Hay quienes sostienen que estamos ante una apertura del régimen para negociar una solución a la crisis política. Al respecto resulta conveniente glosar algunas acciones del oficialismo en el mes en curso para evaluar la afirmación arriba mencionada.
Se continúa ignorando las recomendaciones del Comité de Expertos (pluralmente integrado) en torno a cómo gestionar la pandemia; y a la vista nada de plan de vacunación. Se insiste criminalmente en usar el covid-19 como mecanismo de control socio-político.
Ocupación militar de las instalaciones de El Nacional cuando estaba pendiente una apelación de la empresa ante la decisión conocida. Algunos especulan que esto es un round de la disputa a lo interno en el seno del chavismo; diferencias debe haberlas, pero la magnitud, alcance y los órganos del Estado involucrados en el operativo restan credibilidad a la especulación. Lo ocurrido es congruente con la política chavista ante la prensa libre e independiente.
El TSJ prorrogó la intervención del partido Acción Democrática en vísperas de un proceso electoral. Es una compensación a Bernabé Gutiérrez y su claque por su cuota perdida en el CNE.
El traslado de los presos políticos a centros de detención de procesados y condenados por delitos comunes (cuando lo justo es que recuperen su libertad sin restricciones) es presentado como una concesión y un gesto positivo cuando en realidad puede terminar siendo para ellos una tragedia mayor porque pasan de la tutela del Estado a la del pranato.
Continúa el acoso a las organizaciones no gubernamentales de diverso espectro y ámbito de acción para dificultar el funcionamiento y propiciar su desaparición.
El contralor general advirtió que todo lo referente a las inhabilitaciones políticas es de su competencia. Afirmación innecesaria y dirigida a obstaculizar cualquier arreglo político al respecto.
Difícilmente esos actos del régimen puedan ser asumidos como de apertura y propiciatorios de un ambiente menos crispado y estimulante a una interlocución productiva. Actúan de esa manera porque consideran que controlan la situación y la gobernabilidad no corre peligro inminente.
Soplan vientos de negociación, las fuerzas democráticas más relevantes tanto endógenas como exógenas dicen estar dispuestas a propiciar ese camino, también la ciudadanía lo ve con buenos ojos porque siente que sería la mejor fórmula; el régimen, a su manera y formas, también dice quererla. El asunto es que para que se materialice esa opción de manera productiva y no aborte como en el pasado y sirva solo para que el oficialismo gane tiempo hay que despejar algunas incógnitas y superar debilidades del lado democrático.
De cara a un proceso de negociación las fuerzas democráticas venezolanas se encuentran en una situación de debilidad manifiesta: divididas, desmovilizadas, con varias estrategias andando y con una capacidad de presión ciudadana bastante precaria. Del lado de los aliados internacionales la situación tampoco es la mejor, Estados Unidos y la Unión Europea, si bien coinciden en apostar por una negociación y en usar el recurso de las sanciones como instrumento de presión al chavismo, no han logrado avanzar en la coordinación de esfuerzos, en definir qué es lo que se asume como propuesta en el campo electoral ni en el tipo de presión lo suficientemente potente y creíble para persuadir tanto a los poderes internacionales que apoyan al régimen como al régimen mismo de aceptar una salida electoral justa, libre y transparente.
Con relación al nuevo CNE, los rectores no chavistas parecieran estar en la tónica de que se debe participar en los comicios de noviembre sí o sí a despecho de las condiciones y de la falta de confianza de la sociedad en un organismo con mayoría chavista. Lo expresado por el vicepresidente Márquez en el sentido de que hay que prepararse para unos comicios medianamente transparentes no ayuda a recuperar la confianza del electorado. Tampoco entiendo cómo, si saben del deterioro del organismo comicial y de la falta de personal técnico calificado, aceptan juntar en un mismo proceso la elección de gobernadores y diputados regionales –que es lo que tocaría– con la elección de alcaldes y concejales. Juntar ambos comicios es una empresa harto compleja para la cual, al día de hoy, el CNE no está (según fuentes internas del organismo y otras técnicamente solventes) preparado para gestionar con la eficiencia del caso. Esa es otra inexplicable concesión al chavismo.