La campaña de presión que está ejerciendo contra la CPI el Estado indolente y sin alma que desprecia el sufrimiento que hoy padecen todos los venezolanos, los que siguen aquí y los que migraron arriesgando su vida al cruzar ríos y fronteras, no merece perdón.
Los crímenes horrendos y la violación sistemática de los derechos y garantías constitucionales es un «Prohibido olvidar» para la justicia internacional porque se ha convertido en la única esperanza de lograr reparar el daño a víctimas y familiares.
La CPI no puede -ni debe- demorar más la aprobación y firma del informe preliminar para dar paso a la investigación penal correspondiente contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para así resarcir el daño causado a las víctimas de represión, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual en centros de detención los informes de la alta asesinatos de manifestantes desde 2014, tal como lo destacan el informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet y el que preparó la misión independiente de determinación de hechos de la ONU.
No hay que preocuparse por el retiro de Argentina de la demanda ante la CPI contra el Estado venezolano, pues ya la Corte procesa el expediente en Fase 3 y existen muchas pruebas y testimonios de las víctimas que conocen tanto el sistema interamericano como las Naciones Unidas.
La burla y las descalificaciones del Estado contra todos los altos comisionados para los derechos humanos de la ONU y sus informes sobre las violaciones graves de los derechos humanos solo reflejan nervios y desespero. Andan pidiendo clemencia a la CPI porque saben que el nuevo fiscal Karin Kan será diferente en su actuación por su trayectoria en materia penal internacional a la actual fiscal, pronto saliente, que prácticamente congeló el expediente en la fase 3.
El Estado ha seguido vulnerando los derechos humanos, y una demostración de ello es el aumento del número de víctimas con enfermedades crónicas, en su mayoría ancianos con pensiones de hambre; la falta de vacunas y el desplazamiento forzado de miles de venezolanos que huyen del país arriesgando su vida al cruzar ríos y fronteras por la crisis. Un cuadro general que en nada conmueve a los poderes públicos.
Todos los activistas por los derechos humanos debemos mantenernos alerta ante lo que pudiera pasar en los próximos días del mes de junio, cuando el británico abogado Karin Kan asuma el cargo como el nuevo fiscal de la CPI, con relación a la firma y aprobación del informe preliminar.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y el sistema universal de los derechos humanos no establece privilegios para los responsables .