Los organizadores del golpe de Estado contra la unidad de España que, aunque nos lo quieran hacer olvidar, llegaron a proclamar la independencia de Cataluña, están en libertad desde hace más de dos años. Fueron indultados a cambio de su apoyo para que el gobierno se mantuviese en el poder. Ahora, tras las elecciones generales, el precio del apoyo sube y los de «lo volveremos a hacer» exigen la amnistía, es decir, borrar los delitos, negar su existencia. Porque eso es la amnistía, la derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, su anulación. Y, por tanto, implícitamente, supone reconocer que nada de lo que hicieron los sediciosos fue ilegal. Es legitimar su actuación, es aceptar que su ataque al Estado no fue tal, que tenían derecho a la subversión. Por eso no les basta con el indulto, porque el indulto solo anula la pena mientras que la amnistía anula el delito mismo. Las condenas por sedición, malversación y desobediencia -delitos que han sido en el primer caso, eliminado y en el segundo, desvirtuado- por tanto, desaparecen. Y así, los golpistas podrán volver a las instituciones y les será mucho más fácil atacar de nuevo a nuestro ser como nación, que es lo que harán si se aprueba esa ley.
Desde que se inició la transición democrática solo ha habido una amnistía en España, la de 1977, de la que se oculta que acarreó unas consecuencias trágicas. Más de 70 crímenes de ETA quedaron impunes, empezando por el del guardia civil José Pardines, que tenía 26 años cuando le dispararon en un control de tráfico y finalizando -una semana antes de la promulgación de la Ley de Amnistía- por el del presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y sus escoltas, los también guardias civiles Antonio Fernández-Segura, de 23 años y padre de un niño de 6 meses, y Ángel Rivera. Y no solo eso, la mitad de los terroristas amnistiados, incluidos gran parte de los que habían matado sin piedad a tantos servidores del Estado, se reincorporaron a la banda asesina para seguir atacando a España y aniquilando vidas durante décadas. La transición no fue ni fácil ni perfecta. ETA se ocupó con ahínco y crueldad de tratar de descarrilarla. Y posiblemente, sin la amnistía, no hubiese sido capaz de cometer tantos crímenes y de convulsionar tan gravemente la política española. Esa es la dolorosa verdad. Y es necesario reconocerlo por la justicia que debemos al sacrificio de las vidas de aquellos españoles mártires hoy olvidados. Y para no volver a cometer los mismos errores.
La amnistía es intrínsecamente injusta y peligrosa. Por eso, la Constitución no la permite, aunque el gobierno en funciones pretenda retorcer su interpretación para concedérsela a unos delincuentes que han atentado contra la propia esencia del Estado de Derecho. Solo han pasado seis años desde que se produjo aquel asalto a la nación y a sus principales responsables no les basta con la libertad que les han regalado. Esa libertad no es suficiente para ellos porque quieren una victoria moral, quieren que se reconozca que lo que hicieron estuvo bien, que era justo y era necesario, quieren cimientos sólidos para sus planes futuros. Quieren lo mismo que los terroristas de ETA en 1977, aprovecharse de la insensata magnanimidad del Estado para continuar atentando contra él. Y aunque en esta ocasión los motivos por los que se pretende otorgar una amnistía injusta y peligrosa son bien distintos -retener el poder a cualquier precio-, los efectos serán igualmente catastróficos.
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA es víctima de terrorismo
Artículo publicado en el diario ABC de España