La situación para el régimen está hoy más difícil que nunca. Está en medio de una crisis integral sin precedentes: un gobierno involucrado en actividades delictivas transnacionales, con un rumbo indefinido, una dirigencia oficialista no tan unida como pretenden mostrarlo y el afianzamiento de una dirigente político, María Corina Machado, quien hoy goza de un respaldo de más de 80% de la oposición y más de 70% de los venezolanos, aunque algunos comerciantes de encuestas publiquen cifras fantasiosas que buscan favorecer al oficialismo y confundir al elector.
Esto desde luego tiene un impacto directo en la credibilidad y el apoyo internacional de Maduro. Al igual que cuando la elección de la Asamblea legítima muchos países se abstuvieron de negociaciones y acuerdos con el régimen, en las actuales circunstancias por el ascenso de MCM y los bandazos del régimen para no perder el poder, se podría presentar parecida situación de gobiernos que se inhiban de realizar negociaciones, acuerdos e incluso intentos como el de Lula, de habilitar a Maduro en el sistema internacional. Este sería el momentum del declive definitivo del régimen.
Es claro que Maduro y su grupo no están dispuestos a aceptar su derrota electoral y por ello buscan por todos los medios torcer la realidad. Amedrenta, persigue, encarcela, tortura, para evitarlo. Amenaza con impedir las primarias, con abrir procesos a candidatos opositores, inhabilitarlos e incluso con el adelanto de elecciones, lo que sería absolutamente inconstitucional, por lo tanto inaceptable. Todo es posible ante el desespero.
El régimen se niega a celebrar elecciones libres y justas que reflejen la voluntad popular, sin importarle las exigencias de la comunidad internacional. Por el contrario, montan una estrategia para controlarlas y hacer sus resultados que pretenden compartir con algunos alacranes declarados y otros aspirantes a serlos. No muestra el régimen tampoco ningún adelanto en la situación de los derechos humanos. Por el contrario, aún hay más de 350 presos políticos, civiles y militares, sin procesos justos y sometidos a torturas y a tratos inhumanos y degradantes, sin la menor intención de liberarlos.
La comunidad internacional, es decir, gobiernos y organizaciones o instituciones internacionales nos han dado herramientas para enfrentar la dictadura que mantenemos pese a los “esfuerzos” de algunos “opositores” y “negociadores” por neutralizarlas para favorecer al régimen y cobrar sus migajas. Me refiero al proceso ante la Corte Penal Internacional que avanza a pesar de las tácticas de los abogados de la dictadura para retrasarlo, a sabiendas de que los resultados al corto plazo están a la vista: investigación, citaciones y autos de detención para algunos que desde el más alto nivel del poder han ordenado, ejecutado, permitido, colaborado y promovido la realización de crímenes de lesa humanidad, tal como lo han constatado numerosos órganos internacionales en los informes que al principio despreció, pero que ahora les considera una verdadera carga. Para el régimen, el proceso en la Corte Penal es político, es parte, según ellos, de una componenda para derrocar al gobierno y acabar con el “progreso” logrado gracias al socialismo del siglo XXI. Pero, intentar politizar el proceso y descalificar a los jueces y al fiscal es un error que tendrá un peso importante en el proceso.
Una segunda herramienta que se mantiene pese a los esfuerzos de algunos ingenuos e interesados, es las sanciones impuestas a corruptos y violadores de derechos humanos y algunas instituciones del Estado, acciones por lo demás legítimas y legales que deben mantenerse hasta que el régimen ceda y acepte la liberación de presos y unas elecciones libres y justas y nunca antes. Las sanciones no son y en ello insisto, negociables. Su levantamiento o no sería el resultado de un proceso de negociaciones en el que está en juego la liberación de presos y unas elecciones justas y libres.
Sobre las sanciones se dice mucho. Unos las favorecen y respaldan hasta que se restaure el orden democrático y se respeten todos los derechos humanos de todos; otros las rechazan al considerar, ignorando deliberadamente los avances del derecho internacional, que ellas constituyen una injerencia en los asuntos internos de los Estados, comparándolas por ignorancia o por interés, a las medidas unilaterales coercitivas como lo argumenta el régimen madurista en los órganos internacionales de derechos humanos y en la Corte Penal Internacional para desviar la atención y ganar tiempo.
Las sanciones son actos unilaterales de los Estados que buscan proteger los intereses de la comunidad internacional. Mediante ellas se trata de proteger al ser humano, su dignidad, su vida, su integridad física. No se trata de medidas desmesuradas ni arbitrarias. Responden simple y llanamente a una nueva realidad internacional que no es más que proteger a las personas de los actos salvajes de gobiernos que como el venezolano viven todavía en el siglo XIX y que consideran que pueden dentro del territorio del Estado que controlan hacer lo que les venga en gana.