Por falta de sorpresas en Venezuela no nos podemos quejar. La última es la recientemente aprobada Ley Antibloqueo y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por la asamblea nacional constituyente (institución nombrada ilegalmente, favor no olvidarlo), y bajo el reclamo, por cierto, de algunos diputados que ni siquiera fueron enterados de la iniciativa que suscribió Nicolás Maduro. Se dice, además -cosa que nadie puede asegurar en estos tiempos de “verdades alternativas”- que fueron apenas tres o cuatro diputados los que intervinieron en la discusión del proyecto.
Comienzo por aclarar, con el fin de evitar malos entendidos, que soy absolutamente contrario a las sanciones como instrumento político, convicción de la que he dejado constancia escrita en diversos artículos anteriores, publicados en El Nacional.
La Ley Antibloqueo
Visto desde el punto de vista del Estado de Derecho, el proyecto de Ley Antibloqueo es un despropósito, según lo han calificado algunos especialistas, debido, entre otros motivos, a que establece como su eje central que toda ley puede ser desconocida. Así las cosas, el jefe de gobierno tiene poderes para “desaplicar” el ordenamiento jurídico, tarea que incluye suspender las normas jurídicas, incluso aquellas que tienen un carácter constitucional. Hasta donde se ha podido saber, con esta ley se pretende despejar el terreno, incluidas leyes orgánicas y hasta legislaciones específicas sobre ciertas materias, abarcando la posibilidad de tomar medidas contrarias o negadoras de la Constitución y del marco legal vigente. Esa “desaplicación”, serviría sobre todo, según se argumenta, para reconstruir el funcionamiento de la economía, esa economía que se ha venido al suelo a lo largo de la gestión del propio gobierno y que ahora, dicho sea de paso, se piensa en medidas “neoliberales”, conforme las han llamado ciertos sectores del propio chavismo, colocando como ejemplo de ello la suspensión del control de cambio y del control de precios.
Además de lo anterior, me interesa poner de relieve la gravedad que representa la capacidad de desaplicar en secreto la totalidad del ordenamiento jurídico. Significa concederle al Ejecutivo Nacional la posibilidad de anular la vigencia de cualquier norma cuando lo estime necesario y, por si fuera poco, hacerlo de espaldas a los ciudadanos, no importa cuán importante sea para sus vidas y la de sus familias. Así las cosas, cualquier acto de difusión de las medidas podría ser sancionado legalmente.
Conforme a lo que piensan diversos especialistas, mediante ese instrumento se podrán entregar las riquezas venezolanas a China, a Rusia y a Irán por citar los ejemplos que primero me vienen a la cabeza, lo cual incluye zonas enteras del territorio, ejecutado de forma inconsulta, en negociaciones secretas, opacas y corruptas.
En el chavismo también se cuecen habas
La asamblea nacional constituyente aprobó de mala manera la ley mencionada. No asistieron todos los parlamentarios, algunos de ellos ni siquiera conocían la iniciativa y solo tres o cuatro abogados, dicen las malas lenguas, fueron los que intervinieron en el diseño del proyecto, el cual puede entenderse que equivale a la entrega de la soberanía nacional a cambio del levantamiento de las sanciones.
Como cabe esperar, la medida tomada por Maduro provocó desavenencias serias dentro del chavismo al resucitar un debate ideológico, tal como lo expresa el profesor Nicmer Evans. Después de haber pasado 21 años del desmantelamiento de la industria privada, las autoridades gubernamentales se convencen, por solo citar un caso, de que las expropiaciones de Chávez fueron un error que hay que enmendar estableciendo las condicione en las que se podrían devolver las empresas a sus propietarios. En materia muy diferente a la anterior, la ley podría autorizar, por ejemplo, que se desaplicara al narcotráfico como delito, considerándose su legalización como una forma de generar ingresos más allá del bloqueo.
Pareciera tener razón el dirigente del PSUV Telémaco Figueroa, representante del estado Sucre, cuando señaló que “no hay ninguna justificación por parte del bloqueo para que lo que hagas en lucha contra ese bloqueo sea entregar el Estado a otros países”. Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela no ha dejado de mostrar su desacuerdo con la mayoría de las disposiciones y el sentido final de la ley.
El Estado del Disimulo
Me acuerdo a propósito de todo esto del célebre ensayo de Cabrujas, publicado hace al menos dos décadas y media, en el que calificaba al nuestro como «el Estado del Disimulo». Decía en una memorable entrevista que le hicieron que entre nosotros el concepto de Estado es simplemente un «truco legal» que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas del «me da la gana«.«Estado es lo que yo, como caudillo, como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Ley es lo que yo determino que es ley”. En palabras menos brillantes, yo diría que por tiempos nuestro Estado se desempeña en formato “caimanera”, evento deportivo que tiene lugar con reglas cambiantes de acuerdo con las circunstancias, un árbitro parcial, en terreno irregular lleno de huecos, en fin …
Cuándo entenderemos los venezolanos -me preguntaba con el profesor Victor Rago, de la UCV, con quien conversé varias de las ideas aquí expuestas- que nuestra crisis económica, y en general la que nos agobia en todos los ámbitos dentro de los que se desenvuelve nuestra vida colectiva, se resuelve en el terreno político. Las elecciones del próximo 6 de diciembre podrían abrir un horizonte que nos saque de esta calle ciega en la que estamos metidos.
Ojalá puedan serlo. Como he señalado en otras ocasiones, citando a Daniel Innerarity, el optimismo no es una opción, es una obligación.