Varios jefes de Estado han declarado, con alguna ligereza, que lo ocurrido en Bolivia, con la renuncia de Evo Morales, fue un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  No comparto ese criterio. El gobierno de Evo Morales es un excelente ejemplo de lo que significa un régimen influido por la visión del socialismo del siglo XXI: alcanzar el poder a través de elecciones democráticas para preservarlo indefinidamente mediante la permanente violación de los valores fundamentales de una democracia: el equilibrio de los poderes del Estado, la limitación de las libertades ciudadanas, la alternancia republicana, la utilización indebida de los dineros públicos y la  politización de las Fuerzas Armadas.  Además, el régimen de Morales buscó modificar la base social de Bolivia al reconocer constitucionalmente que en su territorio convivían 36 naciones distintas y no un solo pueblo, mestizo racialmente,  como base del Estado para tratar de crear  la mitología del Estado plurinacional. El deber de las Fuerzas Armadas bolivianas era reconstituir las bases fundamentales del Estado.

Además, la candidatura de Evo Morales, para las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, presentaba un grave cuestionamiento que comprometía, de antemano, la legitimidad de su posible triunfo. El 21 de febrero de 2016 se presentó a referéndum una propuesta de reforma constitucional que, entre otras modificaciones, planteaba eliminar la prohibición existente de poder reelegirse por tercera vez. Ese proyecto fue rechazado con una victoria del no, con 52%, frente al sí, con 48% de los votos. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, parcializado a favor del régimen, falló a favor de una “repostulación indefinida” aduciendo que los derechos políticos estaban por encima de la voluntad popular. Acto seguido, el Tribunal Supremo Electoral, también parcializado a favor del gobierno, convocó a elecciones presidenciales y legislativas permitiendo que  Morales lanzara su candidatura. Las numerosas irregularidades ocurridas durante las elecciones fueron rechazadas por todos los factores de  oposición a través de multitudinarias manifestaciones.

Las protestas de esos factores, ante la represión policial y de grupos organizados del oficialismo, tomaron mayor fuerza al desarrollarse en antiguos  reductos controlados por el régimen. Universitarios y clases medias se movilizaron durante la noche para enfrentar a las patrullas policiales y a los poderosos sindicatos  y “movimientos sociales” oficialistas generándose centenares de heridos, aunque de manera sorprendente las fuerzas del orden solo causaron tres muertos. El sector minero amenazó con utilizar tacos de dinamita en el enfrentamiento social existente creándose dos bandos, en permanente y violenta lucha que no daba muestras de perder fuerza. Al contrario, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con  un particular carisma, endureció las exigencias, en medio de multitudinarias manifestaciones, al solicitar la renuncia de Evo Morales, de todos los miembros de su gobierno, del  Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y de los senadores y diputados.

Las protestas, en lugar de disminuir se incrementaron. Los hechos se complicaron  aún más al surgir en la Policía Nacional un creciente descontento que se manifestó en diferentes actos de desobediencia en las unidades policiales de los distintos departamentos. Convencidos los altos mandos militares bolivianos que la causa de la violencia  era la presencia de Evo Morales en la presidencia de la República, el general Williams Kaliman, a nombre de las Fuerzas Armadas, le sugirió al presidente Morales “renunciar a su mandato presidencial por el bien de Bolivia, para poder permitir  se recupere la estabilidad social y la paz». El gobierno de México le concedió asilo diplomático territorial.  La senadora Jeanine  Áñez se juramentó como presidente de la República y con gran tino señaló que su única política era conducir a Bolivia a unas elecciones justas y equitativas. De manera sorprendente, destituyó al general William Kaliman, exageradamente comprometido con el anterior régimen, y designó en su reemplazo al general Carlos Orellana Centellas, un oficial de excelente hoja de servicio y un reconocido sentido institucional.

De inmediato, dirigentes del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo empezaron una fuerte campaña de opinión a fin de desacreditar la solución política y militar que condujo a la renuncia de Evo Morales. En una situación tan compleja, los militares profesionales deben orientar su actuación  en aspectos doctrinarios fundamentales. Lo primero que se debe conocer es que unas Fuerzas Armadas nunca están al servicio de un gobierno ni de un determinado proceso político. Su lealtad le corresponde exclusivamente a la nación y al Estado. De allí que en un momento de crisis política, el militar profesional debe realizar una profunda reflexión para conocer cuál va a ser su posición en medio de las circunstancias violentas que pueden estarse desarrollando. De todas maneras, estoy convencido de que en Venezuela ocurrirán acontecimientos que exigirán de los cuadros militares una firme posición.  ¿El régimen de Nicolás Maduro representa los intereses nacionales? Creo que no. Al contrario, su gobierno ha comprometido el destino de Venezuela. El mejor ejemplo es la destrucción de Pdvsa, la impagable deuda pública, la descarada corrupción y pare usted de contar. ¿Cuál debe ser, ante esta circunstancia, la actitud de un oficial activo? Recordar su juramento de soldado. A partir de esa reflexión actuar de acuerdo con lo que le dicte su consciencia. Eso sí, recuerden que Venezuela está en peligro.

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