Antes de que una nación pueda ser reconstruida, sus ciudadanos necesitan entender cómo fue destruida en primer lugar: cómo sus instituciones fueron socavadas, cómo su lenguaje fue tergiversado, cómo su gente fue manipulada».

Anne Applebaum

En la elección presidencial de 2024, Nicolás Maduro busca obtener legitimidad de origen para mantenerse en el poder. Sin embargo, para lograrlo tendría que enfrentarse a la candidata de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, elegida el 22 de octubre en la primaria, y adherirse al Acuerdo de Barbados firmado cinco días antes. De lo contrario, continuará siendo considerado un usurpador en Miraflores por la comunidad internacional, que lo declaró así luego de la reelección fraudulenta de 2018.

En ese momento, Venezuela era golpeada por una crisis económica y política que la llevó a un estado crítico de insostenibilidad. La economía del país se contrajo de manera sin precedentes en 70% entre 2013 y 2019, con una hiperinflación que escaló hasta 130.060% en 2018, empujando a más de la mitad de la población a una situación de pobreza extrema. En medio de este desastre, agravado por la gestión de Maduro y la caída de los precios del petróleo, la respuesta fue la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas en mayo de 2018.

El principal candidato opositor de la contienda, Henri Falcón, denunció fraude en los resultados de la elección, los cuales desconoció minutos antes de que el Consejo Nacional Electoral del régimen anunciara las cifras oficiales y propuso unos nuevos comicios para celebrarse en octubre o diciembre como lo ha dictado la costumbre y la práctica venezolana.

Falcón denunció que el régimen de Maduro violó el acuerdo firmado en marzo de 2018 por las partes orientado a corregir los vicios del proceso electoral. Aseguró que recibieron 142.589 denuncias sobre las irregularidades cometidas durante la jornada de votación y de 91.700 testigos que no los dejaron participar en los colegios electorales. La mayoría de las irregularidades se referían a la presencia de los denominados “puntos rojos” cercanos a los centros electorales donde se compraba el voto con bonos mediante el escaneo del carnet de la patria y el control de los “votos asistidos”. “Hemos contabilizado 12.709 puntos rojos en los 14.000 centros de votación”, dijo Falcón.

Los resultados mostraron la participación electoral más baja de la historia del país, lo que significó un respaldo a los planteamientos de la oposición de que  el proceso electoral era ilegítimo, un simulacro, debido a la prohibición impuesta a numerosos partidos de oposición relevantes de concursar en dicho evento.

Julio Borges, dirigente destacado en aquel entonces, hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter: «A los venezolanos les imploro que no caigan en la desmoralización. Hoy Maduro está más débil que nunca antes. Estamos en la fase final de un ciclo trágico para nuestro país. Ha quedado expuesto y el mundo desconocerá el fraude hoy”.

La Unión Europea, Estados Unidos y las democracias de América Latina (Grupo de Lima) desconocieron el resultado electoral y optaron por reconocer un gobierno interino, encabezado por el presidente de la Asamblea Legislativa en 2019. Además, fueron aplicadas las sanciones estadounidenses de segundo piso al régimen de Maduro.

El sucesor de Chávez ha logrado mantenerse en el poder desde 2018 hasta la fecha -período en el que se ha registrado un éxodo inédito en el país de millones de venezolanos- a través del control social de la población: la bolsa de comida y bonos del sistema Patria, así como por el apoyo de la cúpula militar que maneja los grandes negocios del país y el aparato de inteligencia (el Sebin y la DGCIM) que neutraliza a opositores y miembros de las Fuerzas Armadas, cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Seis años después, Maduro vuelve a enfrentar una elección presidencial con la intención de voto más baja desde 2013: 7,9% según Meganálisis. Es la primera vez que la diferencia entre los dos principales candidatos es abismal a favor de la candidata de las fuerzas democráticas. Además de que la popularidad del líder del PSUV está por el suelo: “23% de los venezolanos siente rabia cuando se lo mencionan; 17% siente vergüenza; 15% siente desprecio y 21% no siente ninguna emoción”, según el último estudio de Datincorp. A esto debemos agregar que tiene la espada de Damocles de la Corte Penal Internacional colgando sobre su cabeza y las de la cadena mando de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia, por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Esta situación ha llevado al régimen a intensificar el uso del miedo y la represión para sofocar el rechazo popular, que no logran revertir a pesar de usar el nacionalismo con el diferendo del Esequibo, las imágenes y videos de Hugo Chávez en la conmemoración de los 20 años de la declaración antiimperialista y más recientemente Jesucristo.

Mientras tanto, las fuerzas democráticas con María Corina Machado se preparan con un respaldo popular abrumador para la elección presidencial. En esta oportunidad la fundadora del partido Vente Venezuela no es solo una figura política; es un símbolo de la batalla por la recuperación de la democracia, la integridad y el futuro próspero de Venezuela. Una lucha que no es simplemente por un cambio de liderazgo, sino por la reinstitucionalización del país y el respeto a los derechos humanos.

Esta vez la estrategia de quien ganó la primaria con más de 90% de 2,5 millones de electores -negociar lo necesario para una transición ordenada y democrática- refleja una comprensión profunda de la crisis venezolana. No se trata solo de ganar una elección, sino de reconstruir un país destrozado por años de mala gestión, saqueo y represión. La consolidación de un frente unido, que incluya a todos los sectores de la sociedad venezolana y que cuente con el apoyo de la comunidad internacional, es fundamental para restaurar la democracia y la dignidad en el país.

Ante la baja intención de voto y la creciente impopularidad, Maduro busca un sustituto para ser competitivo. En esta ocasión no será un Falcón. Necesita a alguien que reconozca los resultados y que no represente la voz del pueblo. Sin embargo, esta estrategia tiene poca probabilidad de éxito ante la demanda popular de un cambio auténtico y representativo.

En resumen, Venezuela se encuentra en un punto de inflexión crítico. Mientras Maduro busca desesperadamente escoger el candidato de la oposición que le permita competir en las elecciones de 2024 sin enfrentar directamente al pueblo venezolano, Machado emerge como una figura catalizadora para el cambio democrático. Esta contienda electoral no es solo una lucha por el poder, sino una batalla por redefinir el futuro de Venezuela, potencialmente marcando el fin de un ciclo autoritario y el inicio de una nueva era de gobernanza basada en la libertad, el respeto y la prosperidad.

En este contexto, la elección de 2024 representa mucho más que una decisión electoral; es una evaluación colectiva de hasta dónde ha llegado Venezuela y hacia dónde está dispuesta a avanzar. Es evidente que la sociedad venezolana está reevaluando lo que considera políticamente aceptable, abrazando cada vez más los principios democráticos y rechazando las tácticas dictatoriales que han caracterizado al régimen de Maduro. La posible victoria de María Corina no solo simbolizaría un cambio de liderazgo, sino también una transformación profunda en la identidad política y social de Venezuela.

A la tercera va la vencida.

 


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