Es bien sabido que los gobiernos democráticos (1958-1998) sostuvieron políticas públicas de apoyo al proceso de industrialización del país. Cuando en enero de 1959 se dictó el Decreto N° 512 Compre Venezolano, y el mismo año se estableció la obligación de inscribirse ante la Dirección de Industrias del Ministerio de Fomento, el país contaba con un parque industrial de aproximadamente 7.500 empresas. El parque industrial había crecido de manera ostensible y había mantenido su perfil hasta 1998, pese a todos los errores, carencias y fallas de la gestión económica; a partir de allí comienza una decadencia impulsada por la acción gubernamental.

En los años setenta, con el ingreso de Venezuela al Pacto Andino, se adopta un nuevo arancel de aduanas, así como regímenes normativos para incentivar las exportaciones y su financiamiento. El sector industrial crecía sostenidamente; venía de representar 10,8% del PIB total en 1958, 11,0% en 1963; 11,9% en 1968, llegando a 15% en 1978. Para 1998, el sector manufacturero representaba el 17,4% del PIB. Hoy por hoy, como resultado de las políticas públicas que fueron implementadas a partir de 1999, el país cuenta con menos de un tercio de las industrias que existían para esa fecha, con la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.

Por lo que se refiere al sector agroalimentario industrial, cabe decir que en Venezuela, desde el mes de abril de 2003, cuando el gobierno populista lanza la Misión Alimentación, avanza el progresivo deterioro de una actividad fundamental para el sustento de la población. Paradójicamente la Misión Alimentación quiso ser “la punta de lanza para la consolidación de la soberanía alimentaria”, tal como muestran los papeles oficiales. Naturalmente, mientras la bonanza petrolera lo permitió, hubo flujo de fondos suficientes para importar materias primas requeridas por la industria agroalimentaria, así como productos terminados para satisfacer las necesidades de la población. En la actualidad venezolana, con la estrepitosa caída del ingreso fiscal petrolero, la situación no solo de la agroindustria, sino de la población en general, es verdaderamente dramática.

Apoyado en las normas y conceptos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el gobierno ha estimulado invasiones de predios rurales, expropiaciones y tomas ilegales de unidades de explotación a lo largo y ancho del país. Con infames interpretaciones, los agentes del régimen han desconocido títulos de propiedad y sobre todo el hecho verificable de la “posesión pacífica e ininterrumpida” más allá de los lapsos mínimos que determina el Código Civil –uno de los modos de adquirir la propiedad–. Las unidades de producción agropecuaria que gestiona el régimen a través de corporaciones creadas para tal finalidad han recibido ingentes recursos de capital para llevar a efecto programas inviables de desarrollo agrícola y ganadero.

La Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO), al abordar el tema de la seguridad alimentaria, concluye que esta solo existe cuando todas las personas tienen –en todo momento– acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana. Hace tiempo que Venezuela no cumple con estas exigencias.

Existen estimaciones para el año 2015 según las cuales la dependencia agroalimentaria de importaciones por rubro, estaría en 95% para la leche en polvo, 90% para granos y aceites, 75% para maíz amarillo, 70% para carne de bovino, azúcar y café y 60% para arroz y maíz blanco, productos que encabezan la lista de los 20 principales alimentos consumidos por los venezolanos, según datos aportados por la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos realizada en el segundo trimestre de 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El maíz blanco, el café y el arroz son parte de los 12 rubros agrícolas que se cultivan en Venezuela, cuya producción ha venido en franco descenso desde que el régimen instrumentó sus desatinados programas. Destaca igualmente la caída en la superficie de siembra y obviamente en productos cosechados en el área vegetal.

El sector ganadero nacional no escapa a una situación similar a la planteada para los rubros agrícolas previamente referidos. Se estima una caída que sobrepasa 70% en la producción de carne y leche. Si el crecimiento del rebaño nacional debe verificarse al ritmo de incremento poblacional, en la Venezuela de nuestros días estamos aún peor de lo que estuvimos en 1999; si para entonces el tamaño del rebaño nacional podía estimarse cercano a los 14 millones de cabezas, hoy estaremos probablemente por debajo de 50% de esa cifra. Todo esto incide en los niveles de producción de esos productos pecuarios.

La verdadera explicación de tan malos resultados en el campo venezolano tiene que ver con la caída en la rentabilidad de las operaciones, la escasez de insumos, el descenso de las inversiones provocado por la desconfianza y la incertidumbre, los excesivos controles y licencias, la inseguridad jurídica y personal y ante todo el irrespeto al derecho de propiedad.

Más allá de lo indicado, compartimos la acertada visión de Carlos Machado Allison sobre la competitividad: “Cualquier análisis de la competitividad de un sector debe considerar un conjunto de diversos factores, tanto externos como internos a las empresas. La competitividad empresarial es el resultado de las interacciones entre todos los factores. Los factores externos incluyen elementos de carácter sistémico (macroeconómicos, político-institucionales, legales, sociales, internacionales, de infraestructura) y estructural: mercado (tamaño y dinamismo) configuración de la industria (grado de rivalidad, cooperación, capacitación, redes) y régimen de incentivos y regulaciones (política comercial y política industrial)”. Es evidente, como añade Machado Allison, que en un sistema agroindustrial típico, la tecnología de procesamiento es muy sensible a las economías de escala –nosotros extendemos esta observación a la actividad primaria necesitada de tecnología, prácticas modernas de producción y gerencia profesional–. Como bien concluye el citado Machado Allison, “la dispersión de los productores –su atomización, diríamos nosotros– disminuye su poder de negociación y acceso a la tecnología y servicios”. Y es que el productor primario, sin ninguna duda, constituye el eslabón más frágil de la cadena agroalimentaria, el que mayores dificultades tropieza para adaptarse a los cambios.

Concluimos con una breve mención a los problemas que plantean las deficiencias y mal estado de las infraestructuras de comunicación vial a nivel nacional, similares a las que igualmente existen en áreas destinadas a instalación y funcionamiento de servicios en general. La planta física es inexistente en muchos lugares donde se requiere; y la que existe nos muestra signos de ruina provocada por la gestión gubernamental.

Solo un cambio de régimen que implemente un conjunto de medidas que cubran los aspectos aquí tratados, podría devolver a la agroindustria alimentaria en todas sus etapas, la fortaleza necesaria para atender los requerimientos de la población y del desarrollo.


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