El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió el martes una humillante derrota en el Congreso de los Diputados. No fue a manos del «ogro derechista» encarnado por el Partido Popular −la bancada más grande− y Vox. No. Lo venció su socio Junts per Catalunya, la derecha catalana elevada a la categoría de «progresista». El partido de Carles Puigdemont rechazó el proyecto de ley de amnistía ideado para favorecerlo precisamente a él −que si regresara a España sería detenido por los órganos de la justicia− y a sus compañeros, y compañeras, de la aventura separatista de 2017.
Junts votó junto a la derecha clásica y la derecha más lenguaraz para obligar a que la propuesta de ley regrese a la Comisión de Justicia del parlamento y se acomode, aún más, a su pleno gusto. Esto significa suprimir de la lista de delitos no amnistiables del texto en debate el terrorismo y la traición. Para resumir, de lo que se trata es de que quienes van a ser amnistiados hagan la ley como un traje a la medida. Como un pedido a la carta.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que Sánchez manda con comodidad, y sus aliados más a la izquierda carecen de los votos para ser mayoría en el Congreso de los Diputados, y por eso son decisivos los siete escaños de Junts. La agrupación de Puigdemont había presentado un conjunto de enmiendas a la propuesta de ley formulada por Sánchez, su partido y su gobierno en términos de sí o sí. «No podemos dejar la amnistía en manos de la cúpula judicial prevaricadora española», dijo desde la tribuna de oradores Miriam Nogueras, la portavoz de Junts. Una dirigente de expresión dura y fría que exprime hasta los límites saber que es su partido el que permite a Sánchez continuar al frente del gobierno.
Prevaricación, señala la RAE, es un «delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta». Junts −incluso ahora con el visto bueno de los cambios de opinión de Sánchez− considera que los jueces y funcionarios que en octubre de 2017 actuaron para poner final al intento ilegal e inconstitucional de secesión, prevaricaron. Y esto eleva la crisis de un trámite y debate parlamentario a un enfrentamiento entre poderes: el Legislativo contra el Judicial.
Hasta el editorial de El País −en el que dicen que José Luis Rodríguez Zapatero pone los ojos y mete las manos− admite que el “PSOE y sus socios, excepto Junts, han llegado todo lo lejos que era razonable para abarcar en la medida de gracia (la amnistía) a cuantos más implicados en la intentona independentista de 2017 era posible. Muchas líneas rojas han tenido que traspasar los responsables socialistas para satisfacer las demandas de sus socios de investidura».
Junts se arriesga a quedarse sin nada, adelanta el diario madrileño, tan comprensivo con el PSOE que olvida que si el partido de Puigdemont se queda sin nada, Sánchez se pudiera quedar sin la Moncloa. Quedan 15 días para renegociar la propuesta de ley de amnistía. ¿Cuál de las dos partes cederá? ¿Cuál pierde más? Junts pudiera quedarse como está, con su líder fugado en Bruselas y los delitos cometidos en su trámite procesal. A Sánchez, el PSOE y sus aliados, el probable regreso a la oposición.