Por Yudith González
En América Latina y el Caribe los procesos de integración regional históricamente iniciaron desde finales del siglo XX y desde entonces existen diferentes grupos subregionales de integración. Estos sistemas de integración a su vez fueron conectados a los modelos de desarrollo y las estrategias implícitas en ello. Estas particularidades son las que direccionan e inciden en las políticas públicas, incluyendo las educativas desplegadas por cada país. A este proceso se le conoce como la dimensión educativa de la integración, es decir, al diseño y desarrollo de políticas públicas, las cuales se accionan por medio de planes estratégicos de los países miembros que conforman un mecanismo de integración, así como prácticas particulares de los agentes educativos en la región.
Dada la importancia de los sistemas educativos, tenemos que son ellos quienes operacionalizan y dinamizan las estructuras sociales, políticas y económicas de un país ante la educación como sistema, fundamentalmente porque: a) asegura y promueve la equidad y la movilidad social ascendente, b) es un instrumento político al formar ciudadanos, c) genera ciudadanos productivos (externalidades positivas), entre otros.
En tal contexto, el primer grupo subregional de integración en la región está formado por: Organización de Estados Centroamericanos (Odeca, 1951) y su transformación en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Mercado Común Centroamericano (MCCA, 1960), Comunidad Andina de Naciones (CAN, 1969), Comunidad del Caribe (Caricom, 1973), Mercado Común del Sur (Mercosur, 1991), todo ellos asociados con la teoría del regionalismo abierto.
Como antecedente de la dimensión educativa de la integración es necesario mencionar el convenio sobre Unificación Básica de la Educación en 1962 con la creación del SICA, donde se expresa el interés por coordinar los sistemas educativos nacionales, adquiriéndose una nueva dimensión en la integración.
Ahora bien, paradójicamente los principales planes educativos ejecutados desde una visión de integración regional no provienen precisamente de decisiones y acuerdos políticos tomados en los sistemas de integración en la región, sino desde las agencias internacionales del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En tal sentido, destacan el Proyecto Principal de Educación (PPE) en 1979 coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes convocaron a los ministros de Educación y los ministros de Planificación Económica para identificar los problemas educativos de la región y elaborar el PPE, el cual direccionó el avance del sector educativo hasta el 2000, y cuyo plan comienza con una visión humanista ligado con las transformaciones productivas y sociales del desarrollo.
Los logros más notables en relación con el PPE fueron: el aumento de la tasa de inscripción en la región en los diferentes niveles educativos y la introducción del concepto de calidad en la educación en los años ochenta (por la discrepancia entre calidad y capacidad educativa), junto con la incorporación de nuevas premisas en la educación, y en la misma medida, la educación asumida como inversión social, calidad, desarrollo, redes educativas y gasto social. Así, en los años 90, se profundiza el PPE agregándose la dimensión pedagógica, ética y humana, reivindicándose con ello la educación pública y la igualdad de oportunidades, pues en la región persistían grandes carencias educativas y sociales.
A finales de los noventa, la agenda educativa estaba asociada con: educación de valores, evaluaciones en los sistemas educativos para garantizar la educación a sectores vulnerables, promoción de la calidad educativa, reconceptualización de los procesos educativos en las nuevas modalidades de educación según la diversidad cultural, ciencia con criterio ético y educación asociada al desarrollo sustentable. El PPE fue aplicado en 27 países de la región generando grandes logros, pero también dejando temas pendientes como: la desigualdad educativa, ausencia de mecanismos de coordinación de políticas intersectoriales para promover el desarrollo de la educación de calidad, las brechas entre lo rural y urbano, diferencias en materiales didácticos sexistas e inequidades educativas, carencias de algunos estándares de calidad en programas educativos ejecutados, entre otros.
Inaugurándose el siglo XXI, se concreta un segundo grupo subregional de integración conformado por: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba, 2004), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur, 2008), la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Caribeños (Celac, 2010), creados desde la teoría del nuevo regionalismo o regionalismo alternativo. También, los modelos de desarrollo en la región fueron concatenados no solo a temas de integración, sino en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un compromiso asumido por 192 países y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual fue un acuerdo político con alianzas importantes a escala mundial y por supuesto en la región, donde la educación fue asumida a nivel global como un bien público social, un derecho humano universal y un deber de Estado.
Posteriormente en el 2015, se aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) acordando la Agenda 2030, coordinado y monitoreado por PNUD en 170 países, cuyo norte es el desarrollo sostenible, el cual buscar garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En ese marco, se puede establecer que en los últimos 20 años en la región existen grandes avances en relación con los ciclos educativos completos, así como en términos de cobertura educativa, pero persisten grandes brechas estructurales entre los jóvenes en cuanto se refiere a las oportunidades de formación de capacidades. La situación en los sistemas de educación es muy compleja y diversa, y va más allá de una dificultad de acceso al sector educativo, especialmente en las universidades, pues la educación técnica y profesional en la región muy pocas veces ofrece competencias técnicas, y profesionales de gestión pertinente y de alto nivel. De hecho, la región muestra la mayor brecha del mundo entre la oferta disponible de competencias y las demandadas por las empresas.
Y aunque la educación como sistema es un sector estratégico por garantizar la identidad regional, así como al acceso a otros derechos humanos y su contribución al desarrollo regional para expandir la agenda social, política y económica, la realidad es que no está en la agenda de prioridades de los sistemas de integración, y en consecuencia, sigue siendo un ámbito de competencias que depende de políticas nacionales y de acuerdos intergubernamentales con el Sistema de Naciones Unidas, aun cuando existen acuerdos e institucionalidades creadas para ello desde los grupos subregionales de integración.