El 23 de enero de 2008, junto con otros representantes de los partidos UNT, Copei, ABP, Primero Justicia, MAS, La Causa Radical, Proyecto Venezuela, Vanguardia Popular y Bandera Roja, firmé –en representación de AD– el Acuerdo de Unidad Nacional que comprendía un gran marco de actuación de esa coalición para lograr la consolidación de las propuestas formuladas bajo nuevos parámetros.
En aquel momento, luego de las pifias del “Carmonazo» y de la abstención de 2005, y alentados por la derrota de Chávez en la reforma constitucional, esa iniciativa representó un relanzamiento de las organizaciones partidistas con criterios que iban más allá del tema electoral. Se trató entonces de un planteamiento que comprendió no solo una unidad de acción sino también de una visión compartida en aspectos de gran trascendencia.
En otras palabras, se tuvo que colocar la carreta detrás de los bueyes. La unión en los procesos electorales, tenía que estar precedida de planteamientos de objetivos viables y acuerdos coherentes, de gran contenido social y político, muchos de ellos enunciados en nuestra Constitución, ignorados luego y desde entonces, por el propio régimen. Su viabilidad ya dependía del grado de compromiso y responsabilidad de estas y muchas otras organizaciones políticas que se sumaron casi que inmediatamente. En aquel momento, fue el mejor aporte que la clase política pudo hacer en conmemoración del 50 aniversario de la caída de la dictadura “perezjimenista”.
Luego de algunos ajustes y desajustes, en la medida que el tiempo transcurrió, comenzaron a vislumbrarse las desviaciones electoralistas; sesgo este que se evidenció de bulto cuando a esa coalición se le convierte en un partido político que por sí mismo nunca pudo funcionar como tal, y a la vera del camino quedaban las arriadas banderas de la autonomía de las instituciones del Estado, la descentralización del poder, el impulso de un sistema de seguridad pública, la defensa de la propiedad privada, libertad de trabajo y prensa libre, entre otras que formaron parte esencial de sus objetivos fundacionales. Tanto fue así, que luego del triunfo electoral en las parlamentarias de 2015, ese acontecimiento histórico devino en “el parto de los montes”. Una Asamblea Nacional impunemente cercenada, sin capacidad de respuesta política, mal dirigida, improvisada, carente de coraje, sin objetivos claros, ni resultados tangibles, convertida finalmente en un colegiado órgano híbrido al asumir también funciones ejecutivas, fue la mejor demostración de que nuevamente pusieron los bueyes detrás de la carreta.
Después de las piruetas y el “nariceo” de parte de algunos dirigentes, la MUD se vio obligada a participar en las elecciones regionales de 2017. Quedó maltrecha a menos de dos años de la gran victoria parlamentaria y no se hicieron esperar las graves denuncias de irregularidades en ese proceso electoral. El escarnio al que los gobernadores electos de la oposición fueron sometidos por la constituyente parecía el último clavo de su ataúd, pero no fue así.
Quedaba el coqueteo con las presidenciales. Hubo hasta precandidatos en la oposición. Ese afán electoralista quedó truncado a comienzos de 2018, cuando el TSJ decidió que la MUD no podía participar en el proceso porque «su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional» con lo cual incurre en la prohibida doble militancia. Luego de esa decisión, los partidos políticos, que formaban parte de ese otro partido político que era la MUD, comenzaron a abandonarlo y desaparece en octubre de 2018.
Le sucedió en el espectro político nacional el Frente Amplio Venezuela Libre, una coalición con una conformación heterogénea que además de las organizaciones políticas, comprende a diferentes sectores de la sociedad civil. En relato corto, sin introducirnos en los acontecimientos que derivaron en el interinato y sus resultas, solo diremos que al no tener entre sus fines esenciales el objetivo electoralista, el frente quedó finalmente relegado ante la resurrección del partido político MUD, rehabilitado convenientemente por el régimen a petición del llamado G4. Al respecto es interesante el planteamiento de Chúo Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD, cuando manifiesta que el G4 no «puede presentarse como heredero de la MUD. Sería lamentable que la tarjeta de la MUD vaya a ser bastardeada por intentar usarla estos grupos como tabla de salvación electoral”.
Pero no es en esta concesión graciosa donde queremos poner el acento. El caso es de mayor calado. Nuevamente se pone la carreta delante de los bueyes, cuando a despecho de la mayoría de los venezolanos que siguen esperando soluciones reales que los saquen de esta tragedia, esa dirigencia opositora decide participar en las regionales y locales de noviembre en un compromiso previo que asumió con el régimen a cambio de nada tangible en el posterior diálogo de México. Cayeron las caretas y se acabó el aguaje de las presidenciales, y bajo la consigna de alcanzar espacios para doblegar al régimen se aseguran pequeños cotos de poder.
A 74 días de esas elecciones, las peticiones de condiciones son ignoradas; las pocas concesiones en nada determinarán unos resultados electorales que solo dependen del manejo discrecional del régimen, con el agravante de que no votarán unos cuantos millones de compatriotas que están lejos de casa. Pareciera que el G4, consciente de que no está en las condiciones de 2015, solo está en la onda electoralista del “agarrando, aunque sea fallo”