La democracia es un sistema de gobierno, una forma de organización social que confiere la titularidad del poder público al conjunto de ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos. Bajo ese sistema, las decisiones colectivas adoptadas por el pueblo se canalizan a través de mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad de origen a sus representantes válidamente electos. La igualdad ante la ley –atributo fundamental del liberalismo y la democracia– garantiza que el ciudadano –sin distinción de raza, sexo, religión u otras particularidades– sea tratado del mismo modo al aplicarse las normas promulgadas conforme los procedimientos pautados en la Constitución y leyes vigentes; todos tendrán igual derecho a la justicia y gozarán de las mismas prerrogativas civiles y políticas.
Valorar la democracia es un primer paso que debemos dar hacia su regeneración en Venezuela. En ese camino, precisa resaltar que a partir de 1958 la ley y el funcionamiento institucional discurrieron de manera correlativa, consagrándose aquello que vino a ser un sistema democrático formal, por años ejemplo a seguir en la región hispanoamericana, también en Europa, particularmente en España, donde discurría una férrea dictadura. Se dio cabal cumplimiento a las normas constitucionales al momento de fraguar el gobierno republicano, consagrando la separación de poderes del Estado que fueron ejercidos por órganos distintos, autónomos e independientes el uno del otro. Ese esfuerzo no puede darse por perdido en esta hora aciaga que vive el país asolado por el ejercicio dogmático, sesgado, intransigente, mediocre, incluso pervertido de la función pública. Y para ello vale la pena recordar el pensamiento de Ramón J. Velásquez sobre el entendimiento político de 1958.
“…En Nueva York, durante las conversaciones celebradas en la primera quincena del mes de enero, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera dejaron prueba histórica de que los jefes de los partidos políticos, a diferencia de los Borbones, sí olvidan y aprenden, cuando las circunstancias los obligan. Ante la certeza del derrumbamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, los fundadores y máximos dirigentes de los partidos mayoritarios, en una oportunidad en presencia del expresidente López Contreras, pasaron revista a la situación política venezolana, analizaron los graves errores y los aciertos del pasado y terminaron por aceptar la tesis de que el porvenir sería suyo, en la medida en que entendieran que el poder político es el producto de un conjunto de alianzas y de acuerdos entre los diversos sectores que integran un país. Era evidente el hecho de que la crisis de 1948, más que la habilidad maquiavélica de Delgado Chalbaud o que el prestigio y la influencia entre los cuadros militares de Pérez Jiménez y de Llovera Páez, fue el aislamiento que en torno suyo se había creado Acción Democrática que monopolizaba el poder y que originaba resistencias innecesarias, lo que provocó su caída. Y junto a la ceguera y la peligrosa autosuficiencia del partido de gobierno, la oposición sin cuartel de los nacientes partidos que desbordaba los linderos de la prensa y del Parlamento para estimular a quienes no eran adversarios de Acción Democrática, sino del régimen democrático, cosa muy distinta…”.
Pues no fue necesario transitar las atrocidades de una guerra civil o de una revolución violenta como la mexicana, para que los líderes políticos venezolanos de 1958 comprendieran la imperiosa necesidad del acuerdo que les integrase en un ejercicio relativamente compartido del poder, obviamente, con solo uno de ellos al frente de la función de gobierno. Como resultado de tal comprensión y sobre todo madurez política, suscribieron el 31 de octubre el llamado Pacto de Puntofijo, traducido igualmente en tregua obrero-patronal y en acuerdo tácito, celebrado entre los partidos políticos y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, comprometidos a mantener el orden democrático y a frustrar cualquier intento de golpe de Estado.
Urge un nuevo acuerdo de voluntades que articule a la dirigencia política, empresarial, eclesiástica, laboral, académica, incluso castrense y arranque de una visión realista del momento histórico y las circunstancias que estamos viviendo; entre otras cosas no contamos con un CNE institucional que disponga de lo esencial para cumplir su misión con trasparencia y eficacia funcional. Tampoco es confiable el registro electoral que debe ser auditado y depurado como condición previa a cualquier convocatoria de nuevos comicios. Y por encima de todo no existe igualdad ante la ley en tanto y en cuanto se incautan los símbolos partidistas e inhabilitan sus líderes naturales para el ejercicio de cargos de elección popular. Sin todo ello no habrá regreso a la democracia; ese tiene que ser el primer punto del nuevo acuerdo que, además, debe sentar las bases para la adecuada reinstitucionalización del país. Ya hemos dicho que del acuerdo debe formar parte el chavismo dispuesto a someterse a las normas, valores y procedimientos de la democracia.
Los acercamientos entre el régimen y los diversos sectores de la vida venezolana –los que registra la prensa de los últimos días– tendrán muy poco alcance si no se aseguran previamente los conceptos esbozados en líneas anteriores. ¿De qué sirve cualquier acuerdo grande o pequeño si no tenemos instituciones confiables? La respuesta parece obvia. Por ello es difícil comprender la aparente complacencia de quienes ingenuamente –algunos también lo harán por razones inconfesables– hablan de un nuevo intento de diálogo que haga posible el consenso y la convivencia entre los factores de poder en permanente confrontación –han corrido ya dos décadas de desencuentros a costa del sosiego social y la viabilidad económica del país y por lo visto para algunos no ha sido suficiente–. La oposición política debe comenzar por reordenarse y unificarse en torno a objetivos compartidos, como lo hizo el liderazgo partidista en 1958 –no es posible, valga también decirlo, que todos y cada uno se adhieran al nuevo pacto, bastaría una calificada mayoría para ganar contundencia–; de tal manera aceptarán que el porvenir será de quienes sostengan la democracia, se avengan al juego limpio electoral y a la gerencia de la cosa pública con arreglo a parámetros de eficiencia y recta gestión de los recursos del Estado, siempre alineados con el progreso económico y el bienestar colectivo.