Nuestros ancianos siguen siendo víctimas de la desigualdad social impuesta por el Estado. Las pensiones miserables y la falta de seguridad social los coloca en riesgo.
Rechazo la indiferencia por parte del Estado ante el alto nivel de indefensión en que se encuentran los jubilados, pensionados y adultos mayores en general. Su calidad de vida cada día se deteriora más por la falta de una buena alimentación. Su salud es vulnerable por no contar con seguro ni recursos para cumplir con los tratamientos que requieren, pues en su mayoría padecen de enfermedades crónicas y los hospitales públicos no prestan un buen servicio por las pésimas condiciones en que se encuentran. Estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad que el Estado aún no reconoce.
En nuestro país existen 5 millones de jubilados y pensionados que dejaron toda su vida en la administración pública, y lo único que desean es vivir sus últimos años en condiciones dignas y no ser despreciados por el Estado, que es lo que más les duele.
Nuestros ancianos también tienen derechos y el Estado está obligado a garantizarlos, cómo lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por humanidad, ¡es urgente resolver tan grave situación!