Han pasado ocho años desde que apareció el primer atlas de RAISG (Red Amazonónica de Información Socioambiental Georreferenciada) llamado Amazonia bajo presión, en 2012. Ahora se actualiza ese trabajo gracias a la participación de 10 grupos técnicos que conforman el consorcio de asociaciones y organizaciones civil que orientan su quehacer a la sostenibilidad socioambiental de la Amazonia en los diversos países que son parte de esta región. En ambas publicaciones, donde Wataniba y Provita son las organizaciones que recogen la información en la Amazonía venezolana, se busca dar una mirada a la situación de la región considerando las principales causas de transformación del espacio: desarrollo vial, las actividades de extracción de recursos (hidrocarburos y minerales), la construcción y funcionamiento de presas hidroeléctricas. Aparte de estas variables, se consideraron también la deforestación y las quemas como otros indicadores de transformación ambiental. La nueva publicación del 2020 incluye la actividad agropecuaria, una rápida revisión de las actividades ilegales en la región, así como una mirada sobre las variaciones en el almacenamiento de carbono, las cuales dan cuenta de los cambios en la cobertura vegetal. Así mismo, el atlas indaga en el papel de la integridad ecosistémica en la conservación del agua y equilibrio del clima en la Panamazonia.
La investigación muestra cómo la región ha experimentado cambios importantes, en especial, en lo que se refiere a la alteración de sus ambientes naturales, algo más o menos intuído por el público general, sin embargo, al panorama promenorizado que ofrece en este sentido se le suma el comunicar cómo estos efectos se ven mitigados en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas, pues sirven como barreras que atenúan la degradación en los ecosistemas naturales de manera significativa. Sin duda, un elemento que ofrece argumentos para empoderar aún más a los pueblos indígenas del amazonas y para reafianzar las políticas públicas y legislaciones que defienden los territorios naturales.
Según RAISG, entre 2012 y 2020, la Amazonia en Venezuela también ha experimentado cambios en distintos aspectos, que incluyen: un aumento en las superficies de áreas protegidas y en territorios indígenas reconocidos, pero también en zonas dedicadas a actividades extractivas, en deforestación, en quemas y en superficie afectada por la minería ilegal, lo cual complejiza el precario equilibrio entre resguardo y exposición. Vale la pena destacar que la Amazonia venezolana abarca los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y representa el 5,6% de la Panamazonia. La superficie estimada en kilómetros cuadrados varía con los sistemas de proyección empleados para los cálculos, pero proporcionalmente representa aproximadamente el 50% de la superficie terrestre nacional, lo cual debería de traducirse en más atención para este territorio. En el estado Amazonas tiene lugar la interconexión hidrológica entre las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, mientras a nivel de ecosistemas y biogeográfico se trata de un continuo regional. La Amazonia venezolana, al igual que en las de Guyana, Surinam, Guyana Francesa, norte de Brasil y parte del suroeste de Colombia, se emplaza sobre el Escudo Guayanés, un área entre las tierras más antiguas emergidas del planeta. Es un área que concentra una alta densidad de especies de plantas y animales endémicas y cuenta con la presencia de las montañas en forma de mesa o tepuyes, que representan un elemento icónico para esta subregión al norte del río Amazonas.
Áreas naturales protegidas y territorios indígenas
Los territorios indígenas, previstos en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como hábitats y tierras indígenas, abarcan el 69% de la Amazonia venezolana, repartidos entre, al menos, 29 pueblos. Con respecto a 2012, se concedieron ocho nuevos títulos de tierras para un total de diez, los cuales reconocieron parte de los territorios de los pueblos Kari’ña, Mapoyo, Jotï, Pemon y Warao. La población indígena en esta área del país representa el 12,5% (257.079 personas aproximadamente), mientras alcanza el 0,9% de la población nacional.
En el período 2012-2020, uno de los eventos más resaltantes en materia de áreas naturales protegidas, que son figuras previstas en la ley que regula la ordenación territorial del país, fue la creación del Parque Nacional Caura, en 2017, el más grande del país, con más de 7 millones de hectáreas. Sin embargo, su creación implicó la desafectación del Parque Nacional Jaua Sarisariñama y su sobreposición con otras áreas naturales protegidas preexistentes. Este parque nacional se extiende sobre varios territorios indígenas y se cuestiona si su creación siguió los criterios de consulta previa, libre e informada a estos pueblos como lo prevé la legislación venezolana. Para este momento, en figuras de protección estricta, es decir, parques nacionales y monumentos naturales, se encuentra el 42% de la región. Aquí no se consideran las reservas de biosfera Alto Orinoco Casiquiare (estado Amazonas) y Delta del Orinoco (Delta Amacuro) por ser otro tipo de figura con objetivos menos restrictivos en términos de conservación.
En conjunto, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas, descontando la superposición que hay entre ellos, abarcan 75% de la Amazonia venezolana, por lo que podría pensarse que estos ecosistemas y hábitats de los pueblos indígenas estarían adecuadamente resguardados; sin embargo, esto no es cierto como resalta la investigación que recoge el Atlas.
