La verdad es que la conducta del TSJ nombrado en volandas por el usurpador generalmente no sorprende con sus decisiones, con sus insólitas sentencias, porque no es otra cosa que una forma deliberada de justificar los desmanes de la dictadura y de promover las persecuciones de la oposición. Todo lo que ha salido de su foro ha sido y es pensado para servir al Ejecutivo, todo lo que resuelven o analizan sus miembros está expresamente dedicado a atacar a los políticos opositores y a complacer a los mandamases rojos-rojitos que los disfrazaron de togados, sea cual fuere el asunto. De allí que la orden que acaban de remitir a la simulación de AN a la cual se dirigen, llame poderosamente la atención porque puede hacer que, después del trámite iniciado, los supremos jueces redacten otro libreto y filmen una película distinta. ¿Puede ser eso posible?
En efecto, la Sala Constitucional del TSJ, ante una solicitud de amparo presentada por el ciudadano Enrique Ochoa Antich, ha pedido a la supuesta AN que ahora reina en el Capitolio, que envíe información precisa sobre el quórum de la sesión en la cual fue nombrada la directiva presidida por Luis Parra, con todos los detalles necesarios para juzgar sobre las características del acto. Estamos ante una solicitud realmente extraordinaria, viniendo de donde viene y dirigiéndose a quienes se dirige, porque no puede conducir a otra cosa que a descalificar a los destinatarios de su ineludible orden. Extraña medida, realmente curiosa e inesperada: contra sus hábitos, los magistrados no han vacilado en buscar lo que no se les ha perdido sin pensar en las consecuencias de su hallazgo.
Los magistrados saben que no hubo sesión de la AN cuando Luis Parra y sus secuaces fueron elevados a la junta directiva. Saben de la actuación de la Guardia Nacional contra los diputados de la oposición, para impedirles la entrada al Hemiciclo. También conocen la multitud de facinerosos que entonces protagonizó un escandaloso tumulto. Y están enterados de cómo un líder del PSUV dirigía a Parra como a un títere para que le diera un puntapié a Guaidó. En suma, saben que aquello fue un guiñol de mala muerte. Son asuntos del dominio público, en el país y en el extranjero. Entonces, ¿por qué meten el dedo en la llaga, en lugar de esperar a que deje de doler, a que la tapen la mentira y la propaganda?, ¿por qué vuelven a uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Venezuela?, ¿por qué despiertan a unos superiores y a unos amigotes que preferirían una hibernación sin interrupciones incómodas?
Para colmo, el sujeto Luis Parra anunció que se había perdido el acta de la memorable sesión en la cual fue “elegido” como presidente de la AN, que alguien se la había robado. Tuvo el tupé de anunciar que de la escena del crimen había desaparecido una evidencia primordial, se diría en argot policial, aunque quizá se diga de otro modo en el vocabulario de los usurpadores, pero el curioso “hurto” también era del conocimiento de los jueces de la Sala Constitucional, por supuesto. Así las cosas, ¿para qué pedir evidencias que el viento se llevó, más livianas que las hojas de los árboles, especialmente de los árboles que jamás fueron plantados? Estamos ante una actitud excepcional del TSJ, porque puede verificar en términos oficiales el cúmulo de porquerías sobre las cuales ha tomado la decisión de averiguar.
Pero no se sabe, a la vez. No echemos las campanas al vuelo cuando apenas se sienten unas vísperas, hay que esperar. Puede que el TSJ quiera acabar la escandalosa y trapacera duplicidad que ahora se advierte en el Legislativo porque no hay manera de sostenerla en buena lid con la cara lavada, de acuerdo con la legalidad y con los reglamentos de la institución, o también puede que la Sala Constitucional le esté cocinando nuevas recetas alevosas a la ciudadanía.