Bienvenida la negociación política que apenas se inicia en México. Igual hay que analizarla con cautela y no hacerse falsas expectativas ni esperar resultados espectaculares. Los intentos realizados han fracasado, lo cual debe ser un estímulo para que esta vez tengan éxito. La agenda es ambiciosa, y me atrevo a pensar que en muchos aspectos puede tener éxito. Así, el tema prioritario de la agenda humanitaria, lo cual penetra con dolor todos los intersticios de la sociedad, especialmente a los más pobres y necesitados de ayuda, lo que abarca a la inmensa mayoría de nuestra gente. Otro tema prioritario lo es la liberación de los presos políticos, una tarea que debe concluir en una ambiciosa amnistía, sin restricciones ni discriminaciones odiosas. Otro tema de la mayor importancia es el respeto a los derechos humanos, en todas sus categorías: civiles, políticos, económicos y sociales, lo cual revelaría el abandono por parte del régimen de su naturaleza autoritaria, algo nada fácil dada su tradición de atropellos y violaciones en los más de veinte años transcurridos bajo su égida. Un aspecto central tanto por su urgencia como su relevancia es el de las garantías electorales, que tendrá una cercana prueba en las próximas elecciones regionales.
Toda negociación política tiene un núcleo duro, unos pocos asuntos donde a las partes se torna dificultoso romperles el brazo. En el caso del régimen de Maduro lo es el reconocimiento nacional e internacional de continuar su mandato por lo menos hasta el año 2024. Es un punto crucial, pues de aceptarse la propuesta, lo cual a mi entender tiene las mayores posibilidades de materializarse, significa, nos guste o no nos guste, reconocer la legitimidad de su gobierno y del resto de las instituciones fundamentales (léase la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía) que lo conforman. Ya sería bastante que el régimen aceptara una renovación de acuerdo con los patrones que pauta la Constitución de la República, del Poder Electoral, la mejor garantía para los comicios que tarde o temprano habrán de realizarse , e independientemente de la fecha pautada para su realización.
No me resulta fácil identificar el núcleo duro de la oposición representada en México. Si son los primeros puntos antes señalados, siempre serán bienvenidos. El tema es que se ha insistido, de manera particular Guaidó y su “gobierno interino”, como punto crucial en el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Se trata de un asunto ambicioso que me cuesta creer que el régimen acepte. Una solución viable podría ser el adelantar las elecciones parlamentarias para el año 2024, y así al realizarlas conjuntamente con las presidenciales, abre un camino para la renovación también del resto de las instituciones fundamentales, como lo pauta la Constitución.
No he entendido el porqué el apoyo de Guaidó y el G4 ha sido tan débil hacia el referéndum revocatorio. Se trata de un instrumento altamente legítimo contemplado en la Carta Magna precisamente para atender crisis de la magnitud como la que actualmente experimenta el país. Además es profundamente democrático y atiende a un derecho fundamental inalienable , como lo es el derecho ciudadano a la participación política. No es tarde para proponerlo en la negociación, . El revocatorio tiene la ambición de unir al espectro completo de la oposición democrática, que conjuntamente con la sociedad civil, podría convertirse en una abrumadora avalancha popular a favor de su realización.
Un punto que debería constituir núcleo duro de la negociación para la oposición debe ser la suspensión sine die de la legislación sobre el poder comunal en general y las ciudades comunales en particular. El asunto afecta el núcleo duro de la Constitución presente desde los mismos albores de la República, resultando inaceptable su implementación. Solo el poder constituyente originario puede llevar adelante una reforma de esa naturaleza. Recalco, la suspensión de dicha legislación esperamos que constituya parte del núcleo duro de la oposición.
Estamos en puertas de las elecciones regionales. Comulgo con la participación de la oposición, y entre más unida mejor, en los comicios que se avecinan. El derecho al voto es el derecho más sagrado de la democracia; su no utilización, tratándose de un derecho y a lo sumo una obligación moral, solo debe operar bajo condiciones muy excepcionales que impidan su ejercicio. Además, dichos comicios tienen un valor estratégico para la negociación, en tanto testimonio de respeto a la voluntad popular. Las regiones y sus liderazgos emergentes quieren manifestarse electoralmente; tienen derecho a hacerlo, deben hacerlo, ello nutre la democracia. El que ha militado o simpatizado con un partido político reconocerá siempre la importancia de la participación en las justas electorales y la legítima aspiración de hacerse presentes en la distribución de los cargos en disputa. El veterano político italiano Giulio Andreotti dijo alguna vez unas palabras de plena actualidad: “El poder desgasta a quien no lo tiene”. Los partidos encerrados en el abstencionismo terminan marchitándose en una irrelevante condición.
La negociación que apenas comienza tiene la ventaja, a diferencia de otras experiencias comparadas, que se realiza bajo el paraguas de una Constitución garantista y democrática. Cierto que ha sido vapuleada, violada y manipulada por el régimen; la oposición democrática tiene el deber de solicitar el respeto a sus postulados, pues estos deben constituir el alfa y el omega para el regreso a la democracia, tal como aspiramos la mayoría de los venezolanos.