El pasado 21 de agosto se cumplieron 60 días desde que Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado, realizada en el Palacio de Miraflores, creara la Comisión para la Revolución Judicial, siendo designados los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores, en calidad de presidente y vicepresidenta, así como por la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Anderson, como secretaria.
Según palabras del propio Maduro en esa oportunidad: “En un plazo de 60 días, la Comisión Especial deberá solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país”.
Ya los 60 días de plazo acordado transcurrieron y por eso hoy quiero hacer un breve análisis del trabajo que hasta ahora en líneas generales hemos apreciado, que ha efectuado esta comisión, en este tiempo.
En primer lugar, tal como lo dijimos cuando fue creada, el lapso otorgado por Maduro, para descongestionar los centros de detención preventiva del país así como para solucionar el hacinamiento y el retardo procesal, era muy corto dada la magnitud del problema. Ahora, 60 días después, vemos que no se ha logrado el objetivo planteado.
Si bien considero importante que al fin se hayan dado cuenta de la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales y se hayan tomado medidas al respecto, pienso que no se tenía una verdadera idea de la grave situación de estos recintos, lo que hizo que no existiera una planificación detallada del trabajo que se debía realizar. Creo que la falta de un manual de procedimientos para que sea aplicado por todos los que participan en esta comisión es una de las más grandes debilidades que tiene.
Como lo he denunciado en muchas oportunidades, los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de estos tiempos, a pesar que son recintos para alojar a privados de libertad por lapsos no mayores a 48 horas, porque no reúnen condiciones, ni de infraestructura, ni higiénicas, ni de seguridad para tener a presos de manera permanente, como viene ocurriendo desde hace varios años.
No podemos olvidar que la situación de los centros de detención preventiva es consecuencia de una decisión arbitraria de la exministra para el Servicio Penitenciario hace unos cuantos años, el 3 de agosto de 2011 para ser exactos, de prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese ministerio si ellos no lo autorizaban. Esta y ninguna otra es la causa de que estos recintos se hayan convertido en las nuevas cárceles de la revolución.
A esto hay que agregarle que el retardo procesal en Venezuela es de un aproximado de 70% de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada la más alta del continente.
El trabajo de la comisión va a continuar, los 60 días anunciados quedaron cortos para cumplir con el trabajo asignado. Como recomendación para que se pueda lograr el cometido propuesto de descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales es necesaria la construcción de nuevos recintos carcelarios, hay estructuras prefabricadas que en otros países han dado buenos resultados y su construcción se hace en corto tiempo. Otra opción puede ser rehabilitar las cárceles que fueron cerradas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y ponerlos nuevamente en uso.
Como reflexión final, me viene a la memoria que cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, hace ya 10 años, una de las primeras promesas de la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, fue la construcción de un recinto carcelario en cada estado del país para reclusos procesados. Hasta el presidente Hugo Chávez emitió un decreto emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, pero nada de esto se cumplió, ningún recinto se construyó y por eso el caos que vive nuestro sistema penitenciario en la actualidad.
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