal de que las cosas no andan tan bien como el régimen quisiera.
Pese al hermetismo propio de la institución armada, no hay que ser avezado en el tema para saber que es una caja de resonancia de la sociedad, y que en ella debe haber también un gran desafecto hacia el régimen y una importante simpatía hacia lo posibilidad de cambio que encarna María Corina Machado; durante la campaña de las primarias fue evidente esa simpatía en muchos policías y humildes soldados y hasta suboficiales y oficiales que debían vigilarla o seguirla. El hecho de que recientemente Padrino López haya anunciado un plan de transformación de la institución, indica que hay una gran preocupación y que se intenta revertir un estado de cosas que no les gusta.
Las molestias que pueda haber en el mundo militar son uno de las múltiples expresiones de una crisis aguda y multifactorial, que ha llevado al régimen a una fase crítica de apoyo y legitimidad, poniendo cada vez más frente a sus narices la necesidad y conveniencia de un proceso de transición. La realidad nacional e internacional se le está poniendo ruda: aunque procura siempre romper los acuerdos y evadir los compromisos, por determinadas razones termina regresando, como ha sucedido esta semana a última hora, al retomar las reuniones con la oposición y discutir el cronograma electoral. El régimen debería reconocer de una vez que ya no tiene el músculo -que tuvo hasta el 2018- para hacer y deshacer. Maduro y compañía sobreestimaron la necesidad que tenían Biden y Estados Unidos del petróleo venezolano, y se encuentran ahora con la espada Damocles de una inminente reanudación de las sanciones.
Queda para la elucubración que esta vuelta a la mesa ha sido posible gracias a la mediación de Petro o a cualquiera otra intercesión. Pero lo cierto es que el gobierno se enfrenta a un panorama donde el costo de abandonar las negociaciones es cada vez más alto, y donde sus problemas procederán en adelante no solo de la oposición sino también del grave y continuado deterioro de sus bases internas de apoyo.
@fidelcanelon