El autoritarismo en Venezuela tiene pisoteados los medios de comunicación desde la llegada de Hugo Chávez. Se ha mantenido un continuado atropello a la radio, la televisión y la prensa, que se ha implementado en los últimos años con un adefesio jurídico conocido como la Ley Resorte. Entre sus principales desafueros figura el cierre de Radio Caracas Televisión en mayo de 2007 y de allí en adelante la narcodictadura incrementó la persecución, incautación o mejor dicho apropiación indebida, de equipos a periodistas, medios de comunicación, e incluso de las infraestructuras físicas, que es el deseo del régimen con respecto a las instalaciones del periódico El Nacional.
El llamado socialismo del siglo XXI ha violado el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, a través de la Ley Resorte o Ley Mordaza y con ese instrumento ilegal han cerrado más de doscientos medios de comunicación en Venezuela. Los medios radioeléctricos que aun existen se autocensuran por miedo a ser clausurados por el régimen bajo cualquier excusa, sea por informar sobre violación de los derechos humanos o por no informar las mentiras de la tiranía, motivo suficiente para ser censurados. Sencillamente, a la dictadura no le interesa tener ningún medio de comunicación que exprese la realidad de lo que ocurre en el país.
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los derechos lejanos, Michelle Bachelet, denunció en su informe de 2019 que se han cerrado medios, perseguidos y detenidos periodistas: “En los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Luego, en 2021 la comisionada Bachelet reiteró la intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación; también se pronunció por la incautación en medios locales, de sus equipos y el cierre de estaciones de radio en el país.
Recientemente, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas dio a conocer un comunicado en el que denunció la censura, cierre de medios, agresiones y detenciones a periodistas, incluyendo el robo de sus equipos, haciendo referencia también al caso de El Nacional, con una demanda millonaria que de no ser cancelada se traduciría en la apropiación de la infraestructura donde ha funcionado el periódico, decano del periodismo venezolano durante 77 años.
Con relación a este mismo caso del diario El Nacional, el 5 de mayo se realizó el foro: “El alto costo de informar”, en el que participaron diferentes editores hispanoamericanos, que explicaron cómo todos ellos habían sido victimas de persecución, censura y juicios amañados para imponerles altísimas multas de gobiernos autoritarios con el único fin de acallarlos para siempre porque se convierten en una molestia para las dictaduras por denunciar la verdad de la sistemática violación de los derechos humanos a sus pueblos. Entre los ponentes, destaca el caso de Carlos Pérez Barriga del periódico El Universo de Ecuador, recordando que durante el gobierno de Rafael Correa “se copió al carbón usanzas de Chávez en Venezuela”. También Ricardo Kirschbaum, editor del Clarín en Argentina, entre otras afirmaciones recalcó que la intención de estos gobiernos autocráticos es: “Suprimir a los medios de comunicación que no se subordinaron a sus intereses”. El Nacional también recibió el respaldo de Armando González, del periódico La Nación de Costa Rica. Quizás la intervención que aclaró más el tema fue la de Bieto Rubido, porque explicó como exdirector de ABC de España que El Nacional solo republicó una noticia que apareció en el ABC de España en 2015 y la cual después fue confirmada por la Administración de Control de Drogas –DEA por sus siglas en inglés– de acuerdo con las propias palabras del periodista Rubido.
Mas allá de la confiscación de las instalaciones de El Nacional, queda la grave preocupación de que se utilice la infraestructura de el periódico para la creación de una escuela de periodismo, donde podrían formarse comunicadores que solo informarían sobre las directrices que la dictadura ordene, por lo cual no sería una escuela de periodismo tradicional, sino un vocero de la revolución para desinformar sobre la realidad del país y engañar a la población sobre lo que acontece en el país. Se hace imprescindible seguir alzando la voz para que la comunidad internacional entienda que en Venezuela no existe libertad expresión, pero además se continúan violando los derechos humanos más fundamentales.
“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres” Suetonio, historiador romano.