El tema de la Reforma Agraria en Venezuela, salta a la palestra pública después de la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935. Por razones perfectamente explicables, el pensamiento llamado progresista o de izquierdas, se apropia de la propuesta agrarioreformista y arremete contra el latifundio ganadero, sin hacer distingos entre tierras eficiente o ineficientemente explotadas por sus propietarios y aparceros. Son algunos de los contenidos del Plan de Barranquilla de 1931, el documento político elaborado por los exiliados del régimen gomecista, entre ellos Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba. Explicables son también las preferencias y tendencias ideológicas del liderazgo político emergente a partir de la apertura democrática auspiciada por el régimen del general Eleazar López Contreras. El comunismo era la novedad del momento y la juventud interesada en la política, veía en su doctrina una posibilidad, sobre todo en un país como Venezuela, que venía del ostracismo provocado por una larga dictadura. Obviamente, para ese momento no se había evidenciado el fracaso del socialismo real que presenciamos a finales de 1989 en la caída del muro de Berlín.
La primera Ley Agraria de 1945 no resultó aplicada en virtud del golpe de Estado contra el gobierno de Medina Angarita. Sin embargo, los fines que planteaban la transformación de la estructura agraria del país mediante la incorporación del campesino al proceso de la producción nacional, el fomento de la actividad agropecuaria, la distribución equitativa de la tierra, la mejor organización y extensión del crédito agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, se mantuvieron vigentes en el tiempo y aparecieron más tarde reflejados en la Ley de 1948, cuya puesta en vigencia quedará igualmente en suspenso al producirse la caída del maestro Gallegos. En 1960, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, finalmente se consagra y aplica la achacosa doctrina agrarioreformista que contraviene el latifundio como inexorable remedo de inequidades históricas. El problema todavía radica en la determinación objetiva de si existe o no eficiencia en la gestión productiva de grandes heredades; prevalecen criterios subjetivos, los que han devenido en artilugio del ente expropiante de fincas incluso en plena producción –un acto decididamente contrario al interés nacional, como demuestran los hechos–.
Pero al menos hoy contamos con la ratificación de un dato histórico: todas esas grandes y medianas fincas que pasaron a manos del Estado en nombre de la Reforma Agraria, hoy amenazan ruina, como se desprende de numerosas declaraciones, testimonios verificables y notas de prensa. Tampoco las que fueron fraccionadas en pequeñas unidades para la dotación campesina, han logrado alcanzar –de manera agregada– los niveles de producción agrícola o ganadera que obtuvieron esas mismas tierras mientras conformaron una sola heredad. El desplome de la producción nacional en los distintos rubros, comprueba el desastre de las expropiaciones ejecutadas en las últimas dos décadas –precedidas de iguales fracasos en tiempos de la democracia–. Un doloroso aprendizaje para Venezuela, que debe afrontar lo antes posible, no solo la reinstitucionalización del país, sino además la revisión de las ideas que por décadas fueron dominantes en relación con el derecho de propiedad vinculado a la agricultura y la ganadería.
Las ineficiencias del Instituto Agrario Nacional –incontables y además gravosas para el Tesoro Nacional– fueron transferidas sin ninguna enmienda al nuevo organismo creado por la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. No solo se acentuaron los criterios subjetivos y revanchistas que condujeron a la perversa ocupación de predios rurales, sino además se introdujeron absurdos requerimientos que desconocen los modos legítimos de adquirir la propiedad inmobiliaria, exigiéndose además las calificaciones sesgadas que determinan arbitrariamente aquello que es o no es productivo, siempre concebidas en perjuicio del productor primario.
El sector agropecuario requiere particular atención y entre otras cuestiones es preciso reformar el marco regulatorio vigente, eliminando disposiciones que prescriben trámites innecesarios, que vulneran el interés de la colectividad nacional, necesitada de armonía empresarial y laboral, así como producctos de consumo humano de origen venezolano. Se trata de normas y políticas que han empobrecido al sector, afectando igualmente el bienestar de las poblaciones rurales que viven del intercambio de productos agrícolas y ganaderos y ante todo de las fuentes de empleo que sostienen las explotaciones en marcha.
No hay duda de que el punto de partida de cualquier reforma institucional y legal debe ser el pleno restablecimiento de la República Civil. Una vez alcanzado ese fundamental propósito que debe involucrar a todos los sectores de actividad y tendencias políticas, las materias urgentes no se limitarán a lo visible; el tema agropecuario en toda su extensión y complejidad, es tan inaplazable como la producción de gasolina, la distribución de medicamentos y de alimentos, los servicios públicos, la vialidad nacional, la educación, la seguridad personal o la salud. No habrá confianza en los agentes económicos –indispensable para concretar la inversión privada que con carácter de urgencia necesita el país– hasta tanto no se consolide (énfasis añadido) una definitiva transición hacia la democracia esencial, lo cual necesariamente debe involucrar a todos los actores políticos de la hora actual –incluido, obviamente, el chavismo militante–. Venezuela se muestra muy menguada en todos los órdenes de actividad y establecer prioridades no significa postergar programas de rehabilitación de ocupaciones fundamentales para el bienestar de la población, la ganadería y la agricultura entre ellas.
En conclusión, la Agenda Agropecuaria 2021 –tan pronto sea posible instrumentarla– debe partir de la eliminación de aquellos artículos de la Ley agraria que conculcan la confianza, estabilidad y funcionalidad de los productores del campo, conditio sine qua non para la reactivación verdaderamente efectiva y duradera en el tiempo de tan importante actividad.