Nicolás Maduro decidió no asistir a Barbados la semana pasada con el pretexto de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado lunes, que bloqueó los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y sancionó el intercambio comercial y financiero entre las personas naturales y jurídicas y el régimen de Maduro. 

Cualquier transacción que se efectúe en dólares o a través de algún banco estadounidense se somete a la legislación de Estados Unidos, por tanto, los países que lleven a cabo la operación están obligados, también. A menos que la empresa o ente tenga una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que autorice la operación. 

Por lo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, al verse maniatados por las sanciones y sin capacidad de negociación (lobby de la dirigencia “opositora”) con la Casa Blanca, optan por la muerte súbita de la Asamblea Nacional, ajusticiando a los diputados pertenecientes a las fuerzas políticas que apoyan a Juan Guaidó. 

En consecuencia, Maduro con el resto de los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen el control del aparato del Estado tratan de detener la avanzada de la Asamblea Nacional -última institución democrática que queda en Venezuela- para que no “invoque el artículo 187-11 constitucional, ni solicite de la activación del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) a la comunidad internacional”.

Además, el desmantelamiento progresivo de la Asamblea Nacional es una agresión a las 62 delegaciones (59 países y 3 organismos internacionales) que asistieron a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela que se llevó a cabo en Lima, que buscaban una salida pacífica a la crisis nacional.

Este ataque continuo a la AN de parte de Maduro podría desatar otras medidas por parte de Estados Unidos. 

A principios de este mes, Trump respondió a un periodista en la Casa Blanca que sí estaba considerando un bloqueo o cuarentena para Venezuela, pero no dio detalles sobre la posible medida. 

En 1989 y 1985, los regímenes de Panamá y de Nicaragua, respectivamente, fueron obligados a dejar el poder después del bloqueo que realizó Estados Unidos. En ambos casos, la medida respondió a que «las acciones y políticas de ambos regímenes representaban una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos». 

En Panamá los motivos fueron: la protección de la vida de los ciudadanos estadounidenses; la defensa de la democracia y los derechos humanos; la detención de Noriega para enfrentar delitos de narcotráfico; y el cumplimiento del tratado Torrijos-Carter de 1977.

En Nicaragua fue la lucha contra el comunismo. El bloqueo logró frenar la exportación de la insurrección armada y subversión a los países vecinos; el establecimiento de la democracia, el estado de derecho; y la aplicación de los derecho humanos. 

En el caso de Venezuela existen las mismas razones que se dieron tanto en Panamá como en Nicaragua para imponer el bloqueo: el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos; el freno de la exportación de la insurrección armada, terrorismo y subversión a los países vecinos; y la derrota del narcotráfico y el Estado mafioso. 

Por lo que Trump tendrá que enfrentar a Maduro y Cabello como lo hicieron Ronald Reagan y George W. H. Bush en Panamá y Nicaragua, respectivamente. De lo contrario, la inestabilidad política, social y económica en la región demandará tal esfuerzo que será tarde. Porque Maduro y Cabello buscan desaparecer el único poder legítimo que queda en Venezuela para dominar el país bolivariano y la América Latina mediante el Foro de Sao Paulo.

En consecuencia, los gobiernos democráticos de las Américas deben cerrar filas para bloquear los medios que sostienen el régimen de Maduro y al conglomerado de organizaciones criminales en Venezuela. 

“Bloqueo o cuarentena para Venezuela”.