Si el régimen madurista creyó que su “campaña anticorrupción” generaría un ápice de credibilidad en su gestión y refrescamiento de su maltrecha imagen, pues ha errado su cálculo. La población lo condena, además, por haber arruinado su condición de vida al extremo de la precariedad, así como por las sucesivas muertes y penurias sufridas por millones de migrantes que se fueron espantados del país por la desgracia nacional. Sobre esto último, el caso más reciente fue la tragedia acaecida en Ciudad Juárez, México, donde murieron calcinados varios venezolanos.
El caradurismo del mandatario menosprecia la memoria popular que todavía mantiene fresca la cadena de escándalos de corrupción conocidos durante el siglo XXI: desde las toneladas de alimentos podridos de Pdval, el maletín de Wilson Antonini, los sobornos de Odebrecht, los trenes inconclusos, el subsidio petrolero al castrismo cubano, la injerencia descarada en campañas presidenciales de candidatos del Foro de Sao Paulo con recursos nacionales, hasta el anecdótico caso de la hija de Chávez que “de vender cosméticos logró con su ‘emprendimiento’ convertirse en una poderosa empresaria importadora agrícola con un capital mil millonario en dólares”. Y así como estos se cuentan centenas de corruptelas sin castigo y con total impunidad, ante la indolencia de policías y jueces venales.
Por tanto, para el ciudadano no es nada extraño que una vendedora de patilla del estado Portuguesa concrete su “sueño dorado” de comprarse un apartamento en Dubai, conjuntamente con las tropelías financieras de los 40 detenidos por casos similares en Pdvsa, CVG, alcaldías. El régimen está gangrenado hasta los tuétanos.
Lo que más se acerca al comentario y los corrillos populares es que esta puesta en escena de presos con bragas anaranjadas contiene como significado un ajuste de cuentas o vendetta, conocida como la venganza que una persona toma contra otra en respuesta a un daño recibido, tal como hace la mafia italiana o cualquier cartel del narcotráfico, entre ellos uno destacado como el de los Soles.
Ante este cuadro de descomposición de la dictadura cabe señalar la incapacidad de un régimen sin instituciones legítimas cónsonas para investigarse a sí mismo. Es como si Pablo Escobar o los carteles de México constituyeran tribunales para juzgarse y condenar crímenes, cuando ellos son la fuente abyecta de criminalidad permanente.
Sus condenas son similares a las purgas típicas de las satrapías estalinistas, utilizadas para eliminar adversarios y competidores por el poder, como lo hizo el régimen de la China comunista cuando eliminó a la Banda de los Cuatro que pretendía continuar con la doctrina maoísta, o el de Fidel Castro cuando fusiló al general Ochoa para tapar los vínculos del castrismo con el narcotráfico y de paso eliminarse un adversario político.
En el caso de Venezuela no puede haber dudas cuando al mandatario nacional le han puesto precio a su cabeza en 15 millones de dólares, a otros funcionarios conspicuos del régimen le han puesto precio en 10 millones de dólares, entre ellos el árbol caído Tareck Zaidan el Aissami, señalado y defenestrado por pretender convertirse en el sucesor del actual tirano.
En el intento de limpiar su patio trasero, el régimen resuelve mediante un “escenario ejemplarizante” disciplinar sus filas, controlar sus corruptos y tratar de presentar una imagen diferente ante la comunidad internacional, que mantiene la acción acusadora con la CPI, cuyas posiciones constituyen la pesadilla de la dictadura al señalarle de ser responsable de delitos de lesa humanidad y de violación permanente de derechos humanos al perseguir a opositores, a sindicalistas solo por ejercer el derecho a la protesta y a la vida digna.
Cuando vemos recientemente en el banquillo de los acusados al expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, quien lideró una sangrienta campaña contra sus adversarios políticos durante la guerra de independencia (1998-1999) que acabó con más de cien asesinatos, acusado por el fiscal en un juicio por crímenes de guerra ante un tribunal especial en La Haya, no perdemos la esperanza de ver a la cúpula madurista, desde el mandatario hasta sus ministros, sometidos a la justicia internacional.