Por Alianza para la Acción Climática[1].

La Alianza para la Acción Climática Venezuela es una plataforma creada en marzo de 2021 integrada por 19 organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluyendo ONG, universidades, centros de investigación y programas y proyectos que trabajan sobre el cambio climático en Venezuela.

Ante la venidera Conferencia de las Partes (COP 27) a celebrarse en Egipto, han decidido elevar su voz para reclamar al Estado venezolano, en tanto Estado parte participante en dicha cumbre. Concretamente plantean que La Tierra ha venido registrando una tendencia inequívoca al aumento de la temperatura atmosférica promedio desde la pasada década de los años ochenta del siglo XX. Para mitigar y corregir la alteración del clima debido a concentración de los Gases Efecto de Invernadero (GEI), producto especialmente de la dependencia a los combustibles fósiles, la Organización de las Naciones Unidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma el 4 de junio de 1992 en Río de Janeiro entrando en vigor en marzo de 1994 ratificada por Venezuela el 28/12/1994  cuando suscribió el documento, disponiendo también de instrumentos derivados como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Además, ha participado en la Conferencias de las Partes (COP). El Estado venezolano por consiguiente ha asumido frente a la comunidad internacional una serie de compromisos de mitigación reducción de GEI y adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Efectivamente el país debería cumplir un papel relevante en el esfuerzo mundial frente al reto climático por su condición de país petrolero, con una cobertura boscosa que resguarda alrededor de la mitad del territorio terrestre de 916.445 km2 y un amplio gradiente altitudinal con montañas de casi 5.000 metros de altura, con una línea de costa caribeña y atlántica de más de 3. 726 Km, una Zona Económica Exclusiva de casi 500.000 km2, y con más de 300 islas e islotes.

En esta diversidad geográfica sobresalen los distintos biomas terrestres y marinos: bosques tropicales, humedales continentales y costeros, manglares, arrecifes, sabanas, con una gran relevancia para la regulación climática, una de las principales funciones ecosistémicas que deben preservarse ante la encrucijada que reviste el Cambio Climático. Esto marca el punto de quiebre más apremiante de la necesidad civilizatoria de salir de la crisis del Antropoceno, la era del desarrollo insostenible humano continuado que está atentando contra toda la vida en el planeta, incluyendo la nuestra.

Con relación a las contribuciones del país frente a este reto mundial, no debemos dejar de resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 128 establece la obligación del Estado a ordenar el territorio nacional bajo las orientaciones del desarrollo sostenible. Para este deber, en Venezuela se parte de la existencia de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), resaltando de manera especial las que persiguen el fin de conservar la naturaleza como los Parques Nacionales y los Monumentos Naturales y las destinadas a la producción, particularmente las Reservas Forestales. Estas tres figuras por si solas cubren un tercio del territorio nacional.

Sin embargo, paradójicamente a partir del 2016, año que Venezuela ratificó sus contribuciones al Acuerdo de París, conocidas como Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, en inglés) del Acuerdo de París, el Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto Nro. 2.248, mediante el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO) sobre un extenso territorio de 111.846 Km2. Con esta decisión se intensifica la minería de oro en el Estado Bolívar actividad que está afectando de manera preocupante tanto las ABRAE dentro del área del decreto como la Reserva Forestal de Imataca, como las contiguas al AM, como el Parque Nacional Canaima. La actividad minera aurífera en este Parque Nacional es de tal magnitud que la UNESCO aprobó hace un año una resolución en la que le pide al Estado venezolano verificar el nivel de afectación de esta área natural protegida incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad, sin que hasta la fecha se conozca el cumplimento de esta obligación. Es importante recalcar que los graves impactos ecológicos y sociales de la minería aurífera no solo se constatan en el AMO. La grave degradación natural y humana que en éste origina la depredación aurífera,  es extensiva a otras áreas protegidas fuera de los límites del AMO como los Parques Nacionales Caura, Yacapana. En general, consideramos que la minería debe ser considerada como una actividad incompatible, como una amenaza, a la alta biodiversidad y la fragilidad geológica que caracterizan a todo el Sur del Orinoco venezolano.

Sin embargo, la situación en el Norte del país también es alarmante. Aquí en el ámbito marino-costero se evidencia la falta de gestión gubernamental de protección y conservación particularmente en los casos de los Parques Nacionales y otros tipos de reserva: Ciénaga de los Olivitos Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca, San Esteban, Laguna de Tacarigua, Laguna de La Restinga, Mariusa, Archipiélago de Los Roques, Mochima, Morrocoy el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare. En el caso de estas cuatro últimas ABRAE, nos parece un exabrupto la anuencia oficial en la construcción de edificaciones ilegales que amenazan con trasgredir los límites de tolerancia de los ecosistemas preservados. Con este concepto de turismo de playa devastador, los derrames petroleros; la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos; la presencia de especies invasoras (entre las denuncias de mayor preocupación está la referida a la propagación, desde hace más de quince años, del coral blando Unomiastolonifera) y la extracción insostenible de la diversidad biológica (por pesca, cacería o extracción), todas estas perturbaciones están afectando de manera grave las áreas protegidas marino-costeras del país. Finalmente, no podemos dejar de mencionar las distintas presiones sobre el Parque Nacional Waraira Repano (originalmente el Ávila), por la intensificación de actividades no cónsonas con la figura de Parque Nacional como la proliferación de construcción de edificaciones ilegales, los permisos otorgados para actividades de alto impacto como las competencias de bicicletas montañeras. Nos preocupa de manera el anuncio en el caso de esta área natural protegida vital para el equilibrio ambiental de Caracas el anuncio presidencial de la construcción de una ciudad comunal, que de concretarse se estaría propiciando la propagación de la frontera urbana en un territorio destinado a la protección y conservación de la naturaleza, aumentando las ya preocupantes disrupciones que se van evidenciando a todos lo largo de la serranía, especialmente las deforestaciones.

Debemos llamar la atención que también de avance de deforestación, en los restantes Parques Nacionales en montaña, particularmente; Sierra Nevada, La Culata, Guatopo y Henri Pittier, Recordando que en estas áreas naturales protegidas se ubican las nacientes de ríos de relevancia para el suministro de agua para las distintas comunidades y actividades humanas locales. Debemos advertir en tal sentido que el centenar de embalses y represas del país están bajo la amenaza de la creciente degradación de la cubierta boscosa de las cuencas altas de los cursos de agua que los alimentan. de continuar la deforestación sobre estas áreas protegidas se incrementarán las vulnerabilidades que afectan a la población, haciendo más difícil superar la Emergencia Humanitaria Compleja por agua por la que estamos atravesando los venezolanos desde el año 2016.

Ante esta comprometida situación de las áreas para la preservación y uso duradero de la naturaleza en Venezuela, hacemos un exhorto a los distintos poderes del Estado venezolano que cumplan con el mandato del artículo 127 que establece la obligación del Estado de proteger los Parques Nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Asimismo, el artículo 128 que obliga la gestión sustentable del territorio, imprescindible para cumplir con los compromisos de mitigación y adaptación climática que el país ha asumido en su condición de Territorio megabiodiverso, tomando en consideración que la práctica de procesos de privatización con metas mercantilista, comprometiendo la naturaleza y el patrimonio intergeneracional de todos los venezolanos, pedimos una rectificación de inmediato.

De igual forma también exhortamos a las autoridades nacionales ambientales a que hagan las gestiones necesarias para la adhesión del país al Convenio de Escazú y se establezcan como alcances de los planes nacionales a los distintos objetivos y metas de la Agenda 2030 (ONU).


[1] La Alianza para la Acción Climática  está integrada por Acción Campesina, CISP, Clima21 — Ambiente y DDHH, Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy, Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela, Fundación Tierra Viva, Grupo Social CESAP, INVESP, Provita, Todos por el Futuro, Observatorio Wataniba, VerdelaTierra, CIDIAT ULA, Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica UCV, Dirección de Sustentabilidad Ambiental UCAB, Foro para el Estudio del Cambio Climático ULA, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Aula TIDEs- Acción ODS-ONU Agenda 2030 Educación y ONU Agenda 2030 Educación y programación y  Más acciones, más planeta


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