Por considerarlo oportuno y de importancia para la universidad autónoma venezolana, he querido compartir con mis lectores un documento elaborado por un grupo de docentes de la Universidad Central de Venezuela, el cual me honra suscribir con más de 270 colegas, que exhorta a las autoridades rectorales y al máximo organismo de dirección de nuestra institución a liderar la movilización de la comunidad universitaria ante las graves amenazas de la Sentencia 0324 del TSJ. A continuación, el texto de dicho documento, presentado en el Consejo Universitario de la UCV en sesión del pasado miércoles 22, cuando se declaró a esta institución en clima electoral.
Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas se dirigen al Consejo Universitario
El próximo 27 de febrero vence el plazo de seis meses que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia N° 0324 fechada el 27 de agosto de 2019, dictada por la Sala Constitucional, dio a la Universidad Central de Venezuela para la elección de nuevas autoridades.
La Asociación de Profesores de la UCV, en asamblea realizada al día siguiente de la publicación de la sentencia, y poco después la Cátedra de Derecho Constitucional de la misma universidad, la Federación de Centros Universitarios (FCU), la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat), diversas otras agrupaciones -como Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas- y calificadas personalidades de la comunidad ucevista, se han pronunciado públicamente en repetidas oportunidades contra el fallo del TSJ, denunciándolo por violatorio de la Constitución, la Ley de Universidades, la normativa interna de la UCV y poniendo de manifiesto sus insuficiencias jurídicas, sus contradicciones lógicas, la vulneración del principio autonómico y las perversas intenciones políticas que la animan.
Otro tanto han hecho numerosas instituciones del país entre las que destacan la Asamblea Nacional, las Academias Nacionales, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu). Coincide esta diversidad de actores institucionales y personales por un lado en el desconocimiento de la sentencia (doblemente nula dadas sus deficiencias intrínsecas y la ilegalidad e ilegitimidad del órgano del que emana), y por el otro en la necesidad de llevar a cabo las elecciones con apego al Estado de Derecho en el marco jurídico vigente.
El Consejo Universitario de la UCV, en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019, por su parte también fijó posición sobre la sentencia 0324 en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública. En dicho texto el máximo órgano de dirección institucional formula una serie de fundadas consideraciones de carácter legal, proporciona referencias de interés histórico que contribuyen a la comprensión contextualizada del problema y denuncia la vulneración de la autonomía, esencial para la existencia de la universidad, por la violación del artículo 109 constitucional en que abiertamente incurre el tribunal.
Pero, a diferencia de la mayoría de los actores e instancias que se han pronunciado contra las lesivas condiciones que pretende imponer la sentencia, demasiado poco dice el Consejo Universitario acerca de la muy necesaria elección de autoridades y la no menor necesidad de que esa elección respete el ordenamiento en vigor, cuya modificación en todo caso precisamente en virtud del principio autonómico es potestativo de la propia institución, dentro de los límites que fija la ley. La elección de representantes profesorales, cuyos lapsos de ejercicio se encuentran vencidos, tendría asimismo que promoverse en la presente coyuntura mediante la invocación de esa misma autonomía que da fundamento a la Constitución y ejercicio del cogobierno universitario.
Si había ya motivos para preocuparse por la preterición de este crucial asunto en el comunicado del Consejo Universitario, la preocupación no ha cesado de aumentar a lo largo de los meses transcurridos, pues al silencio de ese superior órgano se suma una perceptible y reiterada actitud evasiva de las autoridades rectorales y decanales para actuar con determinación frente al amenazante cuadro. La expresión más conspicua de esta inexplicable reticencia tuvo lugar en una de las últimas sesiones del cuerpo antes de las vacaciones navideñas, cuando emplazado por algunos representantes profesorales decidió el Consejo Universitario remitir la materia a la Comisión Electoral, atribuyendo así a un instrumento meramente técnico y subalterno una competencia decisoria que le es ajena.
La inercia evidente de las autoridades rectorales resulta aún más incomprensible a la luz del éxito de la convocatoria de la rectora al acto que se denominó Defendamos a la Universidad Venezolana, celebrado el 14 de octubre pasado en el Aula Magna de la UCV, cuya nutrida, variada y entusiasta concurrencia –sin mencionar lo que sugería su denominación– autorizaba a esperar acciones inmediatas de organización de la comunidad y de definiciones en el plano de la estrategia de preservación de la institución, que hubieran debido ciertamente contemplar la celebración de elecciones de autoridades y de representantes profesorales al cobogierno en condiciones compatibles con la naturaleza de la institución. Nada, sin embargo, se hizo a este respecto.
En los actuales momentos, aunque ya no sea materialmente posible programar la elección de autoridades con arreglo a lo que prescribe la normativa interna de la UCV (pues el tiempo transcurrido imposibilita el cumplimiento de los plazos reglamentarios), la parálisis del alto gobierno universitario debe cesar. De allí que quienes suscribimos la presente comunicación, académicos docentes activos y jubilados de la Universidad Central de Venezuela, exhortamos vivamente al Consejo Universitario y especialmente a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse para participar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.
@eleazarnarvaez