Que no quede duda alguna. Los destrozos ocasionados en la capital colombiana entre el 8 y el 10 de septiembre tienen nombre y apellido aunque unos cuantos no lo quieran reconocer.

Una conjunción operativa bien orquestada de las FARC y el ELN unida a una planificación estratégica que se origina en Caracas y que tiene una sucursal eficiente en los despachos de un excandidato a la Presidencia de su país armó todo el tinglado. Puede bien haber sido lo contrario y que la iniciativa partiera de la capital colombiana para encontrar fondos y apoyos en el concubinato venezolano-cubano que actúa a sus anchas desde el Palacio de Miraflores.

Tampoco es absurdo pensar que los carteles de la droga mexicanos estén implicados hasta el cogote en el sanguinario embrollo. Es más que conocido a esta hora hasta dónde el cuarteto conformado por la revolución bolivariana, los insurgentes elenos y farianos, junto con los ilegales del narcotráfico mexicano, no solo han hecho comandita para capturar en su beneficio todas las formas de poder en Venezuela, sino que tienen estructurado un plan que traspasa las fronteras del Arauca y se extiende más allá de Colombia, a otros países del continente con una finalidad gemela a la venezolana.

Detalles bien seleccionados de los desórdenes y manifestaciones y masacres han sido ampliamente difundidos por la prensa local y mundial, sin que se pueda, a través de ellos, asignarle autoría clara y definitiva a los realmente responsables. Pero es evidente que sectores interesados vinculados con las izquierdas radicales colombianas sí han armado un plan comunicacional amarillista para generar confusión sobre los hechos, la manera en que se originaron, quiénes fueron los afectados y muy particularmente, para asignarles una responsabilidad directa a los cuerpos de policía y defensa del país.

El caso es que 148 policías resultaron heridos en las refriegas, 12 personas murieron en Bogotá y Soacha tras ser impactadas por balazos y 581 civiles resultaron heridos. Fue constatada en gráficas inequívocas la utilización de bombas molotov por parte de los agresores y se ha comprobado la actuación de bandas equipadas y entrenadas para causar el caos que vivió la ciudad y que hoy atemoriza a sus habitantes. También la revisión profesional detallada de las redes sociales ha conseguido evidenciar, por su lado, el entramado de acciones vandálicas que fueron guiadas a través de grupos de Whatsapp durante la jornada fatal, concluyendo que tampoco hay nada de casual en ellas sino que responden a un plan armado con fines bien específicos. El objetivo era el descrédito de la Policía Nacional.

Lapidarias son las palabras de Carlos Holmes Trujillo, que lo califica de “un ataque coordinado”, porque así lo demuestra la información de inteligencia y las líneas investigativas. “Hay organización por parte de estas personas, por parte de estas redes y colectivos para infiltrar la protesta social legítima con el propósito explícito de generar violencia, caos y destrucción”. Para el actual ministro de la Defensa “el blanco fue la Policía Nacional a través de su infraestructura, los CAI, las Estaciones de Policía, los Comandos. 95 instalaciones policiales fueron atacadas, 69 de ellas en Bogotá.”

Lo dramático es constatar que hay altos funcionarios que se prestan deliberadamente y en medio de la confusión general, a este perverso propósito. Mientras el ministro de la Defensa considera que los casos de abuso policial -si los ha habido- deben ser investigados y sancionados, además de investigarse el ataque organizado contra la Policía Nacional, la ministro del Interior, Alicia Arango, la emprende en contra de las fuerzas policiales y propone, en este crítico momento, su “transformación”.

Alarma la falta de criterio que se consigue entre los altos funcionarios del gobierno en un momento tan crucial para la historia del país como el actual. Lo único a ser compartido por todos de manera solidaria es la necesidad imperativa de esclarecimiento de los hechos y la judicialización y castigo de los culpables.


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