La mayoría de las discusiones públicas y privadas que se dan en relación con la situación actual del país adolece de una falla notable que, por un lado, elude la comprensión real del problema, y por el otro, oculta la verdadera solución. Esa falla se explica básicamente por la pervivencia en la conciencia nacional de un atavismo perverso que nos viene dado desde el momento mismo de nuestro nacimiento como país independiente y soberano.

Venezuela, una simple Capitanía General de la Corona española, rodeada por los grandes Virreinatos de México, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, por razones históricas todavía no bien establecidas, se convirtió en el epicentro de la gesta independentista de América Latina. Fue la protagonista, con Miranda, Bolívar, Sucre y otros hombres aguerridos, de los más grandes hechos bélicos de esa conflagración: Carabobo, Junín, Pichincha, Ayacucho, Boyacá. Fue la más larga, sangrienta y costosa acción bélica protagonizada en el continente americano. Lo militar, lo castrense, se convirtió en este país, con Bolívar, Sucre, Páez, Arismendi, Urdaneta, etc., y posteriormente con Monagas, Falcón, Zamora, Crespo, Castro, Gómez, López, Medina, Pérez Jiménez y Chávez, en el rasgo más sobresaliente de nuestra idiosincrasia.

Por casi 200 años (190 exactamente), desde nuestro nacimiento como país independiente y soberano en 1830, la hegemonía militar se ha impuesto sobre la civilidad, la constitucionalidad y el ejercicio democrático del poder. Solamente, durante los 40 años que van de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958, al ascenso al poder del teniente coronel Hugo Chávez Frías, en diciembre de 1998, ambos militares golpistas, funcionaron gobiernos civiles ejercidos por los partidos Acción Democrática y Copei. Lamentablemente, durante ese período, y por la forma cómo se ejerció el poder de manera populista y clientelista, las instituciones democráticas, como el Parlamento y el Poder Judicial no fueron fortalecidas ni se logró “civilizar” suficientemente a las Fuerzas Armadas para que fueran las garantes de la constitucionalidad y de la democracia.

El 4 de febrero de 1992 resurgió el militarismo apenas adormecido por aquella ilusión llamada el Espíritu del 23 de Enero, con Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. Una nueva figura autoritaria y prepotente, surgida de las Fuerzas Armadas, se alzó con el beneplácito de la mayoría de la opinión pública nacional contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que pretendía realizar un cambio en la conducción del país mediante su proyecto del Gran Viraje. Aunque Chávez fracasó en su intento, fue amnistiado y llegó al poder seis años más tarde con el voto popular, valiéndose del llamado juego democrático, para iniciar desde su alto sitial el desmantelamiento de la incipiente institucionalidad democrática. Se instauró una nueva dictadura militar disfrazada, con una fachada de seudodemocracia y un mascaron de proa formado por civiles a su servicio, todo ello concebido y dirigido por la inteligencia cubana.

Este es el análisis que debemos hacer y que hemos eludido todo el tiempo: estamos sujetos a un poder militar. Ante él no valen el diálogo ni el ejercicio del voto, porque no son permitidos, o lo son en tanto y en cuanto no amenacen el ejercicio del poder. Nuestra historia nos dice que solo el resquebrajamiento de la camarilla en el poder y una insurgencia militar en su contra es capaz de producir un cambio en la situación, para dar cabida a una salida democrática mediante la celebración de elecciones libres con participación de todas las fuerzas políticas. Todo lo demás es darle largas al problema.


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