El 18 de julio es el 28º aniversario del atentado contra la AMIA, un ataque terrorista dirigido contra Argentina y su centro comunitario judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas y quedaron heridas más de 300. Como demuestran las pruebas descubiertas por el fiscal argentino Alberto Nisman, quien murió en circunstancias sospechosas, y las Alertas rojas emitidas por Interpol en 2007, la República Islámica de Irán y su agente, Hezbolá, fueron los responsables del atentado suicida. El ataque contra la AMIA, el más mortífero en Argentina, es un sombrío recordatorio no solo de la amenaza que supone el régimen iraní —el principal Estado patrocinador del terrorismo y el antisemitismo— para las comunidades judías de todo el mundo, sino también de la impunidad de la que siguen gozando los agentes, apoderados y cómplices de Teherán en América Latina.

Este año, la convocatoria de un foro en Buenos Aires para combatir el antisemitismo se llevará a cabo durante el aniversario de la AMIA. Entre los asistentes estará la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, así como otros líderes regionales y expertos de 20 países, cuya presencia es una muestra de apoyo a quienes buscan justicia en el caso AMIA y ayuda a asegurar que la memoria de las víctimas no sea olvidada.

El foro sobre antisemitismo se efectúa en medio de la preocupación que suscita el hecho de que las autoridades argentinas hayan inmovilizado el 8 de junio un avión de carga —que hasta hace poco era operado por la sancionada Mahan Air de Irán hasta que fue entregado a la empresa estatal venezolana Emtrasur en enero. Los sospechosos patrones de vuelo del avión y los tripulantes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) son una prueba de que Teherán ha pasado las últimas tres décadas fortaleciendo sus redes ilícitas en la región.

Los itinerarios del avión en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay reflejan la creciente presencia del régimen iraní en una región afectada por el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia política. Otros itinerarios más allá de la Triple Frontera también son indicio de los intrincados esfuerzos de Teherán por evadir las sanciones en complicidad con los regímenes autoritarios de la región. La excesiva tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes en un avión de carga vacío también apunta a las formas en que Teherán ha estado transportando funcionarios del régimen y oficiales de inteligencia junto a otra carga ilícita.

Además, el régimen iraní y sus cómplices han gozado de una creciente impunidad en América Latina durante las últimas tres décadas, y particularmente durante el último año. En enero, el vicepresidente iraní de Asuntos Económicos, MohsenRezaei, un antiguo dirigente del CGRI buscado por Argentina mediante una Alerta roja de Interpol por su presunto papel en el atentado contra la AMIA, disfrutó de una cálida bienvenida en Nicaragua durante la ceremonia de investidura de Daniel Ortega. Tres meses antes, un tribunal argentino absolvió a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus colaboradores del denunciado encubrimiento sobre el papel de Teherán en el atentado de la AMIA. Mientras, la investigación sobre el presunto asesinato de Alberto Nisman, el fiscal argentino que presentó originalmente la denuncia penal contra Kirchner, está estancada.

Irán también pretende ejercer su influencia en la región ampliando su poder blando. HispanTV, el medio de propaganda en español de Teherán, promueve conspiraciones antisemitas y fomenta campañas de desinformación contra Israel. Además, el régimen iraní ha construido a lo largo de los años una red de centros culturales, instituciones educativas, medios de comunicación y editoriales en toda América Latina, utilizándolos para construir una red de clientes a los que puede incitar y activar no solo contra las comunidades judías, sino también contra individuos a los que percibe como enemigos del régimen y sus agentes. Si a esto se añaden los cálidos lazos entre Teherán y los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los agentes iraníes, incluido Hezbolá, han acumulado importantes capacidades logísticas para involucrarse en el narcotráfico, el lavado de dinero, la evasión de sanciones y, lo que es más importante, la inminente preocupación por posibles ataques terroristas en la región.

¿Qué se puede hacer para afrontar esta amenaza? La designación por parte de Argentina de Hezbolá como organización terrorista en 2019 y su adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA (por sus siglas en inglés) en 2020 fueron pasos en la dirección correcta. Sin embargo, Buenos Aires necesita complementar estos pasos con una investigación exhaustiva del avión iraní convertido en venezolano, su sospechosa tripulación, su carga y sus rutas de vuelo, independientemente de a dónde lleven las pruebas y a quién impliquen. Y si bien Estados Unidos y otros aliados han expresado su justa preocupación, también deberían tomar medidas concretas y ofrecer ayuda a Buenos Aires para garantizar que se procesen y analicen todas las pruebas de actividad y planificación criminal. Al mismo tiempo, Washington debería seguir sancionando a las entidades e individuos vinculados a la CGRI, a la vez que continúa presionando contra las ambiciones nucleares y balísticas de Teherán y sus amenazas genocidas.

Argentina tardó muchos años en adoptar una postura clara sobre el atentado contra la AMIA y tratarlo como un ataque no solo contra la comunidad judía, sino contra toda Argentina. Dado que el régimen iraní, que no ha escatimado en propagar la incitación antisemita ni en lanzar violentas amenazas, sigue siendo una amenaza muy real para las comunidades judías de todo el mundo, una verdadera conmemoración del atentado de la AMIA y el homenaje a la memoria de sus víctimas exigen vigilancia contra los extremistas patrocinados por el Estado iraní y comprometidos con la repetición de ataques similares. La prevención de tales atrocidades requiere revelar, desmantelar y enjuiciar las redes ilícitas que los iraníes han construido durante las últimas tres décadas.


Susan Heller Pinto es vicepresidenta de Política Internacional de la Liga Antidifamación (ADL). Aykan Erdemir es director de Investigación Internacional de la Liga Antidifamación (ADL).

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