Los enfrentamientos fronterizos no son un problema que atañe solamente a Venezuela ni llegaron con el chavismo.
Estamos hablando de una frontera de 2.219 kilómetros afectada por una conflictividad de vieja data. Por ejemplo, el contrabando es un problema histórico que viene desde la época de la colonia; el cartel del Norte, desde los años ochenta ya había creado su propio corredor para el narcotráfico; y los grupos insurgentes colombianos llevan décadas operando entre Colombia y Venezuela, es decir, nada de esto es nuevo.
Ahora bien, corresponde decir que debido a la ruptura de relaciones entre ambos países ha sido imposible coordinar operaciones conjuntas para solventar los graves problemas en materia fronteriza. Del lado colombiano han asumido una política de “brazos caídos” y del lado venezolano ha faltado más efectividad.
La frontera colombo-venezolana hace tiempo se convirtió en una especie de tierra de nadie, un centro de informalidad, ilegalidad e inestabilidad sociopolítica. El crimen, es la empresa multiagencial, binacional y transnacional más favorecida por la falta de comunicación entre Bogotá y Caracas. Lamentablemente, son los criminales y terroristas quienes están imponiendo la ley en nuestra frontera, quienes determinan el nuevo asentamiento social, los esquemas de seguridad y convivencia, el ejercicio de la política, las relaciones comerciales y hasta la reconfiguración del territorio.
En noviembre de 2019 escribí “si no se interviene a tiempo, la crisis colombo venezolana pudiera estar dando origen a un nuevo Estado-Nación de tipo criminal”. En este orden, el enfrentamiento iniciado el 21 de marzo en inmediaciones del estado Apure y el Arauca, entre una disidencia criminal que afecta tanto a Colombia como a Venezuela, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es parte de ese escenario ya anunciado.
Sin canales de comunicación y con el cruce fronterizo cerrado los principales perdedores son los colombianos y los venezolanos, quienes sufren el calvario de los pasos ilegales donde su derecho a la vida y a la dignidad humana están más que vulnerados.
En términos económicos la situación es alarmante, ya que el flujo económico fronterizo no ha cesado, por el contrario ha crecido, con la salvedad de haber pasado de un mercado formal de 250 millones de dólares a un mercado informal que registra más de 2.000 millones de dólares para finales de 2019 (cifras de Cavecol).
Como si se tratase de una película de terror, los dividendos generados por el sistema binacional de economía informal se van a las mafias y bandas criminales. Bajo esta realidad, los gobiernos de ambos países deben asumir que es insólito destruir al empresariado binacional para darle capacidad económica a quienes asesinan, secuestran y destruyen el futuro de nuestra gente.
Falta seriedad y patriotismo. Existen “opinadores” a quienes les falta decir “con mi Frente Décimo no te metas”, pues su argumentación se reduce a que la FANB no está defendiendo a Venezuela sino interviniendo en favor de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y alias Jesús Santrich (ayer aparentemente abatido), incluso, algunos han rayado en lo antipatriota al desear que nuestros soldados salgan derrotados en el terreno.
Lo que viene sucediendo en nuestra frontera y lo que está pasando en Apure, no es juego, es un grave problema de seguridad nacional con serias repercusiones en la geopolítica continental, la economía binacional y hasta trastoca lo humanitario. Frente a una situación tan compleja y amenazante, estamos obligados a asumir que este problema no puede utilizarse como una especie de “comodín” para la confrontación entre Miraflores y la Casa de Nariño, tampoco como una bandera de la oposición para apostar a una salida del chavismo.
Urge buscar solución conjunta. Bogotá y Caracas no pueden seguir acusándose mutuamente de «abandonar la frontera». Si no se actúa urgente y de manera coordinada, lo que vamos a presenciar en poco tiempo es el nacimiento de una especie de tercer Estado de tipo criminal con mucho dinero y poder bélico. Mis recomendaciones:
Revivir la institucionalidad necesaria para atender nuestra frontera. Con la complejidad de buscar un acercamiento entre Iván Duque y Nicolás Maduro, lo ideal sería permitir a los militares y cancilleres de ambos países, establecer un canal de comunicación. Como un primer paso, debemos volver a una versión mejorada, actualizada y ampliada de lo que fue la Comisión Binacional para la Verificación y Supervisión de Acuerdos Fronterizos (Combifron), un espacio que en su momento estuvo conformado por oficiales superiores de la Fuerza Armada de Colombia y de Venezuela con el objetivo de definir los procedimientos para combatir conjuntamente la guerrilla y la delincuencia en la frontera.
Restablecer las relaciones consulares. Con los importantes flujos poblacionales existentes entre Colombia y Venezuela, es imposible que ambos Estados ignoren esta realidad. Recordemos, un consulado no es un reconocimiento político para un determinado gobierno, sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país residiendo en otro.
En definitiva, Venezuela y Colombia están obligadas a entenderse. Son naciones que provienen del mismo vientre libertario, esto no es retórica, sus pobladores son conciudadanos de la Gran Colombia que aún existe en nuestro ADN y este es el mejor argumento para invocar el entendimiento binacional.