La confrontación y la coerción como formas de hacer y entender la política han sido las maneras que Maduro ha escogido para gerenciar un régimen totalitario para subyugar a la nación.
Además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por el régimen a nivel internacional; en el plano interno, se suma ahora el empeño de imponerle al país un paquete de medidas incoherentes, insuficientes en sus alcances, discriminadoras y absolutamente descoordinadas que incrementarán sustancialmente la ya elevada inflación que padecemos, el endeudamiento del país y la velocidad de pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos.
Pero lo más grave de este asunto es que se ha establecido una dolarización de facto para la fijación de los precios de los bienes y servicios que se consumen y transan en el país sin que al mismo tiempo se hayan dolarizado también los sueldos y salarios que devengan los empleados y trabajadores, creando de esta forma una injusta discriminación que perjudica a la mayoría de los ciudadanos.
Por otra parte y específicamente el abusivo y desmedido incremento del precio de la gasolina con sus diferentes modalidades en bolívares y dólares y en la aplicación de subsidios, es otra falla garrafal en el paquete anunciado por el régimen, puesto que tales medidas exacerbarán las prácticas ilegales en la compra-venta de los combustibles, entre otros, la aparición de un mercado negro, la extorsión, la especulación, el contrabando de extracción.
Todo ello, sin resolver de manera permanente el problema de la incapacidad de las refinerías para producir la gasolina que demanda el país. No sabemos, a fe cierta, para qué fines se utilizarán los recursos fiscales que obtendrá el gobierno mediante el injusto y explosivo incremento del precio de los combustibles.
El desboque del proceso inflacionario, la creciente sobrevaluación del bolívar, la destrucción de lo que queda del aparato industrial,el acelerado crecimiento del gasto público, el consecuente desorden fiscal, la contracción que se viene operando en el crecimiento de varios sectores de la economía, la consecuente pérdida de puestos de trabajo y la expansión de la corrupción son algunas de las consecuencias que dramáticamente golpearán a la nación por la aplicación del modelo económico gubernamental. De allí que este paquete y la opacidad de sus fines contribuirá a profundizar los desequilibrios señalados a un costo creciente per cápita.
Por otra parte, los profundos desequilibrios que experimenta la economía venezolana deberían ser abordados por el gobierno con un plan económico asertivo y profundo que articule políticas públicas adecuadas para resolver los problemas planteados. Pero no imaginemos escenarios imposibles; todos sabemos que el régimen no cambiará la actitud destructiva y de confrontación que ha mantenido frente a la economía nacional a lo largo de los años en que ha destrozado al país y a sus habitantes; el régimen postergará, hasta después de las eventuales elecciones parlamentarias, los necesarios ajustes de las variables macroeconómicas que debe asumir; por tanto, es injustificable y criminalmente irresponsable, que se adopten medidas de esa naturaleza, en un contexto tan complejo e incierto por lo que no generarán beneficio alguno para el país.
Las encuestas de opinión muestran un creciente desagrado de la población por la gestión de Maduro, lo que eventualmente se traducirá en un aumento del rechazo a su persona y a su régimen.
Con la caída de los precios del petróleo, financiar el costo de funcionamiento del país se hace sumamente complicado y si a ello le agregamos que el régimen se desenvuelve en un ambiente de franco deterioro y descrédito del liderazgo de las autoridades gubernamentales y de profundo malestar y decepción colectivas por la falta de realizaciones del gobierno, debemos concluir que se trata de una empresa de gran envergadura que demanda grandes recursos de financiamiento que el gobierno no dispone y que tampoco puede obtener por vía del endeudamiento.
En consecuencia y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno con la falta de escrúpulos que le caracteriza, ha decidido imponer por vía de la fuerza que no de la racionalidad, las medidas que supone le garantizan un importante flujo de caja para sus actividades sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales asociadas a la asunción de tales medidas.
Afortunadamente, está cerca la salida de Maduro y su combo de inútiles y facinerosos y, en ese entonces, se abrirá la irrenunciable y acuciante obligación para que todos los ciudadanos, endeudados por la irresponsabilidad de este régimen, procedan a establecer un gobierno de transición y le entreguen a otras capacidades la inmensa tarea de corregir estos entuertos, conducir y reconstruir nuestra sufrida nación. El mejor servicio que el régimen y sus funcionarios le puede prestar al país es que, cuanto antes, se vayan.