Durante la presidencia de Rómulo Gallegos se realizaría en Bogotá la IX Conferencia Interamericana cuyo representante de Venezuela sería Rómulo Betancourt, quien por expresas órdenes del mismo advertirá “que la Guayana Esequiba era venezolana”. A tales efectos, recurrimos al ensayo “La integridad territorial de Venezuela” de Rafael Sureda Delgado (Venezuela y sus fronteras en las actuales circunstancias, Universidad Popular Alberto Carnevalli) para justificar el título de las siguientes notas.
Una vez derrotado el primer gobierno democrático del país, la dictadura militarista echaría al cesto de la basura aquel reclamo, que reivindicaría 12 años después el mismo Betancourt como presidente. Reinstaurada la democracia, en su mensaje anual ante el Congreso Nacional el 12 de febrero de 1962 afirmaría categóricamente: «Jamás Venezuela ha admitido ni admitirá que tan extensa porción de territorio legítimamente suyo deje de estar encuadrado dentro de su geografía». Posteriormente, su embajador ante Naciones Unidas, Carlos Sosa Rodríguez, expondría: “El laudo arbitral fue el resultado de una transacción política hecha a espaldas de Venezuela, sacrificando sus legítimos derechos. La frontera fue trazada arbitrariamente, sin mantener nada, ni las reglas específicas del compromiso arbitral (se refería al Tratado de 1897) ni de los principios del Derecho internacional aplicables al caso”. Después su canciller, Marcos Falcón Briceño, en octubre del mismo año 1962 lograría un acuerdo con Gran Bretaña que sería conocido como Acuerdo de Ginebra: “La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio del que se ha visto desposeída”… Para entonces el presidente Rómulo Betancourt no necesitaba referéndum, sino responsabilidad y autoridad como jefe del Estado venezolano, para hacer valer los derechos de la República.
Justo es reconocer que en el quinquenio presidencial de Raúl Leoni fueron eficientes sus políticas nacionalistas y en febrero de 1966 se firmó el citado Acuerdo, por los cancilleres Ignacio Iribarren Borges de Venezuela, Michael Stewart de Gran Bretaña y Forbes Burnhan por la entones Guayana Britania, para “buscar el arreglo práctico” a la reivindicación. Por su parte, el ministro de Educación, J. M. Siso Martínez, enviaría una circular a todos los centros de enseñanza haciéndose divulgar por los liceos y escuelas padres y representantes para “dejar sembrado en cada uno de ellos la justa razón que defendemos todos los venezolanos”… En ese sentido, tampoco el presidente Raúl Leoni necesitó de referéndum para hacer valer los derechos de soberanía territorial de Venezuela.
Durante las presidencias de Carlos Andrés Pérez (1974-1979, 1989-1993) quedaron constancias del manejo bilateral entre Caracas y Georgetown para un arreglo pacífico. Durante su primer quinquenio y en el marco de una política de “integración y cooperación económica”, tal sería el caso, para el financiamiento del proyecto hidroeléctrico en el Alto Mazaruni, al que, a decir verdad, fue el propio partido de gobierno, Acción Democrática, el que se opuso, por estar en medio del territorio en reclamación, lo que cancelaría su objetivo. Para ese momento estaba en vigencia la congelación por doce años de la reclamación del Esequibo, lo que no obstaculizó un decreto suyo del 21 de junio de 1974, que creó la “Comisión Asesora de Relaciones Exteriores” para “el estudio de las cuestiones territoriales y limítrofes, así como las relativas a las áreas marinas y submarinas y del espacio aéreo», contribuir en el estudio y redacción de proyectos de desarrollo de las zonas fronterizas entre otras… Sin necesidad de “referéndum”.
Durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi, la reclamación del Esequibo no estaría en su mejor momento, en cuanto a las negociaciones propuestas del vigente «Acuerdo de Ginebra». Para Rafael Sureda Delgado hubo «un silencio diplomático»; sin embargo, se suscribirán convenios de «cooperación técnica y financiera» y será su Cancillería la que comunique a Georgetown «que Venezuela no reconoce concesiones otorgadas en la plataforma esequibana», corroborando una vez más el presidente Lusinchi que no necesitaba de consultas populares para ejercer la conducción de la política exterior de Venezuela, a tenor de la vigente Constitución de 1961 y en correspondencia con los principios doctrinarios y programáticos de Acción Democrática, hoy desviados, por lo cual, ante el apoyo al convocado referéndum consultivo sobre el Esequibo, bien puede la militancia acogerse al constitucional «voto de conciencia» y no desconocer la doctrina sobre esa materia dictada por sus presidentes.