La presentación de una cuarta acusación fiscal en contra del expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump ha dominado las noticias internacionales de la semana (junto con la aparente eliminación del jefe de los mercenarios Wagner en Rusia en un “accidente” de aviación).
Se trata de una situación sin precedentes para el país del norte. Ironizaba en una anterior columna que el procesamiento penal de presidentes de la República se había convertido en un producto peruano de exportación no tradicional y que la superpotencia americana nos imitaba en ese aspecto, algo lamentable, la verdad.
En Estados Unidos coexisten los sistemas legales de cada uno de los cincuenta estados con el federal. Los estados tienen sus propias legislaturas, fiscales y jueces. Tienen caminos completamente diferentes, que no se cruzan, aunque la existencia de leyes federales excluye la aplicación de leyes estatales.
La primera de las acusaciones en contra de Trump se interpuso en el mes de abril en el estado de Nueva York. Se trata de un caso estatal iniciado por un fiscal de dicho estado. La Fiscalía alega que ciertos pagos hechos por un exabogado de Trump (Michael Cohen) a una actriz de películas pornográficas (“Stormy Daniels”) para mantener confidencial una relación íntima constituyen en realidad un gasto de la campaña electoral no declarado y que al registrarlos contablemente como un gasto legal de una de sus empresas cometió fraude a la ley.
Se trata de una hipótesis penal bastante alambicada, recordemos que más allá de la simpatía o antipatía que Trump despierte, es un expresidente y uno esperaría que cualquier acusación penal en su contra se base en hechos graves e incontrovertibles.
El segundo caso se refiere a la supuesta retención de documentos clasificados en el domicilio personal de Trump en Florida. Se trata de un caso federal, pues las normas sobre la materia son federales. En términos sustantivos este es el caso más grave pues la legislación sobre la materia es muy dura y no sería exageradamente difícil probar violaciones a esta. El problema para el fiscal es que, debido a la ubicación de los documentos en Florida, la jurisdicción del proceso es muy favorable a Trump, siendo difícil que un jurado de la zona lo condene de manera unánime.
Aquí resulta pertinente diferenciar el funcionamiento de la Fiscalía en Estados Unidos con otros países como el nuestro. En Estados Unidos, el fiscal general (Attorney General) es el secretario de Justicia (equivalente a ministro) que está subordinado al presidente Biden. Entonces, si bien los fiscales tienen autonomía en el desempeño de su cargo, pueden ser cambiados y están subordinados al secretario. Resulta imposible imaginarse que un fiscal se embarque en un caso de estos si no se siente respaldado por el jefe de todo el departamento, lo que genera cuestionamientos sobre el interés del gobierno demócrata en procesar a Trump.
El tercer caso –también federal– es quizá el más débil, pero se desarrolla en una jurisdicción muy hostil a Trump (Washington D.C.). La tesis fiscal en este caso es que Trump, sabiendo que la realidad era otra, sostuvo que las elecciones de noviembre de 2020 fueron fraudulentas y que tenía el derecho de desconocerlas. El problema con esta hipótesis penal es que entra en conflicto con los derechos de la libertad de expresión y de presentar reclamos. En otras palabras, todas las personas, incluso el presidente, tienen el derecho de sostener posiciones “descabelladas”. Este caso también genera la impresión de un doble rasero, pues luego de la victoria republicana en 2016 muchos en el Partido Demócrata abiertamente argumentaron que las elecciones eran fraudulentas, que debía desconocerse su resultado, que Trump debería ser declarado como incapaz de gobernar y cosas por el estilo. Lo hecho por Trump y sus asesores no difiere mucho de ello.
Lo que complica la posición legal de Trump es que algunos de las personas más cercanas, incluyendo su vicepresidente Mike Pence, han colaborado con la Fiscalía, al parecer motivadas por el deplorable trato que Trump les dispensó al final de su mandato.
El cuarto caso es de carácter estatal y ha sido interpuesto por una fiscal del estado de Georgia, en un distrito que es particularmente demócrata. El caso también versa sobre los esfuerzos del equipo legal de Trump de revertir los resultados electorales en ese estado, los que quedaron en nada. Esta acusación también tiene un sabor a doble rasero pues la señora Stacy Abrams, que fuera candidata demócrata a gobernador desconoció en su momento los resultados de la elección, convirtiéndose en una celebridad mediática en circuitos de su partido, sin sufrir consecuencia legal alguna por su conducta.
El efecto inmediato de las acusaciones ha sido fortalecer la ventaja de Trump en las primarias republicanas. En las próximas semanas y meses observaremos la evolución de estos casos y si otros fiscales se suman a la manía acusatoria en su contra.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú