La dignidad de la persona humana ha adquirido el rango de principio capital de la doctrina de los derechos humanos; impregna su esencia, los fundamenta y dota de sentido a su interpretación. Reconocido el principio ya en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo primero reza: Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. A partir de entonces la dignidad de la persona humana está presente explícita o implícitamente en los diversos instrumentos jurídicos internacionales que desarrollan los derechos humanos, y expresamente en el constitucionalismo contemporáneo, como en nuestro caso el artículo tercero de la Constitución de 1999, que se inicia destacando que el Estado tiene entre sus fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad.
Traigo a colación esa necesaria introducción para estampar unas puntuales reflexiones sobre la dramática situación de más de 6 millones de migrantes venezolanos que han huido del país, con particular fuerza en estos 10 últimos años, en busca de la dignidad perdida, así como resaltar el valor de la solidaria decisión del presidente de la hermana República de Colombia, Iván Duque, de regularizar su situación en el mencionado país. En efecto, el Estado venezolano bajo el régimen que dirige Nicolás Maduro ha sido incapaz de garantizar a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas la satisfacción de las mínimas necesidades para gozar de una vida digna, lo que el tratadista alemán Ernst Forsthoff universalizó con el concepto de “procura existencial”, que enlaza con el concepto moderno de administración prestacional, y en definitiva con la configuración del Estado como Estado social y democrático de Derecho y de Justicia que recoge nuestra Constitución en su artículo segundo.
Venezuela experimenta un drama migratorio que tiene su razón de ser en la angustia del ciudadano por su imposibilidad material de adquirir alimentos y medicinas, dar el sostén digno a su familia, a lo que se suma la inseguridad consecuencia de la hiperinflación y la violencia enraizada en la sociedad, incapaz de ser controlada por el Estado, todo lo cual hace de su sobrevivencia un acto de heroísmo cotidiano. Con su documentación en regla o indocumentado, el migrante se lanza a la aventura, afrontando riesgos inhumanos, por cualquier medio de locomoción, incluso a pie, en busca de una mejor vida, independientemente de que su destino no esté previamente dilucidado. Nuestro Estado, secuestrado por el régimen para sus protervos designios, incapaz de ofrecer alivio a tan gravosa situación, ha sido calificado por algunos analistas como un Estado fallido, en tanto ha dejado de monopolizar la violencia legítima, adolece de una administración prestacional (trabajo, salud, educación) mínimamente eficiente, y no se sostiene en una estructura jurídica (el Estado de Derecho) que atienda adecuadamente la protección y promoción de los derechos esenciales, consecuencia de su dignidad, de la persona humana.
Frente a tan desastrosa situación, el presidente Duque recientemente suscribió un decreto que regula el «Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos» , mediante el cual el hermano país se propone regularizar la situación de alrededor de 1 millón de venezolanos indocumentados, que abre las puertas incluso a la residencia definitiva de los aproximadamente 2 millones de compatriotas que por una u otra razón habitan actualmente en Colombia. En su intervención en el acto de firma del decreto Duque pronunció unas palabras que me tomo la libertad de estampar textualmente : «Con esto Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia». La actitud del gobierno colombiano revela una solidaridad ejemplar, más tratándose de un país del tercer mundo, con sus necesidades y su conflictividad social, incluida la lucha contra la pobreza, que enaltecen de manera especial una decisión aclamada internacionalmente, y de lo cual nos debemos sentir especialmente agradecidos los venezolanos.
Colombia y Venezuela están unidas por fuertes lazos no solo territoriales, de lo que es muestra la porosidad de su vasta frontera, sino también históricos, culturales y económicos intensos, un destino que el Libertador quiso unido en una orgullosa nueva nación, la Gran Colombia, que cierto no pudo lograrse, pero permanece como un reto a la confraternidad que debe siempre predominar entre ambos países y estamos obligados a cultivar, de lo cual es expresión tangible el tenor del decreto señalado.