Alberto Fernández

El gobierno de Argentina dio un giro de 180º en su política de derechos humanos, luego de los procesos vs Videla y otros. Ahora, al retirar su firma de la remisión de los hechos a la CPI, es indiferente a los desmanes ocurridos en Venezuela. Algo incomprensible e inaceptable de un gobierno electo democráticamente. Sin embargo, es imprescindible que se cumpla el proceso ante la CPI para que quede la memoria jurídica de los crímenes que aquí han ocurrido y se dé satisfacción a las víctimas.

En este artículo se intenta evitar que haya una vuelta a los tiempos oscuros de tolerancia a los crímenes del III Reich alemán, cuando Argentina se convirtió en refugio de criminales nazis al alojar a Adolf Eichmann, entre muchos otros genocidas y criminales de guerra. Se debe recordar la frase de Perón: “Al amigo todo; al enemigo, ni justicia” (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=WDh9M9aty4U). Ojalá que esto jamás se repita. La memoria histórica y cultural debe servir para prevenir.

El retiro de Argentina de la inédita remisión que hizo en 2018 junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú a la CPI debe ser interpretado como un apoyo que busca encubrir y negar las atrocidades que se perpetran en Venezuela. La solidaridad automática por afinidad ideológica es un mal que se presenta en este caso, en contradicción con los derechos humanos y el derecho penal internacional que exigen cumplir con la responsabilidad de proteger (“R2P”) y evitar la impunidad de las atrocidades. Es, además, una bofetada a las víctimas.

El retiro de Argentina de la remisión a la CPI no tiene efecto procesal alguno en el examen preliminar de la Situación I de Venezuela que adelanta la Fiscalía ante la CPI, el cual fue abierto por la decisión motu proprio de la fiscal Bensouda. Sin embargo, es una manifiesta declaración de que Argentina no cooperará con las investigaciones ni las decisiones que aquella tome. Esto ha sido criticado enérgicamente por Amnistía Internacional (Ver: https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-expresa-preocupacion-por-la-retirada-argentina-de-la-denuncia-contra-venezuela-ante-la-corte-penal-internacional/).

Los “crímenes de masa” no pueden ser ignorados ni negados bajo falsos argumentos que evidencien “indiferencia moral” (Zaffaroni Dixit: El crimen de Estado como objeto de la criminología, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r20412.pdf). El proceso continúa, pese al retiro de Argentina de su remisión previa. Afortunadamente.

No cooperar con la CPI no solamente evidencia una clara irresponsabilidad frente al deber de proteger ante atrocidades, sino que abre la puerta de Argentina como potencial refugio para la impunidad de los sospechosos. Días antes, el presidente argentino dijo que “el problema de los derechos humanos en Venezuela está desapareciendo (Ver: https://www.efe.com/efe/america/politica/alberto-fernandez-cree-que-problema-de-ddhh-en-venezuela-fue-desapareciendo/20000035-4539633). Insólita afirmación, quienes desaparecen son los detenidos arbitrariamente.

El retiro de Argentina de la remisión de la Situación I de Venezuela es un escándalo mayúsculo. El presidente Fernández fue profesor de Derecho Penal (Ver https://www.modelocurriculum.net/biografias/politicos/alberto-fernandez), pero está actuando como político, olvidando su deber pedagógico y las lecciones a sus estudiantes (Ver: https://twitter.com/alferdez/status/1270774544995889154). Con todo respeto, creo que el presidente debería rectificar.

El examen preliminar de la Fiscalía ante la CPI es un procedimiento que solo estudia la información disponible, la que le llegue, tanto la que provenga de parte de las víctimas como la que quieran enviar los perpetradores. Su análisis jurídico sobre el mérito de la información recibida determinará si se debe o no abrir la investigación formal (Ver: https://cepaz.org/articulos/el-examen-preliminar-de-la-fiscalia-de-la-corte-penal-internacional-caso-venezuela/).

En el examen preliminar de la Fiscalía ante la CPI no hay una investigación formal sobre los hechos ni imputaciones, tampoco hay un juicio, no hay contradictorio, ni se evacuan pruebas. Es un análisis de mero derecho para determinar si hay competencia o no en lo material, territorial, personal y temporal. El examen preliminar es un análisis estrictamente jurídico para determinar si hay o no investigaciones relevantes y genuinas sobre los máximos responsables de las atrocidades. Hasta ahora, el Ministerio Público solo habla de los posibles autores inmediatos, funcionarios de bajo rango en las respectivas cadenas de mando militar y policial.

En fin, mi opinión sobre la Situación I de Venezuela es que opera el principio de complementariedad, dado que no hay investigaciones genuinas ni relevantes en Venezuela en torno a la determinación de si los máximos responsables, quienes debieron prevenir, impedir y reprimir las atrocidades, cumplieron o no con sus deberes y si fueron o no partícipes mediatos de los hechos.

En consecuencia, pienso que procede que la Fiscalía ante la CPI deba abrir la investigación formal con todos sus efectos. Los derechos humanos de las víctimas son preeminentes. La memoria jurídica debe prevalecer frente a la negación y el olvido. ¡Es justicia!

@DhMonitor @FM_Fernandez


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