El Estado le sigue negando el bienestar social al soberano al no garantizar salarios y pensiones dignas para poder resistir tan feroz hiperinflación.
El alza de la divisa norteamericana en los últimos días golpea duro el bolsillo del venezolano. La devaluación de la moneda nacional hace imposible cubrir el costo de la canasta básica.
Los precios de los artículos de primera necesidad suben por el ascensor y los sueldos y pensiones del pueblo por la escalera.
El Estado también muestra una vez su desprecio por los derechos humanos con hechos como la sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ en la que afirma que no pueden declarar la nulidad del instructivo de la Onapre porque este es inexistente. Una decisión que aniquila las esperanzas de los docentes de todo el país en recuperar sus derechos adquiridos conquistados por sus luchas históricas.
La indiferencia e indolencia por parte del Estado lo hace inhumano. ¿Tendrá conocimiento de cuántas comidas se están haciendo en los hogares venezolanos?, ¿cuántos tienen acceso a un sistema de salud eficiente dónde no tengan que llevar todos los insumos para ser atendidos?, ¿cuántos cuentan con los servicios básicos de forma permanente? o permanentes, o si con sueldos y pensiones miserables se puede vivir bien?
Es vital que se coloque en la agenda de prioridad garantizar el bienestar social y una mejor calidad de vida para todos los venezolanos, que siguen siendo los más sacrificados en esta crisis.