La grotesca disputa verbal entre los poderes ejecutivos de México y Perú acerca de la entrega de la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico, mientras Chile y Colombia no hacen mayores esfuerzos por defender la institución, pero sí se enfocan en criticar duramente la situación política de la República del Perú, es un camino seguro hacia el fracaso de dicha organización de integración regional, siguiendo los pasos de otros esfuerzos anteriores.

Los esfuerzos por crear instituciones sólidas que fuesen similares a las existentes en la Unión Europea han fracasado al convertirse los mismos en instrumentos políticos a corto plazo de los presidentes para asuntos internos de política exterior y electoral, que para nada buscan crear a largo plazo políticas públicas en beneficio de los pueblos.

Un claro ejemplo de ello es la conducta asumida por buena parte de la clase política regional de perseguir la eliminación de la OEA, como venganza o represalia a su utilización por Estados Unidos como herramienta de control de los gobiernos de nuestros países, desde su creación en plena Guerra Fría, lo que anularía legal y moralmente todas las resoluciones, acuerdos e instituciones surgidas de la misma hace tres cuartos de siglo.

Esta fue la conducta de la República Bolivariana de Venezuela durante los años de bonanza petrolera, cuando se anunció la creación del Alba, la Celac y la Unasur, las cuales se caracterizan por ser de ideología antioccidental, enemigas del capitalismo y aliadas de los movimientos contra los imperios y las empresas multinacionales.

Esas son las razones por las cuales este gobierno no puede trabajar en forma armoniosa con otros gobiernos de diferentes pensamiento, ya que entra en conflicto autonómico y ocurre lo inevitable, tal como ha acontecido en el Pacto Andino, el Mercosur y la Unasur, que han sido gravemente afectados por las radicales posiciones del gobierno de Venezuela, en enfrentamiento permanente con muchos actores políticos y económicos.

Habiéndose demostrado la imposibilidad política de crear una integración hemisférica, continental o panamericana,  después de la funesta experiencia del Alca, donde se organizó una Cumbre de Presidentes y una Cumbre de los Pueblos, en forma paralela para sabotear la propuesta, enterró esta iniciativa de la administración Clinton,hasta el punto de que no se ha vuelto siquiera a volver a plantear, ni siquiera en forma exploratoria.

La idea de crear gabinetes sectoriales de Educación, Ciencia, Cultura, Salud, Atención de Desastres, Defensa, Comercio, Asistencia Humanitaria, se ha vuelto una «misión imposible» porque los cambios de gobierno derivan directamente en saltos de las políticas de Estado que hacen entrar en conflicto, incluso en los temas más urgentes e importantes como la emigración, la defensa del ambiente o la homologación de títulos universitarios.

Por ello, la idea de crear instituciones regionales militares o económicas se vuelve una esperanza muy lejana, dado que no se aprecia la posibilidad de llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo,  en prácticamente ningún tema, que superé  los cambios de gobierno.

Tal situación, es apoyada por la creación de instituciones simbólicas que más allá del turismo político, no parecen perseguir una verdadera meta de integración, por lo cual organismos como el Parlamento Latinoamericano, el Parlasur, el Parlamento Amazónico, sin mencionar otros entes o fundaciones producidas por las mismas, terminan siendo ineficaces para promover la integración latinoamericana.

Es un desafío que ni siquiera la amenaza común de la pandemia del Covid-19, logró obligar a considerar la creación de un Centro de Investigación y Control de Enfermedades, como el existente en Atlanta, Estados Unidos o la creación de un Cuerpo Médico multinacional, siguiendo al menos la experiencia de las Brigadas Médicas de La República de Cuba, de fama mundial.

Un claro ejemplo de esta situación son los millones de emigrantes venezolanos, con titulación profesional, cuyos títulos universitarios y licencias profesionales no son reconocidos en otros países de la región, a pesar del prestigio de nuestros médicos, ingenieros y profesionales que han demostrado su valía a nivel internacional. Parece una tarea de «Hércules», que incluso se puede notar en Venezuela, donde las 178 instituciones aprobadas por el Ministerio de Educación Universitaria, carecen entre sí, de un manual nacional de revalidas de materias, dándose el inaceptable caso de que titulados de universidades legales, se les obliga a cursar estudios desde un principio, como si su universidad fuera ilegal.

La defensa de la parcela de cada país, para preservar privilegios y ventajas inconcebibles en otras latitudes, es lo que hace que la libre competencia, la innovación y la cooperación institucional entre diferentes gobiernos sea tan, pero tan difícil de ejecutar, con transparencia administrativa de forma, que se logre alcanzar los preceptos constitucionales que hacen de la integración Latinoamericana una obligación política, económica y social de los gobiernos respetuosos de la misma.

Pretender imitar a entes supranacionales como la OTAN o la Unión Europea, implica dejar la política manipuladora de la igualdad entre países y aceptar que naciones como México y Brasil, tendrían mayoría de votos y parlamentarios en organismos colegiados latinoamericanos por causas demográficas y económica.

Se hace necesaria, más bien indispensable la búsqueda de una moneda común, la estandarización de los procedimientos administrativos y estadísticos, para entonces crear las bases de una verdadera integración científica de los métodos de trabajo del sector público en nuestros países.

Igualmente, aprovechando la oportunidad de tener a la expresidente de Brasil Dilma Rouseaff como primera presidenta del Banco de Infraestructura del BRICS, financiar las obras fronterizas  que faciliten la integración y no sigan ocurriendo hechos vergonzosos como morir en la selva para pasar de Colombia a Panamá, como le ha ocurrido a muchos venezolanos en su odisea migratoria hacia México.

Todos estos objetivos,  implica que las asambleas nacionales, comiencen un esfuerzo serio de homogeneizar sus códigos y protocolos de funcionamiento para no entrar en conflicto, con ciudadanos de diferentes países, tal como ocurre en Europa.

Cuando se eliga por votación popular y número de habitantes a los representantes de los organismos internacionales,  se habrá dado el primer paso en este sentido.

 


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