La dictadura venezolana es hoy la más categórica expresión del fracaso. Cualquiera hayan sido los errores cometidos durante el período democrático que va de la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez –en la madrugada del 23 de enero de 1958– a la elección de Hugo Chávez –en diciembre de 1998–, nada se compara con las gestiones del prócer de Sabaneta y el conductor de Miraflores.
No es que nuestra experiencia democrática se desenvolviera como un dechado de virtudes y que la pobreza fuera inexistente; mas es un hecho constatable que el desenfreno y la mala conducción del Estado por parte de la “revolución bonita” llevó a Venezuela a lo que es hoy: antro de pobreza, establecimiento del crimen organizado y centro de destrucción de los valores democráticos y el Estado de Derecho. Como veremos a continuación, estos tres señalamientos están más que corroborados con acciones y omisiones concretas del régimen a lo largo de su desafortunada y criminal gestión.
Respecto a lo primero, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, patrocinada por tres emblemáticas universidades venezolanas (UCAB, UCV y USB), ha sido muy contundente. En un estudio realizado en 2018 se puso en evidencia que el número de “hogares pobres” en nuestro país había aumentado de 46% en 2017 a 48% en 2018. Esta última cifra colocaba entonces en 90% el número de personas que no tenían ingresos suficientes para comprar alimentos. Es más que obvio que para el día de hoy esta última cifra tiene que ser espeluznante, colocándonos entonces en la Edad de Piedra, en plena prehistoria.
En cuanto a lo segundo (la condición de Venezuela como establecimiento del crimen organizado), antes que referirnos a casos recientes preferimos rememorar los hechos que involucran a Eladio Aponte Aponte, ex militar y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quien en 2012 huyó de nuestro país y se refugió en Estados Unidos para colaborar con la DEA y el Departamento de Justicia. Ya en tierra segura, Aponte confesó que en el ejercicio de su cargo fue presionado para que absolviera –acción que por supuesto concretó– a un alto militar del Ejército venezolano involucrado en el tráfico de drogas; también acusó a los generales Henry Rangel y Clíver Alcalá Cordones de estar inmiscuidos en el tráfico de drogas. Antes de viajar al Norte, Aponte escribió una carta que hizo pública el 16 de abril del año anteriormente indicado, en la que confiesa haber recibido órdenes y presiones del presidente Hugo Chávez para que condenara con las penas máximas (30 años de prisión) al comisario Iván Simonovis (secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, durante los sucesos de abril de 2002 en Caracas) y a comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas (Henry Vivas y Lázaro Forero), por la participación que ellos tuvieron en dichos sucesos que conllevaron a la salida de Chávez del poder por pocos días.
Respecto a lo tercero –la índole de centro de destrucción de los valores democráticos y el Estado de Derecho- sería necesario escribir un largo ensayo que registre todas las arbitrariedades que se inician al momento de Chávez juramentarse como presidente de la República. De acuerdo con la Constitución entonces vigente, el candidato electo debía tomar posesión del cargo de presidente de la República mediante juramento ante las Cámaras reunidas en sesión conjunta. Se trata de un acto formal que se concreta con el procedimiento protocolar de costumbre (“jurar, respetar y de hacer respetar la Constitución”), sin cuyo cumplimiento no es posible acceder al ejercicio de las funciones como presidente de la República. Chávez asistió al acto solemne el 2 de febrero de 1999 y ante una Venezuela atónita dijo: “Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que ‘sobre esta moribunda Constitución’ impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos”. Lo expresado era contrario a la formalidad exigida y la práctica establecida, con lo cual se deslegitimaba el acto en sí. La asunción del cargo se llevó a cabo entonces a través de los hechos, mas no del derecho.
A partir de ese momento las acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han ejecutado a porrazos, pasando por encima de la Constitución y las leyes, tal como lo ponen en evidencia las múltiples ejecutorias inconstitucionales del conductor de Miraflores y el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Sí, hemos vivido un verdadero infierno pero de esta borrasca saldremos; siempre la oscuridad es más intensa cuando está próximo el amanecer. La prospectiva que tiene hoy la dictadura sobre su permanencia en el poder, es la de un colador roto por la nueva realidad mundial.
@EddyReyesT