El canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva Durán, un político de larga trayectoria en su país, llegó el pasado 29 de julio al estado Táchira, en Venezuela, para iniciar una ronda de trabajo con el canciller de la dictadura de Nicolás Maduro, Carlos Farías. Según las noticias que se divulgaron de ese encuentro, todo giró en torno a la supuesta determinación de trabajar con el fin de alcanzar la «normalización gradual» de las relaciones binacionales, a partir del próximo 7 de agosto.
El propio canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, declaró a la prensa que se acordaron tres puntos en dicho encuentro, que se resumen en “fraguar la reafirmación de lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos”. Ambos funcionarios expresaron “su voluntad en avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales, a partir del próximo 7 de agosto”.
Esa retórica suena bonita a los tímpanos de cualquier ingenuo que no se pregunte ¿qué va a pasar con los grupos guerrilleros que se esconden en territorio venezolano? ¿Qué harán para desmantelar los campamentos que han instalado en suelo venezolano los grupos afiliados al Ejército de Liberación Nacional colombiano? y ¿Qué medidas se tomarán para reducir las mafias que se dedican al diabólico negocio del narcotráfico?
Mientras, se realizan esos actos protocolares para hacer anuncios que pudieran levantar expectativas que luego se desvanecerían ante la cruda verdad, esa verdad que se impone en la realidad de nuestro país en donde permanece preso Javier Tarazona por haber denunciado desde Fundaredes los crímenes ecológicos que se perpetran en el Arco Minero y en buena parte de la Amazonia venezolana.
La realidad es que el régimen madurista sigue deteniendo a ciudadanos inocentes, persigue a los medios de comunicación que se mantienen vivos a través de sus asediados portales, encarcela a dirigentes sindicales por participar en protestas reclamando sus derechos y en paralelo miles de mujeres y hombres, así como de inocentes niños, salen del territorio nacional a tratar de hallar la paz que se perdió en Venezuela, para encontrarse, desgraciadamente, con la muerte, como les ha ocurrido a los venezolanos que perdieron sus vidas tratando de atravesar la selva del Darién o a los venezolanos que recientemente murieron en Nicaragua, cuando un autobús lleno de migrantes cayó por un precipicio.
Todas esas tragedias tienen un punto de partida y no es otro que la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, al que nada le importa si mueren niños en los hospitales abandonados a su peor suerte o si una criatura es arrastrada por la corriente de un río que les arrebata de los brazos de sus madres, tal como ocurrió en el Río Grande o en las aguas crecidas de la infernal selva ya citada. Nada de eso se va a arreglar con acuerdos firmados pero sin la voluntad de superar esta etapa tan triste que solamente dejaremos atrás si en Venezuela termina esa dictadura y se inaugura un ciclo con un gobierno auténticamente democrático.