Las líneas de acción emprendidas por la administración lopezobradorista durante estos más de tres años marcan un parteaguas para el antes y el después en el cumplimiento del Estado de Derecho. El sello que le dará identidad no será únicamente definido por acciones contrarias a la ley, sino por decisiones que desde el más alto nivel y sin el mínimo recato, promueven la violación constitucional una y otra vez.
Entre esas decisiones está la intención del presidente de explorar recovecos administrativos para imponer una Guardia Nacional bajo el mando de militares y de extender la presencia del grupo castrense en las calles indefinidamente. Sin evidencia de que den resultados y enredados en la espiral de violencia en zonas rurales y urbanas su abnegación por las formas militares le ha llevado a mostrar los alcances de su poco respeto a la legalidad.
Bien vale recurrir a una reflexión de Wolf Grabendorff, 2009: “En una época de Estados débiles –e incluso muy frágiles–, la redefinición de la relación entre democracia y militares se convierte en un tema esencial para la supervivencia de la gobernabilidad. Sin embargo, tal redefinición requiere que este grupo de la sociedad –el mejor organizado y, teóricamente, el que ostenta el monopolio del uso de armas– acepte este papel de carácter funcional y se concentre más en él, abandonando su tradicional ambición de influir en, o incluso modificar, el sistema político”. (Wolf Grabendorff, 2009)
Si alguna decisión coloca en total estado de vulnerabilidad a nuestra democracia, es esta propuesta disfrazada de interés por la reducción de la violencia.
El militarismo es profundamente antidemocrático. Las Fuerzas Armadas son el atajo hacia el autoritarismo de la fuerza.
Otra de las líneas autoritarias que adoptó este gobierno es el incremento de delitos que ameritan prisión preventiva.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo la audiencia sobre prisión preventiva por delitos que esta administración impulsó. No deberá sorprendernos que, con una improvisación de última hora, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, revire su propia decisión de haber avalado esa línea autoritaria y poco eficaz para hacer prevalecer el Estado de Derecho. No olvidemos que, en 2010, después del caso Radilla, Zaldívar fue impulsor de un criterio jurídico que hasta hoy le dio sustento a la prisión preventiva en la Constitución.
Entre las medidas administrativas promovidas desde el Poder Ejecutivo y las reversas forzadas desde el Poder Judicial, lo que queda en evidencia es el débil espíritu de derechos y libertades de quienes llevan la voz de mando en nuestro país.
Artículo publicado en el diario El Universal de México